Desde el Café.
Bernardo Gutiérrez Parra.
El jueves anterior y ante diputados federales, el titular de la
Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, dio
a conocer que en la Cuenta Pública del 2023 correspondiente al
quinto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se
encontraron irregularidades por 51 mil 979 millones de pesos.
Colmenares dijo a los miembros de la Comisión de Vigilancia de la
Cámara de Diputados, que se realizaron 1,623 auditorías en las que
se encontraron “inconsistencias” por más de 43 mil 204 millones de
pesos. Pero agregó que de esa cantidad se recuperaron 930 millones.
Caray qué bien, ya sólo faltan por recuperarse 42 mil 274 millones
de pesos.
¿Qué es una inconsistencia en una Cuenta Pública? Si se quiere una
explicación sencilla, es cuando no empatan los ingresos con los
egresos, dicen los que saben. Pero cuando estudiaba en la Septién un
maestro me explicó el término de una manera más rocambolesca:
“Es cuando en lugar de que cinco más cinco sean diez, el resultado
es de cientos de millones más que van a manos de contratistas,
proveedores y, por supuesto, de políticos”.
El señor Colmenares indicó que en las auditorias al sector público
federal se detectó un monto por aclarar por 8 mil 599 millones de
pesos y de ese total, más del 80 por ciento corresponden a entes
como el IMSS, Fonatur y Birmex entre otros. Y en Birmex me
quiero detener.
Luego de que el INSABI fracasara de manera estrepitosa como
sustituto del Seguro Popular, Birmex que es una empresa del Estado,
entró al quite como la encargada de la compra consolidada de
medicamentos y vacunas. Pero de acuerdo con la investigación de la
Auditoría Superior de la Federación, la dependencia debe aclarar
más de mil millones de pesos y aclarar también por qué compró
medicinas que no estaban aprobadas por la Cofepris y además
estaban caducas.
¿Hay irregularidades entre la porquería de medicamentos que
compró Birmex y el dinero que presuntamente desembolsó? Por
supuesto que sí. ¿Hay inconsistencias? Obvio que también.
Pero además, hay un robo descarado por más de mil millones de
pesos y se está cometiendo un crimen de lesa humanidad con
quienes necesitan esas medicinas.
¿Que sigue ahora?
Lo que sigue es que el gobierno de López Obrador responda por ese
faltante en el quinto año de su mandato, faltante que debe tener
verde de envidia a Javier Duarte y compañía. Y es que para birlarse
33 mil millones de pesos que presuntamente sustrajeron de las arcas
estatales, Javier y su pandilla necesitaron de todo un sexenio.
Ya en serio, ¿qué sigue?
Pues nada lector, nada. ¿O qué esperas? ¿Que la titular de la
Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro, se vuele la puntada
de llamar a Andrés Manuel y a otros presuntos responsables para
preguntarles dónde quedó esa bolita?
Por Dios…
Esos casi 52 mil millones de pesos ya se perdieron. Acaso detengan
a dos o tres pelagatos y los agarren de chivos expiatorios para
taparle el ojo al macho, como dicen en mi tierra. Pero el grueso de
esa fortuna ya se perdió.
Sólo falta que nos digan de a cómo serán las “irregularidades e
inconsistencias” de la Cuenta Pública del 2024, para saber con
cuánto nos llevaron al baile los que prometieron que nos salvarían
de los ladrones, saqueadores y corruptos del PRI y el PAN: “porque
nosotros no somos iguales”.
¿Lo sabrá Rocío Nahle?
Hay quienes se preguntan, ¿conocerá realmente la gobernadora
Rocío Nahle a Esteban Bautista Hernández, su alfil en el Congreso
Local? Y se lo preguntan porque este maestro rural y luchador social
ha guardado un sospechoso silencio sobre la desaparición de José
Manuel Flores Ríos alias “El Oaxaco”, representante legal de la
empresa Constructora del Sureste y prestanombres del exgobernador
de Oaxaca José Murat.
El 28 de febrero del 2013 y después de una audiencia con el
entonces secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, el Oaxaco
“desapareció” en el parque de Los Berros cuando iba acompañado
por Esteban Bautista, que en ese entonces presidía el Consejo de
Gobierno Indígena y Popular del Sur, integrado por los municipios
de Texistepec, Zaragoza, Pajapan, Oteapan, Moloacán, Mecayapan,
Tatahuicapan, Sayula de Alemán y Chinameca.
Bautista Hernández era el brazo ejecutor de las presiones para la
obtención de “paquetes de obras públicas”, por montos superiores a
los 800 millones de pesos durante las administraciones de Fidel
Herrera y Javier Duarte de Ochoa.
A casi 12 años de la desaparición de El Oaxaco, ¿qué tanto saben
sobre su secuestro, levantón o aprehensión los nueve ex alcaldes
integrantes del Consejo de Gobierno Indígena y Popular del Sur?
¿Qué tanto sabe Esteban Bautista, su principal socio en la
promoción, adjudicación y ejecución de obra pública para esos
nueve municipios?
Fue hasta tres días después de su desaparición, que Esteban Bautista
dio a conocer a los medios el atentado que sufrió su socio y aliado,
amenazando con que si no aparecía de inmediato cerraría todas las
vías de comunicación hacía el sur del estado.
Y es que ese era su modus operandi.
Bautista Hernández es conocido como bloqueador de caminos,
carreteras, autopistas e instalaciones estratégicas como la presa
Yuribia que abastece de agua a Coatzacoalcos, Minatitlán y
Cosoleacaque.
Fue alcalde de Tatahuicapan por el PAN-PRD en dos ocasiones y ex
candidato a diputado federal por el distrito de Cosoleacaque.
Pero el 20 de mayo del 2018 dio el gran salto a las filas de Morena
al levantarle la mano a la entonces candidata al Senado, Rocío Nahle
y su vida cambió.
Como diputado local, presidente de la JUCOPO y líder de la
bancada de Morena en el Congreso local, Esteban Bautista tiene un
invaluable blindaje por si a alguien se le ocurre abrir el caso e
investigar sobre la desaparición de su amigo y compañero de lucha,
José Manuel Flores, El Oaxaco.
Esta historia, ¿la sabrá la gobernadora Nahle?
Bernardogup@hotmail.com
