Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
La semana pasada muchos presidentes municipales “corrieron” a construir un
“Plan B” para la sucesión municipal. *** La confirmación desde el Comité Nacional
de Morena, de que ese partido no permitiría la postulación de parientes o
personajes cercanos a los actuales alcaldes, obligó a buscar alternativas. *** El
Partido Verde, en primera instancia, luce como la opción más viable: el pariente no
sería postulado por Morena, que de todas formas lo apoyaría por el convenio de
alianza. *** Si ese no fuera el caso, estaría como “Plan C” el Partido del Trabajo
(PT), con menos fuerza -la que sería sustituida con un decidido apoyo desde la
presidencia municipal- pero al fin y al cabo aún dentro de la 4T. *** No hay más. Lo
otro es impulsar una figura nueva, ajena a cualquier lazo de sangre o cercanía
evidente, con los riesgos que eso conlleva. *** Se caen proyectos caciquiles como
como el de Misantla (Javier Hernández Candanedo, que sustituyó a su hermano
Othón y pretende heredarle el cargo a su hija); el de Tlapacoyan, donde el alcalde
Salvador Murrieta busca perpetuar a la familia en el poder, en la persona de su
cuñado (el esposo de su hermana) Jeú Márquez. *** Se cae también el proyecto
del alcalde de Isla, Gustavo Alfonso Torres, que pretende dejar en su lugar a su
esposa, Yesenia Reyes; en Tuxpan, el actual subsecretario de Gobierno (alcalde
con licencia) José Manuel Pozos Castro, impulsa a su hijo, José Manuel Pozos del
Ángel. *** En Cosamaloapan está anotada por Morena Graciela Suárez Mendoza,
esposa del actual alcalde Gustavo Sentíes Hernández; en Ciudad Mendoza está
siendo impulsada Corazón Palestino Andrade, cuñada del actual alcalde Héctor
Rodríguez Cortés. *** En Poza Rica, el alcalde Fernando Remes pretendía que lo
supliera su hijo, lo que tampoco va a suceder.
Ya en este mismo espacio se ha ponderado las circunstancias que enfrenta en la
actualidad el exgobernador de Veracruz Javier Duarte.
El próximo mes de abril estará cumpliendo ocho años privado de la libertad, luego
de que se entregara en el municipio de Panajachel, de Guatemala.
En más de una ocasión, probablemente provocado por tanto tiempo de encierro,
Javier Duarte ha emitido mensajes poco afortunados a través de sus redes
sociales, medios que ha utilizado para externar su opinión sobre los
acontecimientos políticos, particularmente los que se registran en territorio
veracruzano.
Es válido. La pena privativa de la libertad que está cumpliendo no le impide (él
asegura que lo hace a través de “terceros” que están fuera de prisión) expresarse
sobre lo que sucede en el mundo, pues asume que conoce de los temas que
habla y habrá a quienes les importe lo que él piensa.
No siempre -sin embargo- lo que opina Javier Duarte tiene alguna relevancia, pues
en muchas ocasiones se percibe en sus mensajes una creciente necesidad de
comunicarse y evadir de esa manera los efectos de un encierro tan prolongado.
Apenas el año pasado, desde prisión, Javier Duarte se dedicó a promover la
campaña de la hoy gobernadora Rocío Nahle, lo que muchos interpretaron como
el producto de alguna negociación para ganarse la “voluntad política” que se
requiere para obtener su libertad.
Como bien lo hace notar en su más reciente publicación en “X”, Javier Duarte
purga una condena de 9 años en prisión, emitida por un juez a partir del acuerdo
al que llegó por lo que se conoce como “procedimiento abreviado”, en el que
reconoció su culpabilidad en los delitos de “operaciones con recursos de
procedencia ilícita” y “asociación delictuosa”.
Le pudo haber ido peor. Inicialmente la PGR (hoy FGR) pretendía imputarle delitos
más graves, como “lavado de dinero” y “delincuencia organizada”, lo que le habría
significado muchos más años de prisión.
El propio Javier Duarte ha dicho en reiteradas ocasiones -y lo volvió a mencionar
en su más reciente mensaje- que él aceptó admitir su culpabilidad “debido a las
amenazas que el Estado mexicano hizo en contra de mi familia de no acceder a la
condena”.
