Por Miguel Angel Cristiani G.
Hay reformas que nacen del consenso y otras que brotan del cálculo. La propuesta de
Reforma Electoral que vuelve a ratificar la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada
ahora de un decálogo de buenas intenciones y la advertencia de un “plan B”, pertenece
—por ahora— a la segunda categoría: mucha consigna, poca precisión y un mensaje
inequívoco al árbitro electoral y a la oposición: si no pasa por las buenas, pasará por las
otras.
El anuncio no es casual ni aislado. Se inserta en una narrativa que lleva años
construyéndose desde el poder: el sistema electoral es caro, excesivo y, sobre todo,
incómodo cuando no acompaña. Bajo ese marco, el decálogo presentado se ofrece como
una tabla de salvación moral: austeridad, democracia directa, reducción de costos, cercanía
con la gente. Palabras amables. Conceptos nobles. El problema no está en el envoltorio,
sino en el contenido y, más aún, en las consecuencias.
La experiencia mexicana obliga a la cautela. Las reformas electorales que han fortalecido la
democracia —las de los noventa, particularmente— nacieron del acuerdo plural y de la
desconfianza hacia el poder concentrado. De ahí surgieron instituciones autónomas, reglas
claras y contrapesos eficaces. No fueron perfectas, pero sí funcionales. Gracias a ellas,
México dejó atrás la simulación del partido hegemónico y transitó, con tropiezos, hacia la
competencia real.
Hoy, el discurso oficial plantea que esas instituciones se desviaron, se burocratizaron o se
“derechizaron”. Puede haber críticas legítimas, nadie lo niega. Pero entre corregir y someter
hay una línea muy delgada. Cuando una reforma se anuncia con decálogo y se acompaña de
un “plan B”, lo que se transmite no es apertura al diálogo, sino presión política. No es
invitación al consenso, es advertencia.
El decálogo, leído con lupa, repite viejas banderas: menos recursos a partidos, menos
consejeros, más participación ciudadana, elecciones más baratas. Suena bien. Siempre ha
sonado bien. El problema es que la democracia no es barata, y cuando se abarata sin
inteligencia, suele cobrarse después con fraude, inequidad o captura institucional. Reducir
costos sin fortalecer capacidades técnicas es como quitarle frenos a un automóvil para
ahorrar en mantenimiento.
Más delicado aún es el tono. El mensaje presidencial no distingue entre crítica legítima y
descalificación sistemática. El árbitro electoral aparece retratado como obstáculo, no como
garantía. Y cuando el poder político ve al árbitro como enemigo, la cancha deja de ser
pareja. En democracia, quien gobierna debe ser el primer interesado en reglas fuertes, no en
reglas dóciles.
El llamado “plan B” merece capítulo aparte. En política, los planes alternos suelen ser
señales de fuerza. En democracia, suelen ser síntomas de debilidad institucional. Si el plan
A no logra consenso, lo democrático es corregirlo, abrirlo, enriquecerlo. El atajo legislativo
o la reinterpretación de las reglas no fortalecen al sistema: lo erosionan. La historia
latinoamericana está llena de ejemplos donde reformas “necesarias” terminaron siendo
reformas regresivas.
No se trata de oponerse por deporte ni de defender inercias. Se trata de entender que las
reglas electorales no pertenecen al gobierno en turno, sino a la ciudadanía. Cambiarlas
exige prudencia, diálogo y visión de Estado. Lo contrario convierte a la reforma en
instrumento de coyuntura y no en política pública duradera.
La presidenta tiene legitimidad, respaldo popular y mayoría política. Justamente por eso su
responsabilidad es mayor. Gobernar con fuerza no significa gobernar sin límites. Reformar
no es imponer. Democratizar no es centralizar. Y escuchar no es tolerar aplausos, sino
aceptar disenso.
La pregunta de fondo no es si el sistema electoral puede mejorar —claro que puede—, sino
para qué y para quién se quiere cambiar. Si la respuesta es para fortalecer la confianza, la
pluralidad y la equidad, el camino es el consenso. Si la respuesta es para facilitar el control
político del proceso, entonces el problema no es el costo de la democracia, sino el precio
del poder.
Porque al final, toda reforma electoral revela menos sobre las instituciones que pretende
cambiar y más sobre la vocación democrática de quien la impulsa: cuando el poder escribe
las reglas pensando en el “plan B”, suele olvidar que la democracia no admite letras
chiquitas, pero sí cobra caro los abusos de la mayoría.
