APUNTES
Manuel Rosete Chávez
“Hay que mirar al cielo para darnos
cuenta de lo pequeños que somos”
Julieta Fierro Gossman
La diferencia entre los gobiernos del PRI y el PAN frente a Morena, es que antes
algunos de los funcionarios del más alto nivel se confabulaban con la delincuencia
organizada, aceptando sobornos millonarios; ahora, a los más altos funcionarios el
soborno les parecía poco y se convirtieron en los jefes de los cárteles.
Antes como ahora, los presidentes estaban al tanto, por más que Calderón, Peña
o López Obrador insistan en negarlo.
Si se destapó la cloaca de la delincuencia pactada durante el gobierno de López
Obrador no fue por una decisión de la Presidenta Sheinbaum, sino consecuencia
de la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos, quien tiene más que
documentada la complicidad entre el gobierno morenista y la delincuencia
organizada, prácticamente en todos los niveles, en todo el país.
El gobierno de Estados Unidos demostró lo que muchos sabían –por supuesto
López Obrador-, lo que muchos medios exhibieron, pero que negaban de manera
sistemática e hipócrita.
¿Alguien cree que el ex presidente ignoraba en lo que andaban metidos Adán
Augusto, José Rafael Ojeda o Alfonso Romo? ¿También lo ignoraba Claudia
Sheinbuam antes de que EU le compartiera los expedientes y obligara al gobierno
mexicano a actuar en consecuencia?
“Tres sillas del gabinete de Seguridad de López Obrador eran del crimen
organizado: su secretario de Gobernación de la mano del cártel de La Barredora,
su secretario de Marina auspiciando la red de huachicol fiscal de sus sobrinos y su
Jefe de Oficina de Presidencia lavando dinero del cártel Jalisco Nueva Generación
en su casa de bolsa”, escribió el periodista Carlos Loret de Mola, el peor
adversario del régimen por ser el más objetivio y profesional.
Si el Secretario de Gobernación, el Secretario de Marina y el Jefe de la Oficina de
la Presidencia participaban a través de terceros en actividades vinculadas a la
delincuencia organizada, entonces se trataba de un narco gobierno. Les guste o
no les guste, como suelen repetir los morenistas.
Los casos son públicos. El primero en conocerse fue precisamente el de Alfonso
Romo y Vector, su Casa de Bolsa. A raíz de ahí, la pista del dinero ha llevado a
los otros dos personajes.
Pero, ¿qué sucedió en las cómplices narices del presidente López Obrador
cuando decía que “todos los negocios jugosos que se hacían, llevaban visto bueno
del presidente”? No mentía.
En el caso de Alfonso Romo, resulta que la Administración Trump acusó que la
casa de bolsa sirvió de vehículo al cartel de El Chapo para blanquear dinero,
comprar precursores de fentanilo y pagar sobornos a ¡¡García Luna!!
El Gobierno de Estados Unidos hizo públicos indicios de que la casa de bolsa
Vector ha colaborado de manera “consistente” con el Cartel de Sinaloa, en un
nuevo golpe que refuerza el objetivo de la Administración de Donald Trump de
atacar a los carteles de la droga, presionando al gobierno de Sheinbaum para ello.
En junio pasado, la Bolsa de Valores anunció la intervención de Vector Casa de
Bolsa ante acusación de presunto lavado de dinero.
El tsunami en el que están envueltos los ex secretarios de gobernación, Adán
Augusto López, y de Marina, el veracruzano José Rafael Ojeda, nomás no
amaina. Ambos podrían ser los corderos para calmar las presiones de Estados
Unidos y, al mismo tiempo, salvar la crisis al interior de Morena y el círculo más
íntimo del presidente López Obrador.
De acuerdo con la carpeta de investigación FqED/FEMDO/FEITATA-
JAL/0000224/2025 que la Fiscalía General de la República (FGR), la barredora
llegó a Tabasco en 2018 de la mano de López Obrador y Adán Augusto López.
Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana
de Tabasco, creó en diciembre de 2018 la organización criminal Pelón de Playa,
que después se convirtió en La Barredora; al mismo tiempo, Adán Augusto López
arrancó su gobierno —el 31 de diciembre de ese mismo año— y en su toma de
protesta lo acompañó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
El caso de la Marina es igual de grave. Los sobrinos del ex secretario de Marina,
cabezas de la intrincada y principal red de huachicol en el país, actuaban desde
antes de la llegada de Morena al poder, sin embargo, fue en este periodo cuando
llegaron los años dorados de riqueza e impunidad.
Los dos sobrinos del ex secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, ambos
altos mandos de la SEMAR están acusados de delincuencia organizada,
especialmente por el contrabando de combustible que metían a través del puerto
de Tampico, Guaymas, Ensenada, Veracruz, Cancún y Lázaro Cárdenas.
Rafael Ojeda sabía de los negocios sucios de sus sobrinos. Incluso emprendió
una cacería despiadada contra todo aquel que le resultara sospechoso de estar
interrumpiendo las corruptelas de sus privilegiados familiares.
Pero nada de esto es obra de Claudia Sheinbaum ni de la Fiscalía General de la
República, sino de la furia de los gringos. Lo peor –o lo mejor- aún está por venir.
Peligrosísima filtración de la carpeta de investigación
Jorge Triana, vocero del Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó en ‘Aristegui en
Vivo’ la filtración de la carpeta de investigación sobre la red de huachicol fiscal que
involucra a marinos, empresarios y funcionarios de aduanas, y advirtió sobre las
posibles consecuencias legales y políticas de revelar información confidencial.
