Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Este martes la gobernadora Rocío Nahle firmó el decreto que crea el Fideicomiso
Veracruzano de Seguridad Social Institucional (FIVESSI). *** El comunicado
menciona que se trata de un mecanismo “que garantiza cobertura por
fallecimiento, invalidez, muerte accidental, gastos funerarios y apoyo en casos de
enfermedades terminales para los trabajadores del gobierno del estado”. ***
Gobernadora: ¡primero pague lo que está pendiente! Mecanismos como ese ya
existen. El llamado “Seguro del Magisterio” (su nombre real es “Seguro Social de
los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz”) tiene ese fin. Es cierto
que ahora no sólo se contempla a los maestros, sino a toda la burocracia, pero no
atiende la esencia del problema: blindarlo contra actos de corrupción que impactan
de manera directa a los bolsillos de los más vulnerables, los trabajadores del
Estado o sus familiares. *** El Decreto dispone que el FIVESSI será administrado
por la Secretaría de Finanzas, sí la misma dependencia que ha servido como
instrumento para la implementación (en diversas administraciones) de la llamada
“licuadora”. Esto es: un recurso administrativo que permite desviar recursos
supuestamente “etiquetados”. *** El mismo documento sugiere que el Comité
Técnico de ese Fideicomiso “considerará casos de trabajadores con trámites
pendientes bajo esquemas anteriores”, con el fin de evitar -afirma- que algún
servidor público quede sin protección. *** Una disculpa, pero no les creo: la mula
no era arisca, la hicieron los palos.
Espinal es un municipio que se ubica en el norte de la entidad, en la región
totonaca. Colinda -entre otros municipios- con Poza Rica, Papantla y Coxquihui.
Está, pues, en la “zona caliente” de la violencia.
Eso quedó muy claro la noche del lunes. Una familia (madre, hija y yerno) fue
masacrada en su propio domicilio.
El sol ya se había ocultado cuando un comando armado irrumpió en la vivienda de
las víctimas. Amagó a los presentes y atacó primero al yerno de la familia, a quien
al parecer buscaban.
Los vecinos dicen haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego cerca
de las 8 y media de la noche y llamaron a las fuerzas del orden. Al lugar arribaron
elementos de la policía municipal, de la estatal y hasta de la Guardia Nacional (lo
que confirma que, en efecto, hay “coordinación” de los tres niveles de gobierno). Al
entrar al domicilio encontraron el cuerpo decapitado del yerno y los cuerpos sin
vida de las dos mujeres (madre e hija) con huellas de los impactos de bala.
Pero no fue lo único que hallaron.
La casa estaba incendiada. Los agresores le prendieron fuego y las llamas
amagaron con pasar a las viviendas cercanas.
Por supuesto: había un mensaje escrito en una cartulina. Las autoridades no
revelaron su contenido.
Ya no hay forma de disimularlo: Veracruz vive una de sus peores crisis en materia
de seguridad y lo admite, incluso, el gobierno federal.
Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, lo dijo este martes en la conferencia de prensa de Claudia
Sheinbaum:
“Lo que podemos ver es esta distribución de los homicidios, pero solo durante el
mes de septiembre. En este caso también son siete entidades que concentraron el
51 por ciento de los homicidios del país, es decir, la concentración de
prácticamente la mitad de los homicidios del país: En primer lugar, está Baja
California, con 9 por ciento del total; en segundo lugar, Chihuahua, con 8.7 por
ciento del total nacional; en tercer lugar, Guanajuato, con 8.4 por ciento; le sigue
Sinaloa con 6.7 por ciento; en quinto lugar, Estado de México, con 6.3 por ciento;
sexto, Michoacán, con 6.2 por ciento, y séptimo, Veracruz, con 5.8 por ciento”.
Y, en efecto, antes incluso de tomar posesión, Rocío Nahle acudió a Palacio
Nacional y le pidió ayuda a su “amiga”, la presidente Claudia Sheinbaum, para
resolver la herencia maldita de la violencia que le heredó Cuitláhuac García.
La respuesta de la presidente fue turnarla con un especialista en la materia: el
policía Omar García Harfuch, con quien acordó trabajar “de manera coordinada”
para atender ese problema.
Para nadie es un secreto que la llegada del marino Alfonso Reyes Garcés a la
Secretaría de Seguridad Pública del estado fue producto de una “sugerencia” de
García Harfuch. Por lo mismo tendrían que reconocer desde la capital del país que
su recomendado ha fallado.
A menos -claro está- que la instrucción que está atendiendo es “dejar que las
cosas sucedan”.
Epílogo.
La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González
Cobos, lo dejó muy claro: la pelota está del lado del gobierno estatal, pues las
sentencias existen y deben ser los abogados de la administración estatal los que
las hagan efectivas. *** Eso es en referencia a los recursos “recuperados” (en el
papel) por el Orfis a partir de las denuncias que han sido presentadas por daño
patrimonial. El cálculo es superior a los 22 mil millones de pesos, pero el titular de
Sefiplan, Miguel Santiago Reyes, aclara que no hay un solo centavo de ese
recurso en las arcas estatales. *** Delia González Cobos les dio, incluso, la receta:
deben vigilar los bienes de los exservidores públicos con créditos fiscales firmes
para impedir que evadan los pagos. *** La información es pública. En los informes
del Orfis aparecen, entre otros, Arnulfo Octavio García Fragoso, extesorero, con
un monto a pagar de 18 mil 763 millones de pesos, y Maritza Mendoza Rocha,
quien fue directora de Programación y Presupuesto, que debe 744 millones de
pesos. *** La titular del Orfis explicó que los procedimientos administrativos han
generado resoluciones judiciales definitivas que ordenan el pago de los créditos y
donde hay asuntos por resolver es en el ámbito penal. *** Y advirtió: “Si ellos
pretendieran evadir el procedimiento administrativo de ejecución, habría que
analizar las conductas que realizaran para que pudiera considerarse una acción
dolosa”. *** Los créditos fiscales derivados de sentencias firmes alcanzan un
monto superior a los 19 mil millones de pesos, que corresponden a los ejercicios
2010, 2015 y 2016. *** No les pueden escatimar las pensiones a la burocracia,
cuando hay tanto dinero que puede ser reclamado por el gobierno estatal.
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