Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Y si la elección municipal presentó serias inconsistencias, el proceso para
designar a los juzgadores del estado es merecedor de la redacción de un catálogo
sobre lo que no se debe hacer en un ejercicio democrático. *** Este miércoles la
magistrada Rosalba Hernández Hernández (señalada para ser la que obtenga la
más alta votación y, por lo tanto, ocupe la presidencia del Tribunal Superior de
Justicia) advirtió que, ante la falta de certeza jurídica, la elección judicial podría ser
anulada, y señaló como responsable de ello al OPLE Veracruz. *** La falta de
certeza jurídica, explicó, está contemplada en la Constitución de Veracruz como
una causal para anular una elección, y en este momento el OPLE no ha sido
capaz de brindar confianza en los resultados, ni información sobre lo que
realmente pasó con ese proceso electoral. *** Desde el inicio de la actual semana
el OPLE reportó que “se le cayó el sistema” en el que estaban subiendo los
resultados parciales del conteo de votos de la elección judicial, y hasta este
miércoles ese órgano no era capaz de resolver el problema, ni de salir a informar
las razones de la falla técnica ni las acciones para resolverlo. *** Observadores
independientes de este proceso advierten que esta “falla” podría ser parte de la
estrategia diseñada desde el Poder Judicial del Estado, como “Plan B”, en caso de
que los votos no le favorecieran a la actual magistrada presidente, Aurelia Jiménez
Aguirre. *** Versiones filtradas por personal del Tribunal Superior de Justicia
señalan a tres actores centrales en el operativo para conseguir la ratificación de
Aurelia Jiménez en la presidencia del Poder Judicial. *** Con la coordinación del
secretario particular de la magistrada, David Cardeña, habrían operado (coacción
del voto e incrustación de “observadores”, entre otras tareas) la directora de
Administración, Diana Cruz Villegas y el magistrado Esteban Martínez Vázquez,
integrante del Consejo de la Judicatura. *** De pronto, al momento de hacer el
conteo de los sufragios, se percataron de que, por encima de Aurelia Jiménez,
avanzaba con gran ventaja Rosalba Hernández. Justo cuando se percataron de
ello, como por arte de magia, “se cayó el sistema” y se suspendió todo el proceso.
*** Están reaccionando con alarma, desesperados. Sus acciones son torpes y
evidentes. Así no lograrán imponer a su candidata.
Los responsables para Morena del proceso electoral municipal de Veracruz (con
Rocío Nahle a la cabeza) siguen acumulando puntos negativos frente a la
representación nacional.
Aportaron datos erróneos y permitieron que este miércoles la presidente del
Comité Nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, hiciera el ridículo.
La dirigencia nacional salió a anunciar que ya habían sido presentadas 13
impugnaciones por los resultados en igual número de municipios en Veracruz y se
mencionó que, entre los procesos impugnados aparecía Las Choapas, municipio
ganado de manera categórica por Movimiento Ciudadano.
Hicieron también referencia a Chontla, donde se impuso el PRI y la candidata de
la alianza Verde-Morena terminó en tercer sitio; impugnaron Boca del Río, donde
la candidata del PAN tuvo más de 700 votos de ventaja.
Mencionaron la elección municipal de Tlacotalpan, a pesar de que ahí su
candidato, Christian Romero, ganó dos a uno a su más cercano rival. Quizá, como
a Luisa María Alcalde se le complicaba pronunciar los nombres de los municipios
veracruzanos, habrá querido decir “Tlacojalpan”, municipio que -en efecto- perdió
contra su aliado, el PT, aunque la diferencia fue de 13 puntos.
También reclamaron por el resultado en Sayula de Alemán. Ahí una vez más el PT
les hizo la “travesura”, pues su candidato le sacó 9 puntos de ventaja a la
abanderada de Morena.
En Naranjos Amatlán el PREP le había dado el triunfo al candidato de la alianza
Verde-Morena, pero en el recuento resultó triunfador el aspirante del PT. En
Chalma, el triunfo fue para MC, por poco más de 200 votos, mientras que, en San
Andrés Tlalnelhuayocan, la dirigente nacional de Morena afirmó que hubo una
diferencia entre la ganadora, del PRI y su candidata, de apenas 88 votos, cuando
en realidad fue de 1,052 sufragios.
De manera por demás absurda, la dirigente nacional de Morena argumenta que en
algunos casos “los funcionarios de casilla fueron sustituidos por personas ajenas a
esa sección electoral e incluso ajenas a las comunidades”, cuando de todos es
sabido que quien tiene el control del órgano electoral es, precisamente, Morena.
Se quejó de que en el caso de Poza Rica la autoridad electoral decidió no abrir
todos los paquetes y hacer un recuento voto por voto, a pesar de que la diferencia
entre el primero y el segundo lugar fue menor al uno por ciento. Omitió señalar
que la diferencia que arrojó el PREP fue de cerca de 2,500 votos y que en el
recuento se detectaron paquetes electorales abiertos y con un gran número de
boletas que originalmente le favorecían al candidato de MC, pero que de pronto
aparecieron con dos casillas marcadas, con lo que se declararon nulos.
Alguien está tratando de disimular el descalabro del partido en el poder y eso está
complicando la defensa de aquellos municipios que, con un poco de ayuda,
podrían recuperar en la mesa.
Ya quedó claro que Morena “no siempre gana” y que también se les complica
arrebatar.
Epílogo.
No es que fuera un modelo de autonomía y eficiencia, pero el instrumento estaba
ahí y sólo hacía falta buscar a las personas idóneas para operarlo. *** Este
miércoles la bancada de Morena y sus aliados en el Congreso local aprobaron la
reforma constitucional que extingue al Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y transfiere sus funciones a
la Contraloría General del Estado y a los órganos internos de control en los
Poderes Legislativo y Judicial. *** En sentido opuesto a lo que obtendrán, la
gobernadora argumentó en su iniciativa que con esta reforma se pretende
“fortalecer la transparencia” que, desde su óptica, no ha generado mejoras
tangibles y ha derivado en altos costos operativos y duplicidad de funciones. ***
Aunque hubo quienes pretendieron defender “el espíritu” de la reforma, al final el
criterio que prevaleció es que se trataba de armonizar la ley local a lo que ya se
había estampado en la constitución federal. *** El diputado Héctor Yunes afirmó
que con la extinción del IVAI, entre otras cosas, se pretende frenar el acceso a
información sobre actos de corrupción ocurridos durante la administración de
Cuitláhuac García y que han sido documentados por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), pero que no han sido investigados en Veracruz.
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