Desde el Café
Bernardo Gutiérrez Parra
A partir de que la Auditoría Superior de la Federación entrega a la
Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el informe de
una Cuenta Pública, los funcionarios señalados de “presuntas
irregularidades” o “presunto daño patrimonial” tienen 40 días para
aclarar sus observaciones. Una vez que la ASF recibe la
documentación aclaratoria tiene 30 días para revisarla, aprobarla o
en su defecto reprobarla. En caso de que suceda esto último, los
funcionarios “observados” tienen otros 40 días de gracia para seguir
aclarando sus trácalas.
Es decir, un presunto ladrón del presupuesto tiene en total 110 días
para cabildear con los integrantes de la Comisión de Vigilancia y
llegar a un “arreglo” que lo libere de ir al bote. Generalmente el
arreglo consiste en devolver parte de lo robado y listo. Ojo, nomás
una parte, porque de lo contrario no convendría ser político en este
país de Dios.
En ningún otro lugar del planeta los funcionarios públicos gozan de
una manga tan ancha cuando se trata de “aclarar” sus abusos. De ahí
que los actos de latrocinio y corrupción ya formen parte del folclor
nacional.
Como bien sabes, lector, este martes la ASF entregó a la Comisión
de Vigilancia el informe sobre la Cuenta Pública del 2024 que tiene
un presunto quebranto por 65 mil 169 millones de pesos. En el
desglose y con un monto de 1,896 millones de pesos por aclarar,
aparece Veracruz como el estado con más observaciones,
principalmente en los rubros de Salud y Seguridad.
Pero esto no es nuevo. Al menos en el sector Salud los desvíos de
recursos en el sexenio de Cuitláhuac García fueron denunciados y
debidamente documentados por el ex legislador y ex presidente del
PRI Marlon Ramírez Marín, que además, levantó denuncias ante la
FGE que siguen durmiendo el sueño de los justos.
Otra que levantó denuncias fue la gobernadora Rocío Nahle.
En mayo del año anterior dijo que tras el informe de la Cuenta
Pública 2023 dado a conocer por la ASF, la Contraloría General del
Estado había presentado una denuncia por un presunto daño
patrimonial de 1,600 millones de pesos al sector Salud. Y agregó
que se llamaría a cuentas a los exfuncionarios que presuntamente
estaban embarrados en el ajo.
Aunque no dio nombres, uno de los principales embarrados es el
exdirector de Administración, Jorge Eduardo Sisniega que anda
prófugo.
Por eso extrañó su declaración del miércoles donde prácticamente
defiende a Cuitláhuac García y casi lo exonera del presunto atraco.
De entrada, responsabilizó a la ASF por “no revisar a fondo” la
documentación que la administración de Cuitláhuac entregó para
solventar las observaciones de la Cuenta Pública 2024.
La gobernadora Nahle agregó que las observaciones dadas a conocer
por la ASF forman parte de revisiones efectuadas durante 2025. Y
sostuvo que tanto su gobierno como excolaboradores de la pasada
administración acudieron en múltiples ocasiones a entregar
expedientes y comprobaciones.
Ah caray.
Para empezar, si la Cuenta Pública del 2024 ni fue en su año ni fue
en su daño ¿por qué reaccionó de esa manera? Y por otra parte, se
supone que quienes tienen que aclarar el embrollo son los
funcionarios que tuvo Cuitláhuac en Salud, o incluso el propio
Cuitláhuac. Pero no los de esta administración que ninguna vela
tienen en el entierro.
¿Qué movió a la gobernadora a defender o a tratar de justificar las
transas en el gobierno de un sujeto al que detesta?
Alguien me dijo que fue un favor que le pidió López Obrador. Pero
si esto es cierto, vaya manera la del tabasqueño de cobrarse los
favores.
Hay quienes afirman que la aclaración de la gobernadora es para
evitar que el escándalo afecte a Morena en las elecciones del 2027.
Pero esto me parece inverosímil, porque los señalamientos de las
ASF irremediablemente se van a comprobar.
Lo lógico sería que las autoridades vayan por los presuntos
responsables, con lo que su partido y sus candidatos saldrían
fortalecidos.
Pero para que eso suceda, úchale… le zumba y rezumba.
Es más fácil que se vuelvan a abrir las aguas del Mar Rojo, a que
Cuitláhuac y sus contlapaches sean llevados a la barandilla de un
juzgado.
PD. Oye columnista, al final puro choro el tuyo y no dijiste por qué
Rocío Nahle defendió la Cuenta Pública de Cuitláhuac. La verdad
no lo sé y mientras no lo aclare la propia gobernadora, todo lo que se
diga será un cuento de pescadores que arrulla el mar.
bernagup28@gmail.com
