Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Rodrígo Calderón Salas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural
y Pesca (Sedarpa), asegura que el gobierno del estado destinó este año más de
47 millones de pesos para atender la emergencia provocada por el gusano
barrenador. *** Lo que no explicó el funcionario en su comparecencia ante
diputados locales, es que buena parte de ese recurso se empleó en la
rehabilitación de los puntos de inspección zoosanitaria, que fueron abandonados
durante la administración de Cuitláhuac García. ***Tampoco habló de las
numerosas denuncias por casos de corrupción. El personal asignado para verificar
que sean revisados todos los animales susceptibles de ser infectados por el
gusano barrenador vende a muy buen precio los documentos para que las jaulas
pasen sin ser sometidas a la inspección obligatoria. *** El propio presidente de la
Unión Ganadera Regional del Sur de Veracruz, Isaac Velasco García, admitió que
el principal problema para frenar el avance de esa plaga es que sigue entrando, de
manera clandestina, ganado proveniente de Centroamérica, sin control sanitario
alguno. *** Aunque Calderón Salas habló de la activación de un “esquema de
vigilancia reforzado” y la operación de los puntos de verificación ubicados en el
Paralelo 18 (Agua Dulce), en Nuevo Morelos (Jesús Carranza) y en El Pedregal
(Las Choapas), lo cierto es que el guano barrenador ha llegado al norte del país y
se ha podido comprobar que los animales contaminados pasaron por tierras
veracruzanas. *** Por cierto que el titular de la Sedarpa no explicó cuál es la
función del “asesor” de la gobernadora, su esposo José Luis Peña.
Bien decía Lucano (poeta del imperio romano): “Aléjese de los palacios el que
quiera ser justo. La virtud y el poder no se hermanan bien”.
El debate ya se había dado antes, apenas se confirmó que Rocío Nahle
gobernaría por seis años el estado de Veracruz. Es costumbre que se hizo norma,
que quien llegue al Ejecutivo del Estado imponga a lo que se dio en llamar un
fiscal “carnal”.
Ayer mismo en este mismo espacio se hizo el recuento de los titulares de la mal
llamada “fiscalía autónoma”. Luis Ángel Bravo Contreras fue impuesto por Javier
Duarte, Jorge Winckler por Miguel Ángel Yunes y Verónica Hernández por Cui…
perdón, por Éric Cisneros, que era quien en realidad gobernaba en Veracruz.
Los dos primeros terminaron en la cárcel. Luis Ángel bravo recuperó su libertad,
mientras que Jorge Winckler sigue su lucha.
Verónica Hernández no ha concluido su gestión al frente de la Fiscalía General del
Estado (FGE), pero hay varios temas por los que se le pudieran iniciar procesos
judiciales.
Entendiendo que la permanencia de Verónica Hernández e imposible, ¿quién
podría y quién debería ser el próximo fiscal?
Quienes se ha promovido para ocupar dicho encargo (pagando a plumas que
resalten sus “virtudes”) colocan como principal atributo su cercanía con la familia
Peña-Nahle, por encima de su desempeño profesional.
No olvidemos que David Jiménez Rojas, actualmente subsecretario de Educación
Media, juraba que ya tenía el aval de “la jefa”. Una vez en el actual cargo circuló
un audio (él jura que fue IA) en el que se le escucha anticipar que llegará a la
Fiscalía.
Quienes lo promueven sólo mencionan dos méritos: su “cercanía” con la
gobernadora y el respaldo del actual delegado del Bienestar, Juan Javier Gómez
Cazarín.
El aún alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica (concluye su gestión el 31
de diciembre) forma parte del llamado “grupo Coatzacoalcos”, esto es, actores
políticos y servidores públicos que presumen una añeja relación con la
gobernadora.
Para la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre este sería el Plan “C”. Intentó
mantenerse en la presidencia del Poder Judicial del Estado, pero no le dieron los
votos. Consiguió, por lo menos, seguir como magistrada, pero ahora despacha
desde una Sala Penal. Antes de dejar la presidencia se dio sus mañas para
acomodar a su equipo en posiciones estratégicas.
Así, quien fuera su secretario particular, David Cardeña Ortega (a quien le han
iniciado al menos tres carpetas de investigación por abuso de autoridad y actos de
corrupción) fue colocado en la Dirección Jurídica del Tribunal Superior de Justicia.
Si “su jefa” llegara a la Fiscalía, él estaría muy cerca de un blindaje que le otorgue
impunidad.
En el Órgano de Administración Judicial, la magistrada Jiménez Aguirre colocó a
Alma Rosa Flores Ceballos (en la presidencia), a Antonio Sobrevilla Castillo y a
Víctor Luis Priego López, sus “operadores” cuando estaba al frente del Poder
Judicial.
En horas recientes se ha estado moviendo -una vez más- el juez José Clemente
Zorrilla Rostro, quien ya jugó el papel de traidor, cuando Éric Cisneros se empeñó
en quitar de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia a la fallecida Sofía
Martínez Huesca.
Fue Zorrilla Rostro el instrumento para iniciar juicio político contra la magistrada. Y
ya saben: quien traiciona una vez…
Desde la pasada administración, cuando se operó para retirar a Jorge Winckler de
la Fiscalía, se mencionó con fuerza el nombre del abogado Tomás Mundo Arriasa,
quien era bien visto por el gobernador, pero no estaba en el ánimo de quien
tomaba las decisiones, Éric Cisneros.
Su capacidad nadie la cuestiona. Tomás Mundo sigue muy activo en el ejercicio de
su profesión y mantiene su cruzada con el Proyecto Inocencia, para defender a
tanto ciudadano que se encuentra injustamente en prisión.
Lo ideal, por supuesto, sería que quien llegara a la Fiscalía cumpliera con cuatro
requisitos fundamentales: capacidad, experiencia, prestigio y actitud de servicio…
a la sociedad.
El problema será encontrar a alguien con esas características que acepte asumir
tal compromiso, sabedor de que está expuesto a la voluntad de la gobernadora. La
reforma que fue aprobada la noche del pasado martes le da amplias facultades a
la titular del Ejecutivo que, además, cuenta con un respaldo abrumador en el
Congreso local.
¿Quién dice “yo”?
Epílogo.
La noche del martes, durante la sesión ordinaria para discutir y votar el dictamen
que reformaba diversos aspectos de la operación de la Fiscalía de Veracruz, la
diputada Elena Córdova Molina, de Movimiento Ciudadano, advirtió que lo
aprobado no fortalece la justicia, sino al poder en turno. *** Elena Córdova explicó
que el dictamen aprobado eliminó los requisitos que garantizaban independencia
de la Fiscalía, redujo la exigencia de experiencia mínima, suprimió la convocatoria
pública, así como el proceso de evaluación del Congreso y generó la posibilidad
de una aprobación automática de la propuesta de la gobernadora mediante el
silencio legislativo. *** “Se trata de un cheque en blanco y un cheque en blanco en
manos del poder representa un retroceso democrático”, sentenció.
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