Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
La administración municipal en Xalapa siguió siendo la misma después de la
salida de Ricardo Ahued para ocupar la Secretaría de Gobierno en la
administración estatal. *** Salvo contadas excepciones, de gente que requería el
empresario del plástico en palacio de gobierno, los titulares de todas las áreas
siguieron en sus cargos, ahora bajo las órdenes del abogado Alberto Islas. *** Ya
desde la gestión de Ricardo Ahued se había advertido de la voracidad y la
prepotencia con la que actuaban algunos de sus colaboradores, y nada hizo el
ahora funcionario federal para poner orden. *** Ahora, a unas semanas de tengan
que entregar sus oficinas, algunos de ellos han decidido aplicar aquel viejo
esquema priista conocido como “el año de Hidalgo”. *** Ese singular fenómeno se
da en la Dirección de Obras Públicas, a cargo del arquitecto Guillermo Ávila
Devezze, a través del aún titular del Departamento de Ejecución de Obra Pública
por Administración Directa, Rey David Hernández Martínez (sí, aquel a quien se
sorprendió utilizando equipo y maquinaria del ayuntamiento en la remodelación de
su residencia). *** Sucede que esta semana personal de Obras Públicas y de
desarrollo Urbano (área a cargo del arquitecto José Miguel Torres Cházaro)
acudieron al ejido Benito Juárez para tomar fotografías y hacer anotaciones de las
viviendas que ahí se ubican (una de las cuales es, justamente, la de Rey David
Hernández) sin solicitar permiso a los propietarios, ni a la autoridad ejidal. *** Los
vecinos están recabando testimonios de quienes atestiguaron la actuación de los
funcionarios municipales, para presentar denuncias por su ilegal irrupción en áreas
privadas sin orden judicial alguna y advirtieron que estarán prevenidos y si se
vuelven a presentar tomarán medidas más drásticas. *** Las irregularidades en
Obras Públicas y Desarrollo Urbano son cada vez más evidentes. Mañana
daremos más detalles de todos los abusos que ahí se cometen.
La posibilidad de que Javier Duarte pudiera obtener su libertad anticipada (su
sentencia se cumple en abril del 2026) ya se había tratado en este mismo espacio.
La Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 141, establece que el
otorgamiento de la libertad anticipada “extingue la pena de prisión y otorga libertad
al sentenciado”, pero para que eso suceda se tiene que cumplir requisitos muy
puntuales.
En primer lugar, que no tenga otra sentencia condenatoria firme; que no exista un
riesgo objetivo y razonable para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron
en su contra y para la sociedad; haber mantenido buena conducta durante su
internamiento y haber cumplido con el Plan de Actividades hasta el día de la
solicitud.
También es fundamental que haya cubierto la reparación del daño y la multa, en
su caso; no estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito
que amerite prisión preventiva oficiosa, y que hayan cumplido el 70 por ciento de
la pena impuesta en los delitos dolosos (que es su caso) o la mitad de la pena
tratándose de delitos culposos.
Ese mismo artículo establece un candado que en el caso de Javier Duarte es
fundamental: “No gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por delitos en
materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas”.
La denuncia original de lo que entonces era la Procuraduría General de la
República (PGR) en contra del exgobernador de Veracruz fue por delincuencia
organizada, imputación que se modificó al de “asociación delictuosa”, lo que
permitió que la sentencia fuera menor y que pudiera acceder a este beneficio.
En la ruta para conseguir su liberación, los abogados de toparon con un obstáculo:
el proceso iniciado en la Fiscalía de Veracruz por desaparición forzada, toda vez
que se le señalaba de haber obstaculizado una investigación sobre ese delito.
Finalmente, un juez federal lo exoneró hace un año.
Como novedad, el reporte del periódico El País señala que Javier Duarte ya
celebró su próxima salida de prisión (se anticipa que pudiera ser la próxima
semana) con una mariscada y en la que habrían participado reos que le
acompañan en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, como el exalcalde de
la delegación Benito Juárez, Christhian Von Roehrich, acusado de formar parte del
Cartel Inmobiliario; René Gavira, extesorero de Segalmex, y José Luis Sánchez
Valencia, alias Chalamán, operador financiero del Cartel Jalisco Nueva
Generación (CJNG) y tío de Nemesio Oseguera, El Mencho.
Para nadie es un secreto: desde su celda, con las limitaciones -muchas o pocas-
de comunicación, Javier Duarte “se la jugó” con Rocío Nahle y una vez alcanzado
el triunfo, el camino hacia la libertad se fue allanando.
El año pasado tuve la oportunidad de hablar sobre ese tema con su abogado,
Pablo Campuzano y me aclaró que el exgobernador veracruzano no le había
manifestado su interés de salir del país (sus hijos viven en Londres).
Otros señalamientos en contra de Javier Duarte, esencialmente por desvío de
recursos, quedaron fuera de la carpeta que envió el gobierno de México a
Guatemala para su extradición. No podrá ser juzgado por eso.
Epílogo.
No, no se crean que es consecuencia de aquel “llamado de atención” a su “amiga”
la gobernadora Rocío Nahle. Ya ven que ella no es rencorosa. *** Lo cierto es que
los integrantes del Cabildo de Minatitlán tuvieron que recurrir a un amparo, ante el
riesgo de su inminente destitución, por parte del Congreso del Estado, por haber
incumplido con el pago de un juicio contencioso administrativo. *** La alcaldesa de
Minatitlán, Carmen Medel Palma (aquella que en un evento público, al ver que la
gobernadora Rocío Nahle no le ponía atención, le sugirió: “después platican el
chisme”) además del síndico y los regidores, promovieron un juicio de amparo
para detener el procedimiento que podría derivar en su destitución e inhabilitación.
*** La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz
solicitó al Congreso local iniciar el procedimiento para el desafuero de todos ellos,
por incurrir en desacato a la resolución del juicio contencioso administrativo
resuelto en 2009 -expedientes 30/2009/II y sus acumulados 31/2009 y 39/2009- en
los que se obliga a un pago al Ayuntamiento de Minatitlán que se ha negado a
cumplir. *** Así de pesado se llevan en la 4T.
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