Prosa aprisa
Arturo Reyes Isidoro
“Regresar a la guerra contra el narco no es opción. Primero, porque está fuera del marco
de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca y de las palabras estado de
derecho y defienden la guerra contra el narco, la guerra contra el narco está fuera de la
ley, porque es permiso para matar, sin ningún juicio. Y con eso en México muy poquitos
están de acuerdo. Y segundo, no sirvió de nada mas que para aumentar los homicidios en
México y el nivel de violencia”. “No es opción… es permiso para matar, es ir hacia el
fascismo”.
Sí, como te lo imaginas lector, lectora, lo dijo Claudia Sheinbaum apenas el pasado 5 de
noviembre en su mañanera y lo destacó el diario oficialista La Jornada, para arremeter,
una vez más, contra Felipe Calderón y contra quienes nunca estuvimos de acuerdo con la
“política” de “abrazos no balazos” de Andrés Manuel López Obrador (no olvidar que fue
hasta la sierra de Sinaloa a saludar a la mamá de El Chapo Guzmán), quien con ese
pretexto dejó crecer a los cárteles delincuenciales, los que prácticamente se adueñaron
del país, cuya fuerza vimos ayer en medio de curiosidad, morbo, pero también de alarma y
pavor.
Pero los gobernadores y las gobernadoras del país, de Morena, padecen amnesia, pues
por la tarde de este domingo salieron a “apoyar” la “estrategia de seguridad” de
Sheinbaum. Incluso la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, “reconoció” la
“labor realizada el día de hoy por la Presidenta de la República @ClaudiaShein y el
@GabSeguridadMC”, aunque luego borró ese mensaje y lo sustituyó por otro:
“#IMPORTANTE Desde Morena Sí reconocemos la labor realizada el día de hoy por el
Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Este operativo muestra la convicción de
nuestro proyecto de fortalecer la paz y la seguridad del pueblo de México”.
Los hechos dan la razón a Trump
Los hechos, cuyos efectos golpearon lo mismo en el norte que en el centro y en el sur del
estado, han dado la razón a Donald Trump, cuyo gobierno intervino para al éxito del
abatimiento de El Mencho, lo que tuvo que reconocer el gobierno mexicano. Pero si
alguien cree que con eso terminó el problema, tristemente no es así, porque el CJNG se
trata de una grande y compleja empresa criminal, que recrudecerá la violencia. Luego de
lo ocurrido el domingo, sería el colmo que en su mañanera de este lunes Sheinbaum
saliera a decir: “por qué no hablan de García Luna”, como respondió el miércoles pasado
cuando le preguntaron sobre el libro de Julio Scherer Ibarra en el que involucra a Morena
con el crimen organizado.
El CJNG hizo su aparición en Veracruz con 35 ejecutados en 2011
Como bien recordó el diario El País la tarde del domingo, luego de los violentos hechos:
“El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hizo su gran aparición en la escena criminal con
una postal macabra: la exhibición pública de 35 cadáveres –con signos de tortura– en la
ciudad de Boca del Río, Veracruz, en 2011. El grupo delincuencial de Nemesio Oseguera,
Mencho, tenía entonces el nombre de Los Matazetas, pues, supuestamente, ese era su
propósito: exterminar al cartel de Los Zetas”.
Desde el gobierno de Javier Duarte, en efecto, Veracruz ya era un nido de delincuentes
que se peleaban la plaza. Con Morena terminaron por afianzarse. El domingo mismo, un
mapa de los norteamericanos pintaba e incluía claramente a Veracruz dentro de los
estados que sufrían violencia por la muerte de El Mencho, cuyos sicarios reaccionaron
violentos en puntos muy importantes del estado, lo que dio muestras de su fuerte
presencia en Veracruz y explicó muy claramente porqué el estado es el tercero en todo el
país con el mayor número de fosas clandestinas. Eso explica también porqué el sobrevuelo
de aviones espías norteamericanos de reconocimiento sobre el territorio estatal.
Mientras esperamos los detalles y el saldo final oficial (una versión hablaba de más de 70
sicarios muertos que custodiaban a El Mencho), desde este espacio hago el mayor
reconocimiento a soldados, a integrantes de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional,
así como a miembros de las diversas fuerzas de seguridad que participaron en las tareas
del domingo, casi todos surgidos, esos sí, del pueblo, algunos que incluso sacrificaron sus
vidas. Las políticas y políticos gobernantes solo se paran el cuello con el sacrificio de estos
valientes.
El juez Jonathan, ¿culpable o inocente?
Con gran estruendo mediático, y no podía ser menos porque se revocó una sentencia de
80 años de prisión, el viernes se conoció que el Tribunal de Disciplina Judicial suspendió en
sus funciones al magistrado Jonathan Cortés Vargas, integrante de la Tercera Sala en
Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia, responsabilizándolo de la decisión. El
togado llegó al cargo por voto popular en la elección judicial extraordinaria de junio de
2025.
