Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
El espurio rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, se
lamenta ahora de los daños que sufrió el campus de Ciencias de la Salud en Poza
Rica a causa de las inundaciones y afirmó que se requieren 75 millones de pesos
para su rehabilitación. *** Dijo que se analiza la posibilidad de reubicar esas
instalaciones y que está solicitando apoyo a los gobierno federal y estatal para
restablecer todo el equipo que se perdió. *** No tendría que “limosnear” recursos a
esas instancias de gobierno. Si hubiera acatado la orden que le dio el Consejo
Universitario General para que defendiera con todos los recursos legales a su
alcance, el presupuesto que por mandato constitucional le corresponde a esa casa
de estudios, no estaría sufriendo ahora por carecer de recursos. *** No debemos
olvidar que desde que inició el gobierno de Cuitláhuac García se impuso una
modificación a la Constitución local para definir el concepto de “presupuesto
general del estado”, con el fin de limitar los recursos que, por ley, les
correspondían a tres organismos autónomos: la Universidad Veracruzana, el
Poder Judicial del Estado y La Fiscalía General del Estado. *** Los titulares de
esos tres organismos optaron por inclinar la cabeza y callar a pesar de la arbitraria
medida, pero en el caso de la UV, el rector no es la máxima autoridad, sino el
Consejo General, que le hizo ver al rector que había suficientes argumentos
jurídicos para reclamar la justa asignación del presupuesto. *** Martín Aguilar
Sánchez optó por cerrar la boca y aceptar lo que el gobierno estatal le asignó
“generosamente”, por lo que ahora los recursos no son suficientes para atender
circunstancias fortuitas como la sucedida en Poza Rica.
El gobierno de Veracruz le apuesta al olvido.
Como bien escribió David Penchyna Grub este lunes en La Jornada, “la atención
mediática es fugaz y propensa a olvidarse”.
El abogado hidalguense, titular del Infonavit en la administración de Enrique Peña
Nieto hizo notar que “hoy, lugares como Poza Rica, Huauchinango o Huehuetla,
entre otras, ya no copan las primeras planas, que hoy regresan a la coyuntura. Sin
embargo, la catástrofe latente que dejaron a su paso los recientes fenómenos
climatológicos en las sierras y Huastecas del norte de Veracruz, Puebla e Hidalgo
permanece, constituyendo una herida profunda en el tejido social y la
infraestructura”.
Este lunes la gobernadora de Veracruz jugó a “la noticia buena y la noticia mala”.
Anunció que se van a destinar ¡ocho mil millones de pesos!, para la recuperación
de las zonas dañadas por las inundaciones, en el norte de la entidad, aunque
también aclaró que eso será hasta el próximo año. Ya están en el papel (proyecto
de presupuesto para el 2026) pero falta que se materialicen.
Al fin y al cabo, “el dinero no es el problema”.
Ese recurso, según la gobernadora, tiene como fin la recuperación de la
infraestructura, lo que -con cálculos someros- luce como “muy poco”.
Y mientras eso se materializa, los damnificados empiezan a sentir el peso del
olvido. Ya pasó la emergencia, ya las “selfies” no tienen el mismo impacto y, por lo
tanto, ya no es redituable llenarse los zapatos de lodo.
Este lunes, vecinos de las colonias Gaviotas, Independencia y La Rueda en Poza
Rica, bloquearon el bulevar Adolfo Ruiz Cortines para reclamar apoyo, pues
aseguran que siguen sin poder regresar a sus hogares.
No tienen agua potable, no funciona el drenaje y sus casas siguen cubiertas de
lodo y basura. Los primeros días llegaron hasta esas colonias los elementos del
Ejército Mexicano, pero el apoyo fue insuficiente.
“No podemos regresar a nuestras casas porque no hay manera, el drenaje está
tapado, las calles llenas de lodo y no hay agua. Vivimos como si la tragedia
hubiera pasado ayer”, dijeron.
Y estamos hablando de la zona urbana, la cabecera municipal. Hay aún miles de
familias aisladas en comunidades que no han recibido ayuda. La emergencia no
ha concluido, pero a las autoridades de Veracruz ya no les urge. Para la
presidente Claudia Sheinbaum, el rescate de las zonas siniestradas por las
inundaciones ya no fue tema en su conferencia de prensa. Hay otros asuntos que
hoy le quitan el sueño, como la violencia de las organizaciones criminales,
casualmente las mismas que controlan el norte de Veracruz.
La emergencia no ha pasado y es importante que todos nos hagamos cargo de
recordárselo a nuestras autoridades.
Epílogo.
El abogado penalista Tomás Mundo Arriasa retomó un tema que han ido
soslayando nuestras autoridades: separar a la Dirección de Servicios Periciales de
la Fiscalía General y dotarla de autonomía para que sus dictámenes no estén
supeditados a una tendencia dictada desde las altas esferas políticas. *** El jurista
recordó que hay una sentencia internacional que plantea la importancia de separar
esas dos instancias: “Desde 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos
recomendó a México en el caso Digna Ochoa que se independizaran los Servicios
Periciales de las fiscalías. ¿Por qué? Porque hoy los Servicios Periciales
dependen de la Fiscalía y hace los dictámenes a la carta”. *** Esa es una de las
razones por las que Veracruz presenta hasta un 98 por ciento de impunidad, ya
que no se le brinda acceso a la justicia a la víctima, ni se condena a los
responsables. *** “´Se elaboran dictámenes periciales que muchas, muchísimas
de las veces carecen de la cientificidad respectiva para hacer valer con eficacia el
debido proceso en un juicio”, dijo.
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