Sin tacto
Por Sergio González Levet
Fue el martes 16 de diciembre alrededor de las 10 de la mañana. Los empleados
de la gasolinera de Amatlán ubicada en el kilómetro 1 de la autopista de Córdoba
a Orizaba trabajaban como todos los días, cuando se llevaron el susto de su vida
porque de repente irrumpieron vehículos de un operativo de la Fiscalía General de
la República (FGR) coordinada con elementos de la Fiscalía estatal y de
representantes de Pemex. Eran patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública,
del Ejército y de la Guardia Nacional.
Llegaron con lujo de rapidez y de fuerza a hacer un cateo porque tenían la
sospecha de que en ese lugar se despachaba gasolina ilegal. Revisaron y
resguardaron unos autotanques que presuntamente estaban llenos de huachicol.
El problema es que nadie del operativo presentó una orden judicial que justificara
la intromisión a la empresa. Sólo se apoderaron del lugar y requisaron el supuesto
combustible clandestino.
Y se llevaron presos, también sin orden alguna, a dos despachadores de la
gasolinera, a tres choferes de pipa, a un mecánico y entrados en gastos hasta a
cinco empleados de una constructora que estaban un haciendo un trabajo de
remodelación en el lugar.
Ya puede usted imaginar la escena: llegan los uniformados con lujo de violencia
verbal y física, amagan con sus armas a personas inermes, capturan a los
inocentes empleados y a quienes tuvieron la mala suerte de estar trabajando en el
lugar y se los llevan en las patrullas con rumbo desconocido.
Tuvieron una suerte los detenidos: cuando menos no fueron acusados de ser
terroristas.
Los familiares de las personas detenidas se organizaron como pudieron y unas
horas después llegaron hasta la gasolinera a preguntar a los policías que estaban
resguardando qué había sucedido con sus parientes, pero los uniformados les
contestaron que ellos no sabían nada. Fue hasta las 10 de la noche, 12 horas
después de que fueron detenidos, que un agente investigador de la FGR con sede
en Córdoba se comunicó con ellos y les informó que en su oficina permanecían
todos los detenidos y que estaban invitados a acercarse a ese lugar para que
recibieran información sobre su condición legal. Y se enteraron que los 11
inocentes ciudadanos estaban acusados de cometer “delitos en materia de
hidrocarburos” y que en dos días más serían trasladados a Xalapa para que un
juez dictaminara su situación legal. Pero no, pasadas las 48 horas, el mismo
agente de la FGR les dijo que ahora estaban siendo acusados por delincuencia
organizada y de plano les recomendó que buscaran un abogado.
Y de repente el viernes 19 a las 2 de la tarde, sin que mediara ninguna acción
legal, los 11 detenidos fueron liberados milagrosamente, aunque les advirtieron
que seguirían siendo investigados.
¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue posible que se detuviera a ciudadanos, que se
requisaran vehículos cargados con combustible legal sin que mediara una orden
judicial? Es un caso más de abuso de autoridad en Veracruz, en donde están
sucediendo cosas sospechosas de parte de las autoridades.
¿Explicará alguien esa intervención de elementos armados sin ningún
fundamento legal, como otras más?
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