AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
El pasado domingo 22, tras el operativo de las Fuerzas Armadas en el que fue detenido y
murió el líder fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera
Cervantes, (a) El Mencho, todos los gobernadores firmaron un documento en el que
reconocieron las acciones realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional “en el marco
de la ley”, al señalar que están orientadas a debilitar estructuras delictivas que afectan la
paz y la tranquilidad de las familias mexicanas.
El posicionamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores
(CONAGO) también destacaba el trabajo y la coordinación del Gabinete de Seguridad, así
como del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las Fuerzas
Armadas, a quienes atribuyeron un papel central en la salvaguarda de la integridad y
tranquilidad de la población.
Pero, además, los miembros de la CONAGO refrendaron que desde las entidades
federativas mantendrían su disposición de colaborar en coordinación permanente con el
Gobierno de México y respaldar la estrategia nacional de seguridad encabezada por la
presidenta Claudia Sheinbaum.
Asimismo, el pronunciamiento establece compromisos para trabajar, desde el ámbito de
competencia de cada entidad, en la garantía de paz y seguridad; fortalecer capacidades
institucionales en prevención, inteligencia y procuración de justicia; e impulsar acciones
integrales para atender causas estructurales de la violencia.
En el mismo texto, la CONAGO expresó su respaldo a la presidenta Sheinbaum Pardo por
la “conducción decidida, responsable y estratégica” de la política nacional de seguridad.
El pronunciamiento de los mandatarios estatales cerró con un llamado a la unidad y a la
responsabilidad compartida en materia de seguridad, al sostener que, con pleno respeto a la
legalidad, se seguirá trabajando para garantizar la paz, estabilidad y bienestar de la
población.
Sin embargo, habrá que ver qué gobernadoras y gobernadores deveras cumplen con este
compromiso y se suman para desmantelar las células del CJNG que siguen encubiertas,
operando impunemente en la mayoría de sus entidades.
Por lo mientras, ayer miércoles, en Tlaxcala –estado que desde el 31 de agosto de 2021
gobierna la expriista y ahora morenista Lorena Cuéllar Cisneros, fue detenido Isaac Moreno
Romero, alias “El Hacha”, señalado como responsable regional del CJNG y vinculado con
secuestros, extorsiones, homicidios y tráfico ilegal de combustibles.
Su detención fue resultado de los trabajos de inteligencia orientados a debilitar las
estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas. Los trabajos de
investigación de campo fueron realizados en la localidad de San Miguel Contla por las
secretarías de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como por Fiscalía
General de la República y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y
Guardia Nacional, ubicando a “El Hacha” a bordo de un vehículo sin placas de circulación,
en el cual llevaba diversas dosis de narcótico y un artefacto explosivo tipo granada de
fragmentación.
Moreno Romero es identificado como uno de los principales operadores del CJNG con alta
presencia en la región, además de desempeñarse como jefe de la célula criminal con origen
en el estado de Nayarit, donde presuntamente coordinaba actividades delictivas como
secuestros, extorsiones, cobro de piso, homicidios y comercio ilegal de hidrocarburo en la
zona.
¿En Veracruz desmantelarán también a los grupos del cártel de El Mencho, que en el
sexenio pasado fueron intocables para el ex gobernador Cuitláhuac García, su ex secretario
de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, y los ex secretarios de Seguridad Pública, Hugo
Gutiérrez Maldonado y el marino Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla?
¿Acaso habrá “acuerdos” con ellos para que en Veracruz no hagan tantas “olas” como el
domingo lo hicieron otras facciones del mismo cártel en el resto del país, principalmente en
los estados del occidente mexicano?
Y es que precisamente ayer, Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-
Servytur), informó que cerca de un millón de negocios, donde laboran 4.8 millones de
personas, fueron afectados por los actos de violencia tras el abatimiento de Nemesio
Oseguera, El Mencho.
En conferencia de prensa, el dirigente empresarial comentó que, con la caída de la cabeza
del grupo delictivo, “por fin les regresa (a los propietarios de establecimientos) la esperanza
de no tener miedo para abrir”.
De la Torre de Stéffano también confirmó que las pérdidas económicas estimadas oscilan
entre mil 500 y 2 mil millones de pesos. “Esto no es una estadística fría. Son familias, son
empleos y son comercios que sostienen la vida cotidiana.”, subrayó.
Anotó que hasta el momento se estima que entre el 90 y 95 por ciento de los negocios ya
reanudaron sus operaciones. “Abrieron desde el día siguiente, sobre todo en las zonas con
menor impacto”, indicó. “Cada cortina abierta es confianza. Cada cortina cerrada es
economía que se detiene”, agregó.
De la Torre subrayó que el costo total de la inseguridad y el delito para las unidades
económicas en México asciende a aproximadamente 124 mil millones de pesos anuales.
De este monto, 44 por ciento corresponde a gasto preventivo y 46 por ciento a pérdidas
directas.
La extorsión, indicó, ha obligado a los negocios a reducir horarios, inventarios y rutas, así
como a frenar inversiones, provocando cierres temporales y menor contratación.
Refirió que datos del INEGI muestran que entre 25 y 30 por ciento de los delitos reportados
por empresas se relacionan con la extorsión.
El líder empresarial consideró que, de debilitarse las estructuras delictivas, podría
registrarse una reducción de entre 10 y 20 por ciento en este tipo de delitos, lo que
representaría hasta 18 mil 645 millones de pesos anuales, equivalente al 0.08 por ciento del
producto interno bruto (PIB) nacional.
“Si baja la extorsión, sube la libertad de emprender, sube la libertad de crecer… si se
debilitan las estructuras delictivas, podría haber una reducción de entre el 10 y el 20 por
ciento en delitos como la extorsión y otros delitos del fuero común que tienen un impacto
en los negocios familiares en territorio”, dijo.
Anotó que puede “existir desestabilización temporal, semanas, posiblemente meses, pero
eso es clave para que pueda seguir avanzando esta estrategia, es clave que se sostenga
presencia institucional y coordinación en territorio”.
El dirigente de la Concanaco-Servytur señaló que las cámaras afiliadas pondrán en práctica
un acompañamiento territorial, levantamiento de información verificable y coordinación
con autoridades mediante canales institucionales como el 911 y el 089. Además,
continuarán con talleres de prevención de extorsión.
“Menos presión delictiva sobre los negocios significa más certidumbre para trabajar y más
cortinas abiertas”, aseguró De la Torre, quien recalcó la importancia de mantener la
presencia institucional y la coordinación en territorio para garantizar la continuidad
económica.
A ver si responden las gobernadoras y los gobernadores o si optan por seguir “pateando el
bote”.
En Veracruz, por ejemplo, hasta el FBI sabe quién es el principal capo del CJNG y en qué
zona conurbada radica.
