AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Cada vez son más los sorprendidos no sólo por la inmensa cantidad de huachicol –más de
15 millones de litros– incautado en los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe, en el estado
de Coahuila, sino sobre todo porque estaba contenido en 129 carros cisterna “abandonados”
que en promedio abarcaban aproximadamente kilómetro y medio de vías ferroviarias, las
cuales tienen dueño desde que el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo privatizó en su
sexenio, entre 1996 y 1998, el sistema nacional de ferrocarriles que quedó en manos de los
principales magnates mexicanos, algunos de los cuales se asociaron con empresas
extranjeras como Kansas City Southern Industries, y que ahora, en los dos regímenes de la
4T, han recibido jugosos contratos.
El golpe dado por las fuerzas federales y estatales se derivó de las acciones emprendidas en
contra de Juan Manuel “El Mono” Muñoz, un empresario coahuilense vinculado al Cártel
de Los Zetas, quien ya había sido detenido en mayo pasado por elementos de la Fiscalía
General de la República (FGR) y autoridades locales en la colonia Luis Echeverría Álvarez,
de Torreón.
La captura del empresario gasolinero ocurrió a las 6:50 horas del jueves 22 de mayo.
Muñoz Luévano llegó a la comandancia policial a reclamar por el aseguramiento de dos
autotanques que presuntamente transportaban huachicol, y amenazó a policías estatales y
federales que habían detenido a los conductores.
Aunque Muñoz fue señalado antes en investigaciones sobre tráfico de combustibles y redes
de protección, esta era la primera vez que se le detenía de manera directa en un operativo
relacionado con hidrocarburos.
Al exigir la liberación de los dos conductores de pipas que transportaban hidrocarburo
ilegal, Muñoz Luevano fue puesto bajo disposición de las autoridades por presunta
conducta violenta y posesión de drogas.
Hace nueve años, el 18 de marzo de 2016, “El Mono” Muñoz Luevano fue aprehendido en
Madrid, España, a petición del gobierno de Estados Unidos que lo relacionó con una red de
tráfico de cocaína y como supuesto enlace de Los Zetas en Europa. Fue extraditado dos
años después, en junio de 2018, a San Antonio, Texas.
Según reportes periodísticos, las autoridades españolas descubrieron registros detallados de
transacciones millonarias en su domicilio. Estos documentaban entregas de dinero obtenido
de la venta de cocaína.
La detención en Europa fue parte de las investigaciones realizadas por autoridades
españolas tras la captura del exgobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del PRI,
Humberto Moreira Valdés, en Barajas, Madrid, en una presunta operación contra el
blanqueo de capitales y otros delitos, el 15 de enero de 2016.
Durante dos años, “El Mono” Muñoz estuvo preso en España y luego fue extraditado a
Estados Unidos.
En 2018 compareció ante un juzgado de San Antonio, en Texas. Meses después se declaró
culpable por el delito de conspiración de lavado de dinero ante una corte federal, y en mayo
de 2019 llegó a un acuerdo con las autoridades y se declaró culpable de conspiración de
lavado de dinero y distribución de cocaína en una corte federal de Texas.
Aunque los datos sobre su liberación varían, el diario Milenio informó que el 9 de mayo de
2024 recibió su sentencia por el mismo periodo que estuvo en libertad condicional, y quedó
en libertad. Regresó a México y se asentó en Torreón, Coahuila, aunque es originario de
Matamoros, municipio conurbado de la región Laguna.
El empresario es dueño de una cadena de gasolineras en la Comarca Lagunera, pero
también posee bares, restaurantes, agencias de publicidad y negocios agropecuarios.
Posee una propiedad de 9 hectáreas en el poblado Nuevo Mieleras, donde el 9 de abril
pasado, por una orden judicial, integrantes del Grupo de Reacción Torreón trataron de
desalojar a quienes viven ahí, pero el operativo salió mal y un agente de esa corporación le
disparó a un joven, Rolando Medina, de 33 años, quien falleció desangrado.
‘EMBARCAN’ EN TAXI
A LA GOBERNADORA
A mediados de diciembre de 2011, en la víspera de la sucesión presidencial en la que el año
siguiente resultaría electo, el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña
Nieto, acudió al noticiero del periodista Salvador Camarena en W Radio, que transmitió la
entrevista que le realizó al priista junto con Luis Prados, corresponsal del diario español El
País.
–¿Cuál es el precio de la tortilla?, le preguntaron al precandidato del PRI.
–No soy la señora de la casa. Cuesta entre 7 u 8 pesos, respondió el mexiquense.
–¿El precio de la carne de res?
–Esa está un poco más cara. No sé dónde lo compres, depende de dónde lo compres y qué
tipo de carne sea.
–¿Y el salario mínimo, más o menos?
–Debe estar sobre 900 pesos al mes.
–¿Cuánto cuesta una Coca-Cola tamaño normal?
–Entre seis pesos.
–¿Y un café en Starbucks?
–No lo sé.
Más tarde, el virtual candidato del PRI llamó a Salvador Camarena para aclarar todas las
descalificaciones que se estaban haciendo respecto a su respuesta de que “no es la señora de
la casa”. Dijo que fue una pregunta fuera de contexto, pues él se refería al hecho de que en
familia era su mujer la que tenía esa responsabilidad, por lo que ella estaba más
familiarizada con dicho tema. “Todas las descalificaciones no tienen lugar, están fuera de
contexto”, alegó Peña Nieto. Sin embargo, el golpe ya estaba dado, aunque no le hizo
mucha mella para afianzar su triunfo electoral.
La anécdota viene a cuento porque ayer la gobernadora Rocío Nahle recibió fuertes críticas
al afirmar que en Xalapa deberán respetarse las tarifas del servicio de taxis, que es de 14
pesos la mínima y de 24 a 26 pesos la máxima.
Obviamente ello tiene enfurecidos no sólo a los concesionarios sino también a quienes les
arrendan sus placas y a los que les conducen sus automóviles de alquiler por una cuota
diaria, ya libre del gasto de gasolina.
“Se ve que la señora nunca se ha subido a un taxi ni sabe lo que cuesta mantenerlo”, fue
uno de sus comentarios.
Anoche corrieron versiones de que este miércoles, en protesta, bloquearían algunas de las
principales avenidas de la capital veracruzana.
¿Y los encargados de la Dirección General de Tránsito y del área de Transporte Público del
estado? Calladitos, como momias. Total, dirán que, en estos siete meses y ocho días, la
gobernadora ya dio muestras de que aguanta eso ¡y más!
