Por Miguel Ángel Cristiani G
¿De verdad alguien puede creer que tres focos de incendio al mismo tiempo, en
una zona arbolada junto al río, son producto de una inocente fogata de vecinos
que querían mitigar el frío? La explicación suena tan ingenua como sospechosa.
Y cuando la ingenuidad se repite demasiadas veces, termina pareciéndose mucho
a la complicidad o, peor aún, a la premeditación.
Este fin de semana volvió a arder la ribera del Río Sedeño, en la zona de la
Reserva Territorial de Xalapa. No fue un conato aislado ni un descuido
doméstico. Las imágenes difundidas en las benditas redes sociales muestran
claramente tres puntos de fuego diferentes, lo que de inmediato despierta una
pregunta incómoda: ¿Quién está prendiendo fuego al bosque y con qué
propósito?
Los bomberos tuvieron que acudir a sofocar las llamas antes de que el incendio
alcanzara mayores dimensiones. Y menos mal. Porque en esa franja verde
sobreviven árboles de décadas —algunos centenarios— que no solo forman parte
del paisaje natural de la capital veracruzana, sino que cumplen una función
ambiental fundamental: capturar carbono, proteger el suelo y mantener el
equilibrio ecológico de la cuenca.
Pero el problema no es únicamente ambiental. Es también político, social y, por
supuesto, legal.
Hace apenas una semana ocurrió exactamente lo mismo. Se dijo entonces que se
trataba de una fogata nocturna. La explicación era tan frágil como el pretexto
mismo. Porque cualquiera que conozca mínimamente la dinámica de las
invasiones de tierra en las ciudades mexicanas sabe que el procedimiento suele
repetirse con una precisión casi mecánica: primero se deteriora el terreno, luego
se provocan incendios o se talan árboles, después aparecen algunas chozas
improvisadas de cartón o lámina… y finalmente se reclama el derecho de
posesión.
Es una vieja historia que se ha contado demasiadas veces.
En México —y Veracruz no es la excepción— las invasiones de terrenos han
seguido históricamente ese libreto. Se degrada el espacio natural para hacerlo
“habitable”, se establece una ocupación precaria y posteriormente se busca
presionar a las autoridades para regularizar lo que comenzó como una ilegalidad.
El fenómeno no es nuevo: desde los años setenta, con el crecimiento desordenado
de las ciudades, múltiples asentamientos irregulares nacieron así.
El problema es que cada incendio provocado no solo destruye árboles: también
erosiona la legalidad.
La ribera del Río Sedeño está catalogada como zona protegida. Al menos en los
documentos oficiales. Pero en la práctica, como suele ocurrir en muchas áreas
ambientales del país, la protección se queda en el papel mientras la realidad
avanza con machete, cerillo o gasolina.
Las autoridades ambientales deberían estar vigilando permanentemente un
espacio de estas características. No basta con reaccionar cuando el incendio ya
está encendido. La prevención es una responsabilidad institucional que implica
monitoreo, presencia y aplicación de la ley.
Y aquí surge otra paradoja que no pasa desapercibida. Mientras diversas
dependencias del gobierno estatal investigan el origen de un derrame de crudo en
playas del sur de Veracruz —un asunto sin duda grave—, en la capital del estado
se está quemando un pequeño pulmón verde sin que nadie parezca asumir la
responsabilidad de protegerlo de manera efectiva.
La ley mexicana es clara en esta materia. El Código Penal Federal y diversas
legislaciones estatales tipifican como delito ambiental provocar incendios
forestales o dañar ecosistemas protegidos. Las sanciones pueden incluir multas
importantes y penas de prisión. Sin embargo, la aplicación de esas normas suele
ser intermitente, por no decir inexistente.
La impunidad ambiental es uno de los males silenciosos del país.
Porque cuando alguien prende fuego a un bosque urbano no solo está
destruyendo árboles: está dañando el patrimonio natural de toda la comunidad.
Está comprometiendo la calidad del aire, el equilibrio ecológico y la seguridad de
los habitantes cercanos. Y, por si fuera poco, está enviando el mensaje de que la
ley puede ser burlada con la simple estrategia de encender un cerillo.
La sociedad tampoco puede permanecer indiferente. Las denuncias ciudadanas,
las fotografías difundidas en redes sociales y el llamado oportuno a los bomberos
evitaron esta vez una tragedia mayor. Pero no podemos depender eternamente de
la buena voluntad de algunos vecinos para proteger lo que debería ser
responsabilidad del Estado.
Un bosque no se defiende solo.
Si realmente se quiere evitar que la historia se repita, las autoridades municipales
y ambientales tendrían que actuar con rapidez: investigar el origen de los
incendios, identificar a los responsables, reforzar la vigilancia en la zona y dejar
claro que la ribera del Río Sedeño no es tierra de nadie ni territorio disponible
para invasiones disfrazadas de pobreza.
Porque cuando el fuego aparece demasiadas veces en el mismo lugar, ya no es
accidente: es advertencia.
Y si la autoridad sigue mirando hacia otro lado, entonces no serán las llamas las
que consuman el bosque… será la indiferencia oficial la que termine por
reducirlo a cenizas.