Al magistrado prácticamente lo crucificaron mediáticamente, pues, de acuerdo con un
boletín que filtraron desde el Tribunal de Disciplina (apareció igual en los medios que lo
publicaron), revocó la sentencia en contra de Marlene Esmeralda “N”, empresaria
copropietaria de una comercializadora de fertilizantes y abogada, originaria de San Felipe
del Progreso, Estado de México, acusada de secuestro agravado. La sentencia se la dictó el
juez Oscar Hernández Carmona el 4 de septiembre de 2025.
Breve historia del caso
De lo que se sabe del caso es lo siguiente: El 3 de junio de 2021 le robaron a Marlene un
tráiler en Rinconada al tiempo que su chófer desapareció. Entonces ella y su esposo
levantaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado. Luego apareció el chófer
mientras que Marlene recibió una llamada de extorsión pidiéndole dinero a cambio de la
unidad, lo que también denunció. Cinco meses después fue detenida acusada de
secuestrar y asesinar al sospechoso del robo del tráiler. El juez de control, Francisco Reyes
Contreras, la vinculó a proceso. La sentencia en su contra fue con base en testimonios de
policías que realizaron entrevistas a familiares del presunto extorsionador. Que se sepa,
no hubo pruebas de por medio.
“La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informa que de la mano con la Unidad
Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) se logró una sentencia
condenatoria ejemplar por el delito de secuestro agravado”, dijo entonces la
dependencia, que estaba a cargo de la fiscal Verónica Hernández Giadáns.
El asunto es delicado y de interés general. Está de por medio la situación del magistrado,
pero también el prestigio, la imagen y la credibilidad del Tribunal de Disciplina Judicial,
que preside la magistrada Paulina Elizabeth Ahumada Santana, igualmente electa por voto
popular en junio del año pasado.
Expertos dicen que se aplicó mal la medida
El columnista consultó a expertos en la materia para conocer su opinión. Todos
coincidieron en que la medida fue mal aplicada, toda vez que, dijeron, se trata de una
sentencia que aún no es definitiva, ya que resta una tercera vía en la cadena punitiva por
medio de la cual puede ser impugnada: el amparo directo ante el Tribunal Colegiado de
Circuito. En ese sentido, explicaron, el asunto no está concluido, por lo que no se debió
sancionar en este momento. Expresaron que les llamó la atención el hecho de que, ipso
facto a la notificación, como si se tratara de una consigna personal, se vulnerara su
principio de presunta inocencia al ser exhibido de inmediato públicamente (extrañó que ni
bien habían tomado la decisión la noticia ya corría en medios).
Sobre el tema. Bernardo Bellizia, compañero de medios, publicó el sábado en las redes:
“Habría que escuchar al magistrado señalado de esa situación, defenderse y comentar qué
sucedió, cómo y porqué. La defensa debe de venir de un lado y de otro. Eso es lo justo.
Eso es lo correcto. Así que en lo particular no sacaré mis conclusiones hasta poder
escuchar al magistrado Cortés y sus argumentos”. Ante ello, reaccionó la exjueza Angélica
Sánchez Hernández, quien siendo jueza fue acusada también y detenida por la libertad de
un sentenciado, pero que ella no decidió sino que lo hizo atendiendo un amparo.
Exjueza señala intromisión del Tribunal de Disciplina Judicial
“Lo que estamos observando es la intromisión a la jurisdicción de un magistrado del Poder
Judicial que como bien dices debe respetarse, pues el magistrado valora pruebas y su
sentencia no es palabra de Dios, es revisable en la vía de amparo, en este caso las víctimas
del delito tienen esa posibilidad, pues ante la ineficacia de las investigaciones de la Fiscalía
muchas veces endebles, los titulares del poder judicial no tienen forma de suplir su
deficiencia, ni es correcto, por lo tanto la crucifixión que hace el público al magistrado
suspendido únicamente evidencia su desconocimiento del derecho, y como bien dices
debe respetarse”.
Pero, además, hay algo que extrañamente el Tribunal de Disciplina Judicial omitió decir:
que la revocación no se trató de una decisión unilateral, sino que fue resultado de una
resolución colegiada, ya que la sala se compone de tres juzgadores: además de Cortés
Vargas, Marco Antonio Lezama Poo, quien preside la sala, y Ángeles Uribe Obregón. En
teoría, ellos cuentan con independencia y autonomía para realizar su trabajo, y pudieron
haber considerado que no existían elementos de prueba suficientes. Si así fue, entonces el
Tribunal intervino sin razón pues no tiene la facultad para revisar el sentido de la
sentencia de ningún juzgador. Habrá que esperar el desenlace.
