Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
El pasado lunes, el presidente de la Asociación Ganadera de Agua Dulce, Mario
Espinoza Ríos, confirmó dos casos positivos de gusano barrenador, uno en un
becerro de la ranchería “El Burro” y otro en una vaca del ejido Tonalá. *** Aunque
apenas se hizo público, en realidad los dos casos fueron detectados hace más de
20 días por un médico veterinario que realizó una inspección de campo y envió las
muestras al laboratorio de Ganadería Regional. Las pruebas confirmaron la
presencia de larvas del gusano barrenador. *** En las últimas semanas, se han
documentado casos similares en otros municipios del sur de Veracruz. Datos
oficiales revelan que en esa región se han detectado al menos 40 casos en
ganado bovino, equino e incluso en caninos. *** Lo que comentan los ganaderos
de aquella zona, es que la principal ruta del gusano barrenador es el contrabando
de ganado de Centroamérica. *** Los mismos productores han detectado que esos
animales, sin control sanitario, entran por Benemérito de la Américas, en el estado
de Chiapas y llegan a descansar a un corral en Acayucan. De ahí lo envían para
su engorda a Lerdo de Tejada, desde donde parte, por el paso libre de Maltrata,
hasta Querétaro y la Ciudad de México. *** Si los ganaderos lo saben, con
seguridad también las autoridades, que voltean para otro lado.
Decía Norberto Bobbio -jurista, filósofo y politólogo italiano, considerado uno de
los principales teóricos del derecho y la democracia del siglo XX- que la
gobernabilidad “es la condición de equilibrio entre la eficacia del poder político y la
legitimidad que lo sustenta”.
Giovanni Sartori, también de origen italiano y reconocido por su análisis sobre
democracia y partidos políticos, explicaba el concepto de gobernabilidad como “la
capacidad de un sistema político para gobernar, es decir, para tomar decisiones y
hacerlas cumplir sin romper el orden democrático”.
La gobernabilidad es un elemento indispensable en un buen gobierno. Es por ello
que la responsabilidad de sostenerla y consolidarla se le asigna al más alto
funcionario después del titular del Poder Ejecutivo. En el caso de Veracruz, como
en todo el sistema político mexicano, esa tarea es inherente al Secretario de
Gobierno.
A siete meses de distancia esa es -quizá- la principal dolencia del gobierno de
Rocío Nahle. No hay quién se haga responsable de mantener la gobernabilidad en
la entidad.
Fue justo “la gobernabilidad”, el pretexto que encontró en su momento Javier
Duarte para explicar el uso de mecanismos fraudulentos como “la licuadora”, que
no eran otra cosa que una ruta para desviar recursos que, por disposición legal,
tenían otro destino.
Apenas en marzo del presente año, a través de sus redes sociales, Javier Duarte
admitió que el dinero que enviaba la Federación no llegaba al destino planteado,
pero él lo consideraba algo normal:
“La inmensa mayoría de los millones de pesos de recursos federales que acusan a
mis funcionarios de haber desviado no es porque los hayan sustraído del erario
público, simplemente es porque fueron utilizados para otros fines públicos, que
entiendo eran prioridad para el buen funcionamiento de la administración pública
estatal, y que eran distinto de lo que estaban etiquetados, como lo fueron el pago
de la nómina magisterial, el pago en materia de seguridad pública o el pago del
subsidio a las pensiones de los trabajadores jubilados, entre otros muchos
conceptos públicos, por lo que personalmente considero que esto en ningún caso
debería tomarse como un daño al erario público”.
Esto, hasta el momento, no sucede en la administración estatal, pues apenas está
empezando.
Donde sí tiene problemas Rocío Nahle es en el desempeño de su gabinete de
seguridad. Las expresiones de violencia criminal se han vuelto algo cotidiano en
Veracruz.
Un día aparecen restos humanos arrojados en zonas urbanas del norte de la
entidad, y al otro se sabe de la ejecución de empresarios que tuvieron la osadía de
negarse a ceder a la extorsión de los grupos criminales que cobran “derecho de
piso”.
En la charla con los que se dedican al transporte de mercancías, advierten que los
asaltos se han multiplicado. Antes tenían ubicadas determinadas zonas en la que
sus unidades estaban expuestas, pero hoy casi todas las rutas son dominadas por
asaltantes, que se mueven a sus anchas, ante la pasividad de las llamadas
“fuerzas del orden”.
Si a esa percepción de impunidad se agrega la indolencia y el abuso de las
autoridades (las que -en teoría- tendrían que ponerse del lado del ciudadano y
hacer algo por protegerlo) se genera un estallido social como el registrado este
martes en el municipio de Tezonapa.
La violencia popular no es un fenómeno que surja de la nada. Es una burbuja que
se va inflando día con día, que va acumulando sentimientos de coraje y de
impotencia del ciudadano común, hasta que termina estallando.
Alguien le tiene que explicar a la ingeniera que no todo lo puede (y tampoco lo
debe) resolver ella; que el secreto de un buen gobernante es ejercer con tino su
facultar para delegar responsabilidades a su equipo de trabajo.
Ya quedó claro que no le tiembla la mano para remover a quien ella considere que
no le está funcionando. Es momento de que, los que quedan, se pongan a trabajar
de manera específica en las tareas que les competen. Que dejen las grillas para
sus ratos libres.
Epílogo.
Una vez más fueron localizados restos humanos en Coatzacoalcos. En esta
ocasión la osadía de los criminales fue tal, que los arrojaron justo detrás de la
base de la Guardia Nacional. *** En menos de un mes se han reportado al menos
siete casos similares. Las autoridades se limitan a jurar que “los índices delictivos
van a la baja”.
filivargas@gmail.com
