AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
El “escarmiento” excesivo que le dieron a una internauta sonorense por publicar en la red
social X, antes Twitter, un comentario sobre la candidatura a diputada federal que en 2024
le asignó el PT a su esposa Diana Karina Barreras Samaniego –apodada “Dato Protegido” a
raíz del polémico fallo del Tribunal Federal Electoral por violencia política de género–, le
está saliendo bastante caro al abogado minatitleco Sergio Gutiérrez Luna, actual presidente
de la Cámara baja del Congreso de la Unión, a quien tuiteros y medios de comunicación
siguen tupiéndolo con señalamientos que incluso lo colocan en la presunta ilegalidad.
Y es que a la exposición de un estilo de vida lujoso, reflejado en sus artículos de vestimenta
y asistencia a eventos exclusivos, ahora Gutiérrez Luna está en el ojo del huracán por haber
reconocido que sí recibió del llamado Club 51 dos pases de cortesía con valor de 8 mil 500
dólares cada uno, lo que presuntamente violaría el artículo 7 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, que prohíbe expresamente que los servidores públicos
acepten regalos, dádivas u obsequios que deriven de su cargo.
No solamente lo confirmó él en una entrevista con el periodista José Cárdenas, sino que el
propio Club 51 lo publicó en su cuenta de X: “Club 51 ha contado por 3 años una suite en
la F1 en la CDMX. El evento se realiza para vincular a sus miembros y cada año otorgamos
cortesías a diferentes personalidades. En la edición de 2024 ofrecimos 2 cortesías al Dip
Sergio Gutiérrez Luna entre otros.” Sin embargo, el post fue eliminado momentos después,
e incluso ahora la cuenta personal en X del Club 51 ya no es visible, lo que causó más
sospechas en torno a las entradas exclusivas. Este famoso club es un espacio privado en la
Torre Mayor de la Ciudad de México, asociado a figuras de alto perfil político y
empresarial.
Y, por si fuera poco, este fin de semana fue señalado también por contratos millonarios,
domicilios irregulares y proyectos no ejecutados durante el sexenio antepasado cuando se
desempeñó como Secretario Ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema
de Justicia Penal en el estado de Sonora.
El periodista Jorge García Orozco reveló una serie de presuntos desvíos de recursos, de
acuerdo con la carpeta de investigación con número de expediente
SON/HER/PGE/2017/503/00012. Entre los señalamientos destacan contratos otorgados a
empresas que, según sus domicilios fiscales, carecían de capacidad operativa real. Por
ejemplo, Business for Future S.A. de C.V., ubicada en una tienda de productos de belleza
en Oaxaca, recibió 3.84 millones de pesos por análisis del sistema informativo. Otra,
Bunker Consulting Group S.C., con dirección en una vivienda en Monterrey, Nuevo León,
obtuvo 3.01 millones de pesos por estrategias de comunicación; y Freyding Industrial S.A.
de C.V., domiciliada en una papelería, recibió 33 millones de pesos para centros integrales
que supuestamente no fueron construidos.
Además, el ahora presidente de la Cámara de Diputados habría autorizado pagos por 11
millones de pesos a su propio despacho “Gutiérrez Luna Abogados”, y presuntamente
adquirió también un láser topográfico por 3.53 millones de pesos sin justificación para el
proyecto.
De colofón, este sábado, en su cuenta de X, Juan Ortiz, miembro del grupo Lupa
Legislativa MX, que suele opinar y compartir información sobre política, Congreso y
presupuestos, publicó que “Sergio Gutiérrez Luna tiene 41 personas a su cargo en la Mesa
Directiva”, cuyos sueldos representan “un monto bruto superior a un millón 800 mil pesos
al mes”. Ortiz detalló la denominación del cargo de acuerdo con el nombramiento otorgado,
el área de adscripción, y el monto de la remuneración mensual bruta conforme al Tabulador
de sueldos y salarios que corresponda. Los pagos más altos, que van de 163 mil 710 pesos
hasta 148 mil 840 pesos son los del Secretario Técnico, un Coordinador Administrativo y
tres Consultores Parlamentarios. De ahí, descienden hasta los 77 mil 809 pesos, y los más
bajos son de 12 mil 483 y 11 mil 948 pesos.
EL DRAMÁTICO FINAL QUE
AGUARDA A PATY LOBEIRA
El gobierno de la alcaldesa panista Patricia Lobeira Rodríguez será recordado por el saqueo
sistemático de los recursos públicos del Ayuntamiento del Puerto de Veracruz.
Y es que, según trascendió, las auditorías del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) a
las cuentas públicas 2022 y 2023 destapan un daño patrimonial de más de 61 millones de
pesos, producto de pagos injustificados, contratos sin licitación y encuestas que se pagaron
sin que existan reportes ni evidencia.
Mientras tanto, la principal ciudad del estado vive en la oscuridad, con un alumbrado
público deficiente, y sufre un servicio de agua potable que más parece chocolate, todo bajo
la indiferencia y complicidad de la administración municipal que está por concluir.
La nómina inflada con más de 6 mil 500 empleados, y salarios fuera de toda proporción, es
otro reflejo del entramado familiar que convirtió el Ayuntamiento porteño en su propio
negocio. Millones de pesos se desperdiciaron en despensas, gasolina y apoyos médicos sin
autorización, mientras las calles permanecen abandonadas y los servicios esenciales
colapsan. En paralelo, el silencio de Lobeira Rodríguez frente a la concesionaria Grupo
MAS y la empresa del alumbrado público evidencia que la protección a intereses
particulares se antepuso a la obligación de servir a la ciudadanía.
Quienes conocen a detalle toda esta situación, nos aseguran que no es exagerado decir que
doña Patricia Lobeira podría ir a parar a la cárcel. Y es que, ya sin fuero ni protección,
además del evidente desgaste político del clan Yunes combinado con la llegada de
gobiernos comprometidos con la transparencia, hacen inevitable que enfrente
consecuencias legales severas. Nos comentan que la corrupción, que por años fue la norma
en Veracruz, comenzará a desmoronarse con el arribo de la nueva administración municipal
que no tiene compromisos, pactos ni acuerdos con grupos de poder ajenos a la 4T. Y lo
peor está por salir a la luz porque aún faltan las cuentas públicas del 2024 y del año en
curso. La cuenta final no será solo administrativa, sino penal, y esta vez nadie podrá
esconderse tras privilegios ni influencias, especialmente quien, según, ha