Conociendo a nuestras autoridades (de las que, en algún momento, formó parte el
propio Duarte) no es descabellado que eso hubiera sucedido, pero lo cierto es que
el exgobernador no tiene forma de demostrarlo.
Javier Duarte retomó el tema de su situación jurídica a partir de que se reactivaron
procesos que inició la Fiscalía General de la República (FGR) contra varios de los
que fueron sus colaboradores, a partir de que quien fuera su Tesorero Antonio
Tarek Abdalá, fuera utilizado como “testigo protegido” para declarar en contra de
ellos.
Sobre ese personaje, Javier Duarte externó también una opinión en fechas
recientes:
“Los cobardes son capaces de hacer o decir cualquier estupidez aunque traicionen
los principios éticos y morales más elementales a cambio de salvar su pellejo, los
Yunes son un claro ejemplo de esto, otro es Tarek Abdalá quien gracias y
únicamente a sus dichos (imposibles de comprobar su veracidad ya que no existe
un sólo documento o dato de prueba que respalde sus acusaciones) es testigo
protegido de la FGR y, por lo tanto, las autoridades judiciales y algunos medios de
comunicación toman su palabra como una verdad absoluta, gozando además de
total impunidad a pesar de haber confesado su participación en la comisión de
delitos en los que por ley él es el único responsable”.
El problema es que, al pretender justificar la actuación de los servidores públicos
que trabajaron durante su administración, Javier Duarte erró el camino y pretendió
exonerarlos a partir de una falsa premisa.
“La inmensa mayoría de los millones de pesos de recursos federales que acusan a
mis funcionarios de haber desviado no es porque los hayan sustraído del erario
público, simplemente es porque fueron utilizados para otros fines públicos, que
entiendo eran prioridad para el buen funcionamiento de la administración pública
estatal, y que eran distintos de lo que estaban etiquetados, como lo fueron el pago
de la nómina magisterial, el pago en materia de seguridad pública o el pago del
subsidio a las pensiones de los trabajadores jubilados, entre otros muchos
conceptos públicos, por lo que personalmente considero que esto en ningún caso
debería tomarse como un robo al erario público”, escribió.
En principio, esos actos por los que están siendo enjuiciados sus excolaboradores
si están considerados como ilícitos en el Código Penal Federal, en su artículo 217,
fracción III: “El servidor público que, teniendo a su cargo fondos públicos, les dé
una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados o haga un pago
ilegal”.
Además, hay que tomar en cuenta que su gobierno, cada mes de diciembre,
sometió a la aprobación del Poder Legislativo local un Presupuesto de Egresos, en
el que estaban considerados y detallados, los recursos para “el pago de la nómina
magisterial, el pago en materia de seguridad pública o el pago del subsidio a las
pensiones de los trabajadores jubilados, entre otros muchos conceptos públicos”.
¿Por qué habría, entonces, de tomar recursos que estaban destinados a otros
rubros?
Los delitos están ahí. Falta que la Fiscalía sea capaz de comprobarlos, respetando
el debido proceso.
Epílogo.
Concluyó este domingo el registro de aspirantes a presidentes municipales en el
PRI. Durante tres días la sede estatal del tricolor recuperó su ambiente festivo y su
buen ánimo. *** Hay figuras destacadas con muchas posibilidades de obtener la
victoria. Destacan Hugo Chahín en Orizaba, Cirilo Vázquez en Cosoleacaque,
Guillermo Guevara, en Altotonga, y Vinicio Ascencio en Perote. *** En el sur de la
entidad se percibe la molestia de ganaderos que se sienten ignorados por la actual
administración estatal, por el simple hecho de no estar agremiados a la Unión
Ganadera Regional que encabeza Isaac Velasco García. *** Productores de
ganado del sur, pertenecientes a otras organizaciones, denuncian que no son
tomados en cuenta y que todas las acciones del gobierno estatal son conducidas a
través de la familia Velasco. *** Advierten que esa familia ha creado un mercado
negro con el tráfico de aretes para el ganado. “Hay una mafia entre la Unión
Ganadera Regional y la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas
(CNOG), que monopolizan las estrategias para combatir la corrupción en el tráfico
de aretes, el blindaje contra el gusano barrenador y la protección de la Zona A del
Estado”, denuncian.
filivargas@gmail.com
