Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
No es -dice la gobernadora Rocío Nahle- un tema de dinero, ese no es el
problema. *** Si ella decidió (porque así llegó en la propuesta presentada por su
administración al Congreso local) que debe ganar casi 20 mil pesos más al mes de
lo que ganaba su antecesor, es apenas una cuestión de “forma”. *** No puede ser
que como secretaria de Energía tuviera un sueldo cercano a los 145 mil pesos y
ahora su “cheque” baje más de la mitad como gobernadora (ganó 67,800 pesos
este año). Sólo “para que no se vea tan feo”, se otorgó un aumento de 17 mil
pesos para el próximo año. *** Que los buitres y otros animales carroñeros no
vociferen. Rocío Nahle no vive de su sueldo como servidora pública. Por fortuna
ella y su esposo han construido, a través de décadas de trabajo duro, un “modesto
patrimonio”, con el que les alcanza para vivir sin sobresaltos. *** Quienes siquiera
“insinúen” que exista algún tufo de corrupción en la actividad pública de Rocío
Nahle se irán derechito al sexto infierno de Dante (el de la Herejía), si no es que
en la tierra misma les cae todo el peso de la “justicia del bienestar”.
En Orizaba, este domingo, estudiantes de la Licenciatura en Diseño y Medios de
Comunicación de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) se
manifestaron para exigir el pago de salarios a sus docentes, quienes acumulan
más de tres meses sin recibir remuneración.
La protesta tuvo lugar en la calle Poniente 2, entre la avenida Cri-Cri y Norte 11.
Varias decenas de jóvenes mostraron pancartas y gritaron consignas para exigir
una pronta respuesta de las autoridades, pues aseguran que los alumnos han
cumplido con sus pagos, mientras que los maestros siguen sin cobrar.
Estas expresiones de protesta se han generado en todo el territorio estatal y las
autoridades no han podido (o no han querido) darles una solución.
Así es. Resulta que el salario de los maestros en esta universidad estatal
(llamados “asesores solidarios”) no depende del presupuesto que le asigne el
Congreso local a la UPAV, sino de las aportaciones que hace cada alumno por
concepto de inscripción y cuota cuatrimestral.
Ese recurso era administrado por un patronato que, de manera puntual, cubría los
compromisos, tanto de los “asesores solidarios”, como del personal administrativo,
pero todo cambió a partir del actual gobierno.
El patronato fue sustituido por una “fundación” (Fundación para la Educación
Salud y Recuperación del Medio Ambiente). Es a una cuenta bancaria de esa
instancia etérea donde se depositan las aportaciones de los alumnos, pero ahora
no llegan a su destino final.
¿Y qué dice de todo esto el rector de la UPAV?
Se sabe que el pasado 30 de septiembre la gobernadora Rocío Nahle designó
como rector de la UPAV (lo hace ella, porque “nadie puede firmar nada si no lo
autoriza la gobernadora”) a Raúl Rendón Torres, pero a los pocos días de este
anuncio se dio a conocer en medios de comunicación, que nadie con ese nombre
está registrado en el Sistema Nacional de Profesionistas de la Secretaría de
Educación Pública (SEP).
Rendón Torres asumió la titularidad de la UPAV en sustitución de Sergio Torres
Mejía, quien sólo duró unos meses y fue removido luego de las protestas de
estudiantes y reclamos por falta de pagos a los asesores solidarios.
Cuando la gobernadora Rocío Nahle fue cuestionada sobre los problemas que
enfrentaba la UPAV, respondió que muy pronto “pondría orden” en esa institución.
Pocos días después anunció el relevo en la rectoría, pero los problemas siguen sin
solución.
Autoridades de la UPAV han dialogado con los “asesores solidarios” y les han
explicado que no está en sus manos la disposición de recurso para el pago de su
salario, pero se comprometieron a gestionar ante la fundación que administra las
cuotas e inscripciones, de manera que pronto se cumpla con todo lo pendiente.
Firmaron una minuta, y se comprometieron a que, a más tardar el 14 de
noviembre (el próximo viernes) habrán de cumplir con los pagos atrasados (ya
más de seis meses) o de lo contrario docentes y administrativos habrán de tomar
otras medidas.
Pero el problema no es sólo la falta de pagos (que ya es un asunto muy delicado).
Resulta que hay estudiantes que pagaron puntualmente su inscripción y sus
cuotas y que cursaron de manera regular sus estudios, pero ahora no reciben su
título profesional.
Un tumor maligno ha ido creciendo en esa institución educativa que nació con los
más nobles objetivos, pero que ahora se ha convertido en el botín de unos
cuantos.
Epílogo.
Siempre es el mismo pretexto: “se trata de un reordenamiento del parque
vehicular”. *** Alguien le debería informar a la gobernadora que en septiembre del
2019 el entonces gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García emitió un Decreto
para imponer un “programa de reordenamiento vehicular”. *** El proyecto de
presupuesto 2026 prevé el canje de placas para vehículos particulares y
transporte público en la entidad. Con esa medida se contempla obtener recursos
por casi 11 mil millones de pesos, lo que representa el 6.2 por ciento del
presupuesto estatal. *** Pero -cabe aclarar- “este no es un tema de dinero, ese no
es el problema”. La propia gobernadora aclaró que su único fin es el
reordenamiento: “hoy tú ves placas, unas que tienen franjas azules, otras con
franjas cafés, unas que son completamente blancas y dicen ‘Veracruz’ todas”. ***
Reveló que no se cuenta con una base de datos confiable, por lo que el gobierno
estatal tendrá que realizar ese trabajo, lo que implica renovar la totalidad de las
láminas, dijo el 14 de junio. *** El secretario de Finanzas debería buscar en los
cajones. Seguro que ahí encuentra el padrón (la base de datos confiable) que se
generó con la medida impuesta por “el más honesto de los gobernadores que ha
tenido Veracruz” (dicho en múltiples ocasiones por Andrés Manuel López
Obrador).
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