Por Miguel Angel Cristiani G.
Creyeron que el 31 de diciembre era un borrón y cuenta nueva. Que con
apagar la luz del despacho municipal y entregar —a medias— el poder,
también se extinguían las responsabilidades. Vieja costumbre mexicana: el
mal llamado “Año de Hidalgo”, ese permiso tácito para llevarse lo que se
pueda antes de que suene la última campanada. Pues no. La realidad, terca y
legal, vuelve a tocar la puerta. Y esta vez lo hace con auditorías, dictámenes y
denuncias.
La advertencia no es retórica. La revisión de la Cuenta Pública 2025 apenas
comienza, y lo que está saliendo a flote no es precisamente ejemplar. El
ORFIS, encabezado por Delia González Cobos, ha sido claro: las
irregularidades y los desvíos brotan por todos lados. Y no sólo por los
hallazgos del órgano fiscalizador; muchos alcaldes y alcaldesas entrantes
también preparan denuncias. Porque recibir un municipio saqueado no es
herencia política: es un delito potencial.
El dato duro —y elocuente— es que hubo capacitación previa. En mayo del
año pasado para autoridades salientes; en noviembre para las entrantes. Se
explicó con peras y manzanas que documentos, equipos informáticos,
vehículos y mobiliario son bienes públicos. Que no son botín ni souvenirs del
cargo. Aun así, hubo quienes se llevaron expedientes, computadoras,
intentaron sacar vehículos y hasta las llaves del palacio municipal. No es
picaresca: es abuso. Y en algunos casos, robo.
“Es muy lamentable”, dijo la auditora general ante diputadas y diputados.
Lamentable, sí, pero también revelador. Porque muestra que el problema no
es la falta de reglas, sino la cultura de impunidad que algunos funcionarios
todavía creen vigente. Les entró por un oído y les salió por el otro. O peor:
escucharon, entendieron y decidieron ignorar.
La ley es clara. La Ley para la Entrega y Recepción prevé un procedimiento
que ya está en marcha: un dictamen para conocer en qué términos se recibió
cada administración municipal. Ese dictamen debe presentarse al
ayuntamiento en un plazo de cinco días hábiles, y con base en él se puede
llamar a las personas servidoras públicas salientes para que aclaren
irregularidades. No es un trámite decorativo. Es un insumo clave para la
fiscalización y, eventualmente, para la responsabilidad administrativa y
penal.
Aquí aparece el papel del Congreso del Estado y del ORFIS como receptores
de esos dictámenes. Son, en términos simples, los mapas de riesgo: indican
dónde están las alarmas y los puntos rojos. Y cuando los focos se encienden
en varios municipios a la vez, no estamos ante casos aislados, sino frente a un
patrón.
El contexto financiero no ayuda. Al cierre de 2024, la deuda pública global
ascendía a 51 mil 276 millones de pesos. De ese monto, 47 mil 074 millones
corresponden a deuda pública y obligaciones del ejercicio; 3 mil 954 millones
a deuda municipal; y 242 millones al Poder Judicial por la construcción de
ocho ciudades judiciales. No son cifras menores. Son la fotografía de una
entidad con márgenes estrechos y con poca tolerancia para la
irresponsabilidad.
La propia auditora lo advirtió: 2025 será el año de la revisión, porque estos
números corresponden al cierre de 2024. Lo que arroje la Cuenta Pública
2025 dará una radiografía más precisa de cómo se manejaron —o se
malversaron— los recursos en el último tramo de las administraciones
municipales salientes. Y ahí se caerán muchos discursos triunfalistas que hoy
todavía circulan en redes y cafés políticos.
Conviene decirlo sin rodeos: el cargo terminó, la responsabilidad no. El fuero
ya no protege, el discurso ya no distrae y la ignorancia de la ley no exime.
Quien apostó al “Año de Hidalgo” se equivocó de época. Hoy hay
procedimientos, hay coordinación institucional y hay una fiscalización que,
con todas sus limitaciones, está decidida a ir más allá del papel.
La ciudadanía haría mal en pedir linchamientos. Pero haría peor en tolerar la
impunidad. Lo que sigue no es venganza política ni ajuste de cuentas: es
rendición de cuentas. Que cada peso tenga destino comprobable. Que cada
bien público vuelva a su lugar. Y que cada exalcalde que se quiso pasar de
listo entienda una verdad elemental de la democracia: gobernar no es
servirse, y dejar el cargo no borra los actos cometidos.
Porque el “Año de Hidalgo” podrá ser una mala tradición, pero no es una
figura legal. Y eso, para muchos, apenas empieza a quedar claro.
