Por Miguel Ángel Cristiani G
¿Autonomía universitaria o patente de corso? La pregunta no es retórica ni
malintencionada: es obligada cuando la continuidad de Martín Aguilar Sánchez queda
jurídicamente blindada, mientras los señalamientos financieros siguen esperando respuesta.
La reciente resolución del Primer Tribunal Colegiado cerró la puerta del amparo contra la
prórroga del rector en la Universidad Veracruzana, pero abrió —o debería abrir— otra
discusión más incómoda: la de la rendición de cuentas y el uso de recursos públicos.
Los hechos son claros. El tribunal desechó el último recurso promovido por Carlos Welsh
Rodríguez al considerar que la prórroga rectoral no es impugnable por la vía del amparo,
pues emana del ejercicio de la autonomía universitaria y de las atribuciones de la Junta de
Gobierno. Jurídicamente, el capítulo está cerrado. Políticamente y éticamente, no. Porque
una cosa es que la ley procesal no alcance para revertir una decisión interna y otra, muy
distinta, es confundir autonomía con impunidad.
Conviene recordar —con serenidad y memoria histórica— que la autonomía universitaria
no es un privilegio personal ni un escudo para administraciones opacas. Es una conquista
social destinada a proteger la libertad académica, el pensamiento crítico y la gobernanza
colegiada. No fue diseñada para silenciar preguntas incómodas ni para pasar por alto
observaciones de los órganos fiscalizadores. En ese punto, la discusión se desplaza del
terreno judicial al cívico: ¿quién explica y quién responde?
Porque mientras el rector queda firme en el cargo, permanece sin aclararse un señalamiento
de la Auditoría Superior de la Federación por más de cuatro millones de pesos
observados en gastos de gasolina. No se trata de una anécdota contable ni de una minucia
administrativa. Es dinero público. Es recurso que sale del erario y que, por definición, exige
comprobación, transparencia y explicación puntual. La ASF no opina: observa, documenta
y requiere solventación.
Aquí es donde la narrativa oficial se queda corta. Se ha repetido hasta el cansancio que “la
vía legal está agotada” y que “los tribunales avalaron la decisión”. Cierto. Pero ninguna
sentencia judicial exonera de la obligación de aclarar observaciones financieras. Ningún
fallo sustituye la responsabilidad administrativa. Y ninguna autonomía cancela el deber de
rendir cuentas. Confundir esos planos es un error —o una estrategia— que empobrece el
debate público.
El problema de fondo no es sólo un rector prorrogado; es un modelo de gobernanza que
parece sentirse cómodo en la opacidad. La Junta de Gobierno ejerció sus facultades, sí, pero
también tiene la responsabilidad de velar por la integridad institucional. El silencio frente a
observaciones de la ASF no fortalece a la universidad; la debilita. La percepción pública
importa, y mucho, cuando se administra una institución que forma generaciones y maneja
presupuestos millonarios.
Desde una perspectiva política más amplia, el caso de la Universidad Veracruzana es un
espejo de una práctica recurrente en el país: blindar decisiones con tecnicismos legales
mientras se pospone —o se elude— la explicación de fondo. Se gana en tribunales, pero se
pierde en legitimidad. Y sin legitimidad, la autoridad se vuelve frágil, por más prórrogas
que tenga.
No se trata de linchar ni de difamar. Se trata de exigir claridad. ¿Dónde están las facturas?
¿Cómo se justifican los gastos observados? ¿Quién autorizó, quién supervisó y quién
responde? Son preguntas elementales en cualquier administración pública responsable. El
rector y su equipo tienen la palabra. Callar no es prudencia; es desdén por la inteligencia de
la comunidad universitaria y de la sociedad que financia a la institución.
La Universidad Veracruzana merece algo mejor que un rector jurídicamente intocable pero
políticamente cuestionado. Merece autoridades que entiendan que la autonomía no se
defiende con silencios, sino con transparencia; no con blindajes legales, sino con cuentas
claras. Porque al final, la verdadera fortaleza institucional no se mide en sentencias
favorables, sino en la confianza que se es capaz de sostener.
Un rector puede estar blindado por los tribunales, pero jamás debería estarlo frente a
la verdad ni frente al dinero público.
