Por Miguel Ángel Cristiani G.
¿Desde cuándo la autonomía universitaria se convirtió en un cheque en blanco para
administrar el poder sin rendir cuentas? La pregunta no es retórica ni exagerada. Es
pertinente, incómoda y necesaria, justo cuando la Universidad Veracruzana se apresta a
celebrar un Consejo Universitario General en medio de amparos judiciales, protestas
internas y un silencio institucional que ya resulta ensordecedor.
La prórroga rectoral aprobada por la Junta de Gobierno —sin convocatoria, sin
competencia abierta y sin deliberación pública— no es un simple trámite administrativo. Es
un acto político de alto impacto que toca el corazón mismo de la vida universitaria: la
legalidad, la legitimidad y la confianza. Extender un periodo rectoral de 2025 a 2029 sin
someterlo al escrutinio de la comunidad no es una decisión menor; es una señal clara de
cómo se entiende —o se distorsiona— la autonomía.
Conviene decirlo sin rodeos: la autonomía universitaria no es propiedad de las cúpulas ni
patente de corso para decidir en lo oscurito. Es una conquista histórica para garantizar
libertad académica, pluralidad y autogobierno responsable. Cuando se usa para justificar
decisiones opacas, deja de ser autonomía y empieza a parecer coartada.
El próximo Consejo Universitario General, convocado tras casi cuatro meses de
inactividad, no llega en un clima de normalidad. Llega con tres amparos en curso, con
recursos de queja promovidos por la propia Junta de Gobierno y con la decisión de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación de no atraer los casos 370 y 389/2025. No porque el
asunto carezca de importancia, sino porque el máximo tribunal optó por dejar firme el
criterio del Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito. Legalmente válido, sí;
políticamente cuestionable, también.
Más aún cuando juristas de la talla de Marisol Luna Leal —exabogada general de la propia
UV— advierten una resolución acelerada, resuelta en dos días y medio, cuando procesos
similares suelen tomar meses. No se acusa ilegalidad, pero sí se subraya una prisa que, en
temas de esta envergadura, despierta legítimas suspicacias. La justicia rápida puede ser
virtud; la justicia apresurada, casi siempre es problema.
El fondo del asunto sigue intacto: los tribunales no han entrado al análisis de la
constitucionalidad de la prórroga. Todo se mantiene en el terreno procesal, mientras en la
universidad crece la sensación de que las decisiones se toman lejos de las aulas, los
cubículos y los consejos técnicos. Y eso, en una institución pública, es una pésima noticia.
La Red por la Legalidad UV ha hecho lo que corresponde a la ciudadanía universitaria:
observar, cuestionar y exigir que sus representantes en el Consejo actúen con criterio
propio, no como comparsa ni oficialía de partes. El llamado es claro: representar a la
comunidad, no a intereses particulares ni a lealtades administrativas.
Aquí no se trata de nombres ni de personas. Se trata de reglas. De procedimientos. De
respeto a la normatividad interna y al espíritu democrático que debería regir a la máxima
casa de estudios de Veracruz. La historia universitaria mexicana está llena de episodios
donde el exceso de poder termina por erosionar instituciones que tardaron décadas en
construirse.
El Consejo Universitario General tiene hoy una responsabilidad mayor que levantar la
mano o guardar silencio. Tiene la obligación ética de deliberar, de preguntar, de dejar
constancia. Callar, en este contexto, no es prudencia: es omisión. Y las omisiones también
pesan en la historia.
La Universidad Veracruzana no merece una prórroga envuelta en litigios ni un liderazgo
cuestionado desde su origen. Merece procesos claros, abiertos y legítimos. Merece
autoridades fuertes por su respaldo comunitario, no por interpretaciones acomodaticias de
la norma.
Al final, el problema no es jurídico. Es político y moral. Y ahí no hay tribunal que
absuelva. La legitimidad no se decreta, se construye. Y la autonomía, conviene recordarlo,
no se prorroga: se ejerce con responsabilidad o se pierde por abuso.
La comunidad universitaria observa. La sociedad también. Y la historia, siempre paciente,
toma nota.
