Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
El comunicado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) es
contundente. *** “… se les comunica que, hasta en tanto el Senasica lo determine,
con base en la situación que prevalezca del GBG (gusano barrenador de ganado)
y debido a las ultimas detecciones, se amplía la prohibición de movilización de
ganado bovino originario de todo el territorio del estado de Veracruz, con destino a
corrales de engorda autorizados por el Senasica en el estado de Nuevo León”. ***
Esto es: que todo -sí, ¡todo!- el ganado bovino del estado Veracruz estará vetado
en el estado de Nuevo León y -no lo dice el comunicado, pero se escucha en los
puntos de comercialización- la misma medida será aplicada para que tampoco
llegue a los otros estados fronterizos, o sea Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua,
Sonora y Baja California. *** Esta medida refleja una realidad incontrovertible: el
estado de Veracruz ha sido incapaz de frenar el avance de esta plaga y cada res
que se produce en la entidad representa un riesgo latente de que el gusano llegue
a los centros de acopio de la frontera norte, donde los comercializadores están
tratando de convencer al gobierno de Estados Unidos que pueden garantizar que
ningún animal que vaya a ser exportado a aquel país, estará contaminado. *** La
gobernadora Rocío Nahle informó que no tiene la intención de remover a nadie de
su equipo “porque están haciendo un buen trabajo”. Quizá alguien le está
informando mal. Es momento de que rueden cabezas en la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario (Sedarpa), si no los titulares, quizá el responsable de
Movilización y Sanidad Animal, o hasta el Director de Ganadería. *** Para nadie es
un secreto que el subsecretario Carlos Manuel Jiménez Díaz, “El Potrillo” ocupa su
posición para preparar su campaña electoral del 2027, en el Distrito de Misantla,
pero poco -o nada- hace para reforzar las medidas de contención de esta plaga.
La gobernadora Rocío Nahle no necesitaba de la reforma a la Constitución para
remover a la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández.
Es sabido que, desde antes -incluso- de que iniciara su campaña por la
gubernatura, la funcionaria ya le había presentado su renuncia, “para que esté
usted en posibilidad de decidir lo que considere mejor en materia de procuración
de justicia”.
A partir de que, de forma intempestiva, se emitió convocatoria para la celebración
de una sesión ordinaria de la Legislatura local este lunes (cuando originalmente se
había citado para el próximo jueves) corrió este fin de semana la versión de que el
“albazo” tenía que ver con la imposición de un nuevo titular de la FGE.
Al mismo tiempo que surgía tal versión, se insistía en que la gobernadora
propondría a la actual magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre para ocupar
dicho cargo, lo cual -desde el ángulo que se le quiera analizar- resultaría una
aberración.
Vayamos por partes.
La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en su artículo 8, párrafo segundo,
establece: “Las personas que hayan ocupado el cargo de magistrada, magistrado,
jueza o juez, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro,
actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los
órganos del Poder Judicial”.
El Fiscal es, justamente, “abogado o representante” de la sociedad veracruzana y,
por lo tanto, estaría faltando a una limitante muy clara del marco jurídico que rige
las tareas de impartición de justicia.
A los actuales gobernantes se les ha hecho costumbre librar ese tipo de
impedimentos mediante la figura de la “dispensa”. El artículo 33 de la Constitución
local, en su fracción 35, establece como “atribución” del Congreso, “conceder
dispensas de ley por causas justificadas o por razones de utilidad pública”.
Gracias a su contundente mayoría en el Poder Legislativo, nunca han tenido que
explicar las “causas justificadas” o las “razones de utilidad pública”.
Ya se dio el caso de que un magistrado -Emeterio López Márquez- quien fue
designado para realizar las tareas de titular del Ministerio Público. La diferencia es
que en aquel entonces no se trataba de una Fiscalía “autónoma”, sino de la
Procuraduría de Justicia, y López Márquez era magistrado en materia electoral.
Hay, además, objeción para la llegada de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez.
El artículo 67 de la Constitución se refiere s los requisitos que debe cubrir quien se
haga cargo de la titularidad de la FGE y establece: “El perfil de la persona Titular
de la Fiscalía General será el de una persona honorable, con conocimientos y
experiencia en el ámbito jurídico y de procuración de justicia, capacidad de
administración y dirección institucional, diseño y ejecución de políticas públicas,
independiente en su actuación, con una visión de respeto y protección a los
derechos humanos, atención a las víctimas y perspectiva de género”.
Los antecedentes de Lisbeth Aurelia Jiménez deberían ser suficientes para ni
siquiera considerarla. Presidió el Tribunal Superior de Justicia y torció la ley para
castigar a juzgadores que actuaron en contra de la voluntad del gobernador en
turno, Cuitláhuac García. Ahí está el caso de la jueza Angélica Sánchez,
perseguida y reprimida por dar cumplimiento a una sentencia del Poder Judicial de
la Federación, o el caso del juez Florencio Hernández, por no “acatar” las
instrucciones que le hizo llegar David cardeña, secretario particular de la
magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez.
Por cierto. Es de suponer que al mediodía de este lunes el pleno del Congreso sea
informado de la renuncia de Verónica Hernández. El reglamento de la Ley
Orgánica de Fiscalía dispone que (artículo 33) “cuando la Fiscalía General quede
vacante, por cualquier circunstancia y en tanto se sustancia el procedimiento
conforme a la Constitución del Estado, quedará a cargo, de manera provisional, de
la o el servidor público que, en orden de prelación, se encuentra señalado en el
artículo 15, fracciones de la II a la V, de la Ley Orgánica”.
Bajo ese criterio, quedaría como “encargado del despacho” el Visitador General,
cargo que hoy detenta José Alfredo de la Rosa Escalante, personaje que fue
“importado” desde Baja California Sur por el entonces secretario de Gobierno, Éric
Cisneros Burgos.
Claro que, convenido el relevo, podría suceder algo similar al relevo en la Fiscalía
General de la República (FGR), cuando Alejandro Gertz Manero, antes de
entregar su renuncia, nombró a Ernestina Godoy como Fiscal Especializada de
Control Competencial, para que quedara a cargo de la FGR hasta que el Senado
resolviera la sustitución. En este caso, que la propuesta de la gobernadora fuera
designada Visitadora General, para encargarse de ese organismo desde el
momento mismo en que se materializara la renuncia.
Como ha sucedido en muchos otros casos (el Poder Judicial o el Seguro Popular,
por ejemplo) los gobiernos de Morena se enredan en sus propios argumentos y
terminan imponiendo remedios que resultan peores que la enfermedad.
Epílogo.
Fue más que un simple atraco: fue un mensaje, una amenaza. El pasado sábado
fue asaltada la vivienda del periodista Melitón Morales Domínguez. *** Entre las 4
y 5 de la tarde, una vez que vieron que nadie se quedaba en el domicilio, varios
sujetos entraron y se apoderaron de dinero, alhajas y diversos artículos que
encontraron a su paso, a la vez que causaban múltiples destrozos. *** Quienes
acudieron al sitio para investigar lo ocurrido, admitieron que, además del robo,
todo parecía configurar un acto de intimidación. *** Periodistas de diversas
organizaciones y otros de manera directa externaron su preocupación por la
integridad del colega y por lo que podría convertirse en un “modus operandi” de
actores políticos que pretenden callar plumas críticas e influyentes. *** Vaya desde
este espacio un mensaje de solidaridad y absoluto respaldo para el compañero
Melitón Morales. ¡No estás solo!
filivargas@gmail.com
