Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
¿Usted ha escuchado o leído algún mensaje del gobierno de Veracruz que le
advierte sobre los riesgos de ser infectado por el gusano barrenador de ganado?
*** Seguramente no, pues no le han puesto la menor atención a ese escenario,
que ya no es menor. Las autoridades federales han reportado ya 41 casos de
personas afectadas por miasis, causada por el gusano barrenador. *** El boletín
epidemiológico semanal de la Secretaría de Salud menciona que 36 de esos
casos fueron reportados en Chiapas, tres en Campeche, mientras que en Yucatán
y Tabasco han reportado uno en cada estado. *** La miasis por larvas del gusano
barrenador -también conocida como “gusanera”- se genera por la presencia de
larvas que se alimentan de tejido vivo y ataca principalmente a mamíferos,
incluidos los humanos. *** Una mosca hembra deposita sus huevos en una herida
abierta, mucosas o cavidades naturales del cuerpo de un huésped. Las moscas
son atraídas por el olor de las heridas y pueden poner entre 200 y 300 huevos a la
vez. En menos de 24 horas, las larvas eclosionan y comienzan a alimentarse del
tejido vivo. *** ¿Qué posibilidades hay de que se presenten casos de la presencia
de estas larvas en seres humanos en Veracruz? ¡Muchísimas! Los “filtros” que
tanto han presumido las autoridades -tanto estatales como federales- no han
servido de nada. Se instalaron en el sur de la entidad y ya se ha detentado la
presencia del gusano en la zona norte. *** El principal problema es la corrupción
que impera entre los inspectores. Se sabe que dos supervisores de Ganadería
fueron denunciados por pedir sobornos a quienes se dedican a la engorda de
ganado, a cambio de permitirles introducir ganado sin los permisos y tratamientos
contra el gusano barrenador. *** Las autoridades saben del riesgo. pero se
desentienden. Al rato saldrán con que “no sabían”.
Dice la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su artículo 46,
que todo servidor público deberá cumplir con obligaciones específicas “para
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia” que deben
observar en el desempeño de su cargo.
Advierte también que el incumplimiento de esas obligaciones “dará lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan”.
¿A qué viene esto?
Sencillo: a la sospechosa resistencia para que el secretario de Seguridad Pública,
Alfonso Reyes Garcés, salga a dar la cara ante los veracruzanos y explique qué
ha hecho la dependencia a su cargo para frenar la violencia y combatir a los
grupos criminales que actúan con total impunidad.
La primera fracción de ese artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos establece, como obligación, “cumplir con diligencia el servicio
que le sea encomendado (en su caso, la seguridad de la población) y abstenerse
de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.
No pierda de vista esa expresión: “acto u omisión que implique abuso o ejercicio
indebido del cargo”.
Hace poco más de 10 días, el 17 de agosto, en Las Choapas, una familia
denunció que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, reforzados con
personal de la Guardia Nacional, de Marina y de la Fiscalía estatal irrumpieron en
su domicilio sin orden judicial y esposaron a un menor de edad.
“Derribaron la puerta y causaron destrozos, con el argumento de que un
dispositivo GPS los condujo a una vivienda equivocada. Un perito de la Fiscalía
nos ofreció disculpas, pero nadie se hace responsable de los daños”, relató el
padre de esa familia.
Agregó que quienes iban al mando del operativo intentaron obligarlos a firmar una
hoja en blanco, a lo que se negaron. Horas más tarde acudieron a la sede regional
Fiscalía y ahí -sin una explicación- se negaron a recibir la denuncia.
La gobernadora Rocío Nahle fue cuestionada sobre esa queja y prometió que le
pediría el dato al secretario de Seguridad Pública que le diera cuenta de los
operativos que están realizando en toda la entidad.
“Ahora que venga el secretario de Seguridad le voy a decir que nos traiga el dato,
que se lo dé la Fiscalía, el número de operativos que hemos hecho en Veracruz,
de operativos de cateo, porque nosotros estamos yendo a todos lados”.
No sólo eso. Invitó a la familia agraviada a volver a la Fiscalía: “Yo les exhorto a
que vayan a la Fiscalía de Coatzacoalcos, que está cerca, o a la de Minatitlán. Yo
voy a hablar para que les tomen la denuncia y presenten lo de desastres que
dicen, para que se les pague en caso de que les hayan destruido algo”, dijo.
¿De verdad? ¿Es necesario que la gobernadora “llame” para que un órgano
supuestamente autónomo -la Fiscalía- cumpla con su deber?
¿Y la agresión a un menor de edad?
Es preciso recordarle a la gobernadora que no es el primer caso.
Justo este mismo miércoles se conoció que la justicia federal resolvió el juicio de
amparo 564/2025 y ordenó el cese de inmediato de cualquier acto arbitrario contra
una familia, en la que se incluye a un niño de 5 años.
La sentencia señala a la Fiscalía y a la Unidad Especializada en Combate al
Secuestro (UECS), ambas instancias señaladas por presuntos actos de abuso de
autoridad, al incomunicar y ejercer tortura psicológica en agravio de Samantha
Guadalupe Francisco Rosas, de su hijo de 5 años y de otros familiares.
El pasado 19 de junio la familia acudió al penal de “La Toma”, en Amatlán de los
Reyes, para visitar al padre del niño. Al salir fueron detenidos por policías
ministeriales. “Violentaron sus derechos por 48 horas. Al niño se lo llevaron y no
nos avisaron; se lo llevaron detenido”, relató la familia.
El menor fue trasladado a Xalapa por agentes de la UECS con los ojos vendados.
“Me lo entregaron el lunes y luego lo trasladaron al DIF Conecalli. El niño refiere
que le vendaron de los ojos. Fue algo espantoso, traumático para mi hijo. Lo
vendaron desde el momento en que lo trasladaron desde Amatlán hasta las
oficinas en Xalapa”, dijo la madre del menor.
Rocío Nahle tiene que entender que ella, como todos los servidores públicos, se
debe a los ciudadanos; que ella debe salir en defensa de las víctimas de estos y
muchos casos más de abuso por parte de las autoridades.
Al menos eso fue lo que ofreció durante su campaña, apenas el año pasado.
Epílogo.
Este miércoles el aún rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar
Sánchez, debió rendir su cuarto (y debería ser el último) informe anual de labores
y hasta el momento en el que se escribía esta columna, persistía una numerosa
presencia de manifestantes. *** Académicos, estudiantes y trabajadores de esa
institución se plantaron alrededor de las instalaciones donde se debería realizar el
informe (el Centro Cultural Tlaqná) para expresar su rechazo a la prórroga
otorgada por la Junta de Gobierno, que le permitiría a Aguilar Sánchez continuar al
frente de la UV por un segundo periodo, a pesar de que ya no cumple con los
requisitos para ser rector y sin que se haya emitido una convocatoria. *** Martín
Aguilar no termina de entender (o, aunque lo entiende, hace caso omiso) que la
comunidad universitaria ya no lo quiere como rector y que defiende, además, el
marco jurídico que rige a esa institución.
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