AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
El pasado miércoles 2 de julio, en Morelia, Michoacán, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, líder histórico de la izquierda mexicana, advirtió que “en este momento veo
principalmente dos cuestiones: la insuficiencia de recursos del Estado para invertir tanto en
la atención de necesidades sociales (como) salud, educación, seguridad social, como en el
fomento al desarrollo: energía, infraestructura, agricultura, industrialización, cultura,
turismo, mediante políticas que mantengan entre sus objetivos concretos y prioritarios el
crecimiento de la economía”.
Las palabras del hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas del Río fueron expresadas durante
el 37 aniversario luctuoso del político michoacano Francisco Xavier Ovando Hernández, su
operador electoral asesinado en los fraudulentos comicios presidenciales de 1988 que la
Comisión Federal Electoral (CFE), presidida por el entonces secretario de Gobernación,
Manuel Bartlett, avaló oficialmente a favor del candidato priista Carlos Salinas de Gortari.
Asimismo, frente al gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla, el ingeniero Cárdenas
señaló que el otro de los dos grandes problemas para México es “la creciente presencia de
la delincuencia, tanto por los controles territoriales que ha venido ampliando y la violencia
e inseguridad que genera”. Puntualizó que, “su diversificación delictiva”, afecta “a sectores
cada vez mayores de la población y de la economía”.
En Palacio Nacional no debieron caer nada bien las palabras del tres veces excandidato
presidencial, pero la realidad desafortunadamente le ha dado la razón al fundador del
desaparecido PRD, ya que el gobierno federal prevé eliminar el próximo año 347 de los 893
programas presupuestales, lo que representaría una reducción de 38.9 por ciento del total,
principalmente en los sectores de infraestructura, energía y salud.
Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico del PAN en la Cámara de
Diputados, sostuvo que la drástica reducción de programas presupuestarios no es solo una
medida de austeridad sino un profundo retroceso en el desarrollo económico, en la
inversión física y en la atención médica en el país. “Esta reestructuración no garantiza
crecimiento económico, ni empleo y tampoco mejora las condiciones de salud,
privilegiando, en cambio, sectores de interés político y militar, lo que debilita el enfoque de
derechos y la transversalidad al desaparecer programas esenciales para grupos prioritarios y
poblaciones en desventaja”, alertó el legislador panista.
El diputado de Acción Nacional cuestionó asimismo el “sesgo militarizado” en la
continuidad de programas de las secretarías de Defensa y de Marina, en contraste con los de
Salud, Medio Ambiente y Anticorrupción, con pérdida de recursos estratégicos.
Explicó que la Defensa Nacional pierde 3 programas (-7.9 por ciento); Educación Pública
pierde 6 programas (-15.4 por ciento); Marina pierde 5 programas (-15.6 por ciento);
Hacienda y Crédito Público pierde 10 programas (-17.5 por ciento), y Economía pierde 7
programas (-25.9 por ciento).
De acuerdo con la Estructura Programática para el Presupuesto de Egresos 2026 a la
Cámara de Diputados, los programas de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
pasarían de 43 a 17, es decir 26 menos (60.5%) que en el actual ejercicio.
Destaca igualmente la disminución de 22 a 12 programas en el caso de Pemex, equivalente
a 45.5%, y de 27 a 16 en la CFE, es decir, 40.7% menos.
En el sector Salud, la estructura operativa del ISSSTE se reduciría de 29 a 17 programas,
equivalente a 41.4%, y la del IMSS de 20 a 16, un 20% menos.
En el ramo de organismos autónomos, la eliminación de programas supera 24%, como
resultado de la reforma constitucional para extinguir instituciones como la Cofece (cuatro),
el IFT (ocho) y el INAI (siete), entre otros.
Y, de la inseguridad, mejor ni hablamos. Veracruz, por ejemplo, figura entre los ocho
estados que concentran el 66% de los casos de extorsión en el país.
VA TEPJF POR NULIDAD DE
ELECCIÓN JUDICIAL EN NL
Anoche, en su versión digital, el diario Reforma publicó que el magistrado del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez, propuso declarar
la nulidad de la elección en el distrito 2 de Nuevo León, luego de que el INE declarara
inelegible a quien ganó los comicios.
De acuerdo con la versión del diario capitalino, Sonia Alejandrina Martínez Mireles obtuvo
el mayor número de votos para convertirse en magistrada en materia penal, sin embargo, el
organismo electoral le quitó el triunfo por no alcanzar la calificación de 9 en la
especialidad.
Guadalupe Chávez Durán, quien quedó en segundo lugar, impugnó ante el Tribunal para
exigir se le diera la magistratura.
El INE determinó que en 48 posiciones de las 49 que declaró inelegibles por distintas
razones, quedarían como vacantes. Esto ante los vacíos legales de la reforma judicial.
Sin embargo, el magistrado Rodríguez considera que el organismo no tiene facultades para
declarar “vacante el puesto”, por lo que propone que se declare la nulidad y el Senado
convoque a nuevas elecciones.
“Se considera que en el presente caso se actualiza la causal de nulidad de elección prevista
por el artículo 77 de la Ley de Medios. En caso de nulidad de la elección, se convocará a
una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada”, plantea.
Por ello, se propone que el Senado apruebe una nueva convocatoria para la elección
extraordinaria, la cual deberá emitirse dentro de los 45 días siguientes a la conclusión de la
última etapa del proceso electoral.
“Si bien es cierto que ambas normas no se refieren de manera exclusiva a la elección
judicial, no debe perderse de vista que la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (LEGIPE) establece con claridad que las disposiciones de ese cuerpo normativo
son aplicables a las elecciones en el ámbito federal y en el ámbito local respecto de las
materias que establece la Constitución general, ámbito material que incluye a la elección
judicial”, argumenta.
Recalca que debido a que la posición corresponde a una mujer, estará destinado a ese
género.
“A fin de cubrir el espacio que no pudo ser electo en este proceso en virtud de la
inelegibilidad de la candidata que obtuvo el mayor número de votos”, indica el documento
difundido por el magistrado.
De aprobarse la propuesta, podría ser un criterio para quienes impugnaron las vacantes.
En la sesión del 26 de junio, por mayoría de seis contra cinco, el Consejo General del INE
le entregó la plaza al segundo lugar del distrito 2 de Veracruz, donde ganó Héctor Ulises
Orduña Hernández, quien está en prisión desde el 8 de junio, acusado de abuso infantil.
El juzgado mixto se le dio a Christian Alberto Estrada.
Así que, como en el beisbol: “esto no se acaba, ¡hasta que se acaba!”
EN CAPILLA, EL DIRECTOR
DE ORGANIZACIÓN DEL INE
Y, en el INE, están por despedir a Miguel Ángel Patiño, director de Organización, quien
lleva 25 años en el organismo electoral y sobre el cual recayeron las dos elecciones más
grandes y polémicas de las últimas décadas: la de 2024 y la judicial del pasado 1 de junio.
