AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Para satisfacer al exigente público que le demanda cumplir con el prometido combate a la
corrupción, ayer el régimen de la Cuarta Transformación detuvo al alcalde morenista Diego
Rivera, de Tequila, Jalisco, y a tres funcionarios municipales más.
El edil no sólo está acusado de extorsión a empresarios –la tequilera Cuervo, por ejemplo,
denunció que los funcionarios municipales le exigieron 60 millones de pesos para no poner
sellos de clausura y detener sus labores– sino también de tener vínculos con el Cártel
Jalisco Nueva Generación. En mayo de 2025, Rivera Navarro fue citado a declarar ante la
Fiscalía General del Estado por la presentación del grupo musical “Los Alegres del
Barranco”, evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes,
alias “El Mencho”, máximo líder del CJNG.
Pero, hasta ahora, no se ve que el cuatroteísmo vaya a proceder en contra de funcionarios y
políticos de Morena de más alto nivel. Ahí está el caso de Adán Augusto López, quien
entregó la coordinación del grupo legislativo guinda en el Senado pero mantiene el fuero,
es intocable, a pesar de que su exsecretario de Seguridad Pública cuando gobernó Tabasco,
Hernán Bermúdez Requena, (a) El Abuelo o Comandante H, está en prisión desde
septiembre del año pasado tras ser vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en
los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada. El exjefe
policiaco, hombre de confianza del senador López Hernández, lideraba el grupo criminal
La Barredora, cuyos tentáculos se extendían hasta el estado de Chiapas y el sur de
Veracruz.
Tampoco se les ve disposición para proceder penalmente o al menos para “enfermar” y
remover a los gobernadores que resultan un lastre para el movimiento de regeneración
nacional por sus excesos y abusos de poder o por sus evidentes nexos con cárteles
criminales. El caso más grotesco es el del sinaloense Rubén Rocha Moya, implicado en el
asesinato del exrector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Cuén, y la entrega a Estados
Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada por Los Chapitos, que desde julio de 2025 provocó
un violento choque entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa que sigue desangrando a la
entidad.
En Campeche, la gobernadora Layda Sansores, también de Morena, desde hace rato el
poder la enloqueció y nadie se atreve a frenar sus arrebatos que ya la confrontaron con la
mayoría de los diputados locales de su partido, a cuyo líder legislativo José Antonio
Jiménez Gutiérrez intentó encarcelar, por lo que la bancada tuvo que reactivar el fuero
constitucional después de casi 10 años de su derogación, para no ser procesados
penalmente.
Pero no es la primera vez que Sansores San Román arremete contra su propia diputación. A
finales de octubre de 2023 alentó la destitución del veracruzano Alejandro Gómez Cazarín.
El hermano de Juan Javier, de los mismos apellidos, actual delegado estatal de la Secretaría
de Bienestar, falleció poco tiempo después en Xalapa y fue sepultado en Hueyapan de
Ocampo, el municipio sureño del que era natal.
Layda también ha reprimido y criminalizado a periodistas críticos de su régimen, a los
cuales les ha impuesto por la vía judicial hasta censores que deciden lo que pueden
publicar, y últimamente consiguió evitar que José Alberto Abud Flores se reeligiera como
rector de la Universidad Autónoma de Campeche, luego de que fue detenido el pasado 12
de enero y posteriormente vinculado a proceso por una jueza del fuero común por el
presunto delito de posesión simple de droga, que los policías le habrían “sembrado” en su
camioneta.
Sin embargo, en su conferencia de prensa matutina del martes pasado, la presidenta Claudia
Sheinbaum, al pedirle su opinión sobre lo que acontecía en la entidad gobernada por su
compañera de partido, sólo respondió: “A todos en Campeche, serenidad y paciencia, paz y
amor a todos a todos”.
Qué diferencia cuando el país lo gobernaba Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y en la
Secretaría de Gobernación despachaba –hasta enero de 1991– el extinto veracruzano
Fernando Gutiérrez Barrios. Según el columnista y editor del diario Excélsior, Pascal
Beltrán del Río, Salinas fue de los presidentes que más ejerció el poder
“metaconstitucional” al remover a gobernadores de 14 estados, ya sea para integrarlos a su
gabinete o para evitar “daños políticos”.
Tres sexenios después, durante el regreso del PRI a la Presidencia de la República, de los
32 gobernadores que estuvieron en el mismo periodo de Enrique Peña Nieto (2012-2018),
sólo entre los 22 mandatarios estatales del partido tricolor se desviaron alrededor de 258
mil 829 millones 185 mil pesos. De los 22 mencionados, hasta 2017 cinco ya habían sido
detenidos o tenían una orden de aprehensión y cuatro habían sido denunciados ante la
entonces Procuraduría General de la República (PGR). Quienes más fondos federales
desviaron fueron César Duarte Jáquez, de Chihuahua, y Javier Duarte de Ochoa, de
Veracruz, quien incluso se convirtió en el primer gobernador a quien el Revolucionario
Institucional le retiró sus derechos como militante estando el mandatario veracruzano
todavía en funciones.
Pero, además, Peña Nieto obtuvo la dimisión del gobernador perredista de Guerrero, Ángel
Aguirre Rivero, y del priista de Michoacán, Fausto Vallejo, por escándalos de inseguridad y
de presuntos vínculos con el crimen organizado. La salida de Aguirre ocurrió a un mes de
la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Ayer, sin embargo, tras la detención del munícipe morenista de Tequila, Jalisco, la líderesa
nacional del partido guinda, Luisa María Alcalde, publicó en redes sociales un
posicionamiento en el que afirmó que “Morena no encubre ni protege a nadie”.
Por medio de un breve comunicado, la líder de Morena detalló que el partido guinda se rige
bajo una convicción del combate a la corrupción. “El combate a la corrupción es una
política de Estado en México y debe aplicarse sin privilegios, sin excepciones y sin
importar colores partidistas”, escribió.
Asimismo, dijo que actualmente desde el partido celebran que “hoy las instituciones actúen
y que los procesos legales sigan su curso conforme a la ley”.
Agregó que la convicción de Morena y la responsabilidad que asumen frente al país es con
el “Estado de Derecho y con la confianza del Pueblo”, principios que, aseguró, sostienen
“una vida pública honesta, institucional y sin impunidad”.
Junto al comunicado, Alcalde Luján escribió que “en Morena no hay intocables ni pactos
de impunidad. No se encubre a nadie ni se tuerce la ley por poder o partido” y que “cuando
existen elementos debe investigarse y castigarse”.
¿Deveras?