Y en un artículo publicado en El Universal afirma: Se ha cruzado un umbral
peligrosísimo: la filtración de una carpeta de investigación de la Fiscalía General
de la República, aquella que documenta la operación de lo que quizá sea la red
criminal y de complicidades políticas más grande en la historia del país, vinculada
al huachicol fiscal, a la Marina y, en general, al gobierno de López Obrador. Que
un caso de esta magnitud —con nexos en las Fuerzas Armadas, las aduanas y
hasta con cárteles de la droga— quede expuesto, refleja la extraordinaria
vulnerabilidad institucional que enfrentamos como país.
El expediente filtrado a medios de comunicación —512 fojas— (o sea los filtraron
a varios medios no solo a Carlos Loret) detalla lo que la propia Fiscalía y el
gobierno ya habían admitido de manera general: que la Marina se convirtió en
epicentro de una red criminal que facilitaba el contrabando de combustibles,
encabezada por los sobrinos del almirante Ojeda, exsecretario de Marina en el
sexenio pasado. Gracias a la filtración, información que debía guardarse en
estricta confidencialidad aparece respaldada con documentos, testimonios y
nombres.
Triana advierte que la ley es clara: el artículo 218 del Código Nacional de
Procedimientos Penales establece la reserva de las investigaciones, y el artículo
225 del Código Penal Federal tipifica como delito la revelación de información
confidencial. Filtrar este expediente no solo viola la ley, también socava un
principio fundamental del proceso penal: la secrecía procesal.
Lo grave es el silencio. La Fiscalía no ha desmentido ni confirmado nada: ni la
filtración del documento ni la veracidad de su contenido. Y su mutismo abre la
puerta a la sospecha: ¿será porque todo es cierto?
Lo que revela el expediente prohibido es demoledor: los hermanos Farías Laguna,
sobrinos del almirante Ojeda, ratificados como jefes de la red; el testigo protegido
“Santo” confesando sobornos millonarios entregados en cajas de perfume; la
denuncia de tensiones internas entre Andy López Beltrán y Omar García
Harfuch; y el papel del Capitán Sol, operador financiero que coordinaba aduanas,
sobornos y el paso de buques cargados de hidrocarburos ilegales. También se
documenta que un contralmirante, Fernando Rubén Guerrero Alcántar, fue
asesinado tras reunirse con el secretario de Marina para advertirle de la trama de
corrupción.
Pero hay más. Se han exhibido los vínculos con el Cártel Jalisco Nueva
Generación, se menciona a la empresa Vector, de Alfonso Romo, como parte del
esquema de lavado de dinero, y se revela que incluso se introdujeron armas de
contrabando al país. También se ha señalado una reunión, a finales de 2021,
entre Gonzalo “Bobby” López Beltrán, Amílcar Olán y Roberto Farías Laguna,
vinculada a las operaciones de esta red.
Tampoco quedan fuera los actores cercanos al poder: el empresario
tabasqueño Saúl Vera Ochoa, amigo y patrocinador de Adán Augusto López, que
controlaba el muelle 289 en Tampico; las empresas de la familia de Audomaro
Martínez, jefe de inteligencia de López Obrador, que forman parte del entramado
criminal; y los negocios del hijo del gobernador Alfonso Durazo con uno de los
sobrinos del almirante Ojeda.
La gran incógnita es quién decidió filtrar un expediente que, además de
documentar la enorme red de huachicol fiscal, expone la guerra interna en el
grupo gobernante. ¿A quién conviene que esta información salga a la luz? ¿Quién
mueve los hilos dentro de la Fiscalía para exhibir
a marinos, empresarios, políticos y hasta a los hijos de López Obrador? Y, aún
más grave, ¿por qué Claudia Sheinbaum guarda silencio frente a una filtración que
vulnera la secrecía procesal y sacude los cimientos de su gobierno?
El espurio y repugnante Rector cobra la entrada a la USBI
Ha generado controversia una reciente decisión del rector de la Universidad
Veracruzana, Martín Aguilar, en la que se ha implementado un cobro de 10 pesos
por el acceso a las instalaciones de la Unidad Deportiva y de Servicios
Bibliotecarios (USBI), como si fuera de su propiedad.
Este espacio, desde su creación, había sido de acceso gratuito para todos los
usuarios. Es importante destacar que en días de alta actividad, cuando coinciden
partidos de diferentes ligas deportivas, la USBI puede llegar a tener hasta 5 mil
usuarios o más en un solo día.
El cobro de la entrada se aplica de manera uniforme a todos los individuos, sin
distinción entre estudiantes, usuarios, visitantes o incluso empleados de la UV.
Esta noticia ha circulado en redes sociales y ha generado debate entre la
comunidad de Xalapa.
Además de espurio corrupto, ambicioso y abusivo.
A Alcaldesa de Colipa la purifica Ahued
La mañana de ayer le cuestionaron a la gobernadora del Estado de Veracruz,
Rocío Nahle García, en su conferencia de prensa acerca la alcaldesa de Colipa y
su aparición en rancho de dudosa procedencia.
La gobernadora le dio la palabra al secretario del gobierno Don Ricardo Ahued
para que le explicara la situación.
Ricardo Ahued comentó que se reunió a puerta cerrada con la alcaldesa Colipa y
que ella está bien, pero que había sido internada por una complicación de salud
que tuvo, incluso menciona que su gobierno no tiene pacto con ninguna
organización criminal y que va a caer el peso de la ley, a quien sea.
El secretario de gobierno no aclaro la pregunta que se le hizo sobre qué hacia la
alcaldesa en ese Rancho que según se menciona el dueño, sería un hombre que
pertenece a una organización criminal .
REFLEXIÓN
Un aire fresco entró por la venta y demostró que, la que manda, manda. LA
JORNADA. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx | formatosiete@gmail.com
