AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
A pesar de los reportes de grupos ambientalistas, ayuntamientos, medios de comunicación y
pobladores sobre al menos 12 animales marinos muertos en municipios costeros, el titular
de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) de Veracruz, el tamaulipeco Ángel
Carrizales López, salió hasta el pasado martes a declarar que no contaba hasta ese entonces
con información oficial de estos ejemplares hallados sin vida en costas de la entidad desde
que comenzó la contingencia por hidrocarburo a principios de este mes.
“No sabría que esté fallando, la verdad es que yo desconozco que estén pensando los
federales o los municipales, pero nosotros no hemos dejado de atender en ningún momento
cuando hay un aviso oficial, (…) yo personalmente voy a manifestar que nos coordinemos
mucho más en el tema de fauna que pudiera estar perjudicada por esta situación”, refirió
Carrizales López, quien indicó que aun cuando hay una mesa de trabajo por la emergencia
ambiental, la institución a su cargo no tiene datos oficiales sobre dichos casos, por lo que
consideró necesario mejorar la coordinación y los protocolos interinstitucionales.
El funcionario hizo un llamado a ayuntamientos, autoridades federales, asociaciones y
ciudadanía para que informen por los canales oficiales sobre cualquier hallazgo de fauna
sin vida, ya que, de no ser así la procuraduría ambiental a su cargo no puede intervenir de
manera adecuada.
Ayer, a 24 días de que pescadores y comunidades costeras del Golfo de México reportaron
el derrame de hidrocarburos, el grupo interdisciplinario del Gobierno Federal integrado por
orden de la presidenta Sheinbaum, informó que el origen de la emergencia ambiental
correspondía a un buque fondeado –todavía no ha sido identificado– y a “emanaciones
naturales”.
El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, atribuyó que la contaminación provenía
de tres fuentes: una de las razones corresponde a una chapopotera localizada a 5 millas del
Puerto de Coatzacoalcos –cuya expulsión es intermitente– y a otra más que se ubica a 60
millas de Ciudad del Carmen, Campeche, en la zona de Cantarell. Esta última, puntualizó,
“sigue activa y creemos que es la que más contaminante ha vertido”.
Las chapopoteras son emanaciones naturales de petróleo crudo que brotan desde el
subsuelo hacia la superficie.
El almirante aclaró que no han podido identificar el buque que realizó la descarga en
inmediaciones de Coatzacoalcos, porque en ese mismo momento había 13 embarcaciones
más a su alrededor.
“Pemex reportó que un buque había hecho un vertimiento ilegal a una zona cercana a
Coatzacoalcos”, sostuvo.
Dijo, que cuatro de ellas todavía navegan en aguas nacionales, las cuales ha sido
inspeccionadas por la Armada de México para deslindar responsabilidades.
Sobre los nueve barcos restantes, indicó que navegan en aguas internacionales y “hemos
pedido la cooperación internacional para inspeccionarlas y determinar cuál buque hizo el
vertimiento”.
En la primera conferencia de prensa que ofrecen las autoridades federales después de más
de tres semanas de este desastre, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Alicia Bárcena, aseguró que, hasta el momento, existe un daño ambiental “severo”,
declaración que contrasta con la opinión de la gobernadora Rocío Nahle que sigue
minimizando esta situación.
El grupo interdisciplinario confirmó que la afectación abarca más de 600 kilómetros del
litoral de los estados de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, y han podido limpiar
223 kilómetros en donde han recolectado 430 toneladas de hidrocarburo.
Bárcena indicó que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente –el cual encabezó Ángel
Carrizales el sexenio anterior y que actualmente lleva ya tres titulares en la presente
administración– está interponiendo las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General
de la República (FGR) contra quien resulte responsable.
Mencionó que el grupo interdisciplinario –conformado por diversas instituciones, entre
ellas, la Semarnat y Marina–, crearán un observatorio ambiental “permanente” el Golfo de
México, además de que se comprometió a mantener un monitoreo continuo para
instrumentar las acciones necesarias para la contención del contaminante.
La pasividad de Carrizales López ante este desastre ecológico no debería sorprender a los
veracruzanos. El 1 de julio 2021, Mathieu Tourliere, de la revista Proceso, publicó que en
el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, la Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), a
cargo de Carrizales López, operó en gran parte sin lineamientos, mecanismos de
evaluación, procesos de gestión integral y con manuales desactualizados, con lo que impuso
una sola multa derivada de acciones de supervisión, según determinó la Auditoría Superior
de la Federación (ASF).
En la conclusión de un extenso informe de auditoría de cumplimiento y desempeño, la ASF
determinó que la ASEA “mostró debilidades en el modelo de Gobernanza por parte de sus
órganos de gobierno” lo que “limitó la eficacia y eficiencia de sus operaciones, debido a las
deficiencias en los mecanismos de regulación, conducción, gestión, control, medición y
seguimiento” de sus actividades.
Ello, de acuerdo con el organismo fiscalizador, “podría propiciar la conformación de
condiciones favorables para la discrecionalidad en la adopción de decisiones, la falta de
certeza y transparencia de las operaciones, y la materialización de riesgos”.
En noviembre de 2019, López Obrador entregó la ASEA al ex integrante de su equipo de
ayudantía, Ángel Carrizales López, después que el Senado lo rechazó para ocupar cargos en
la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en Pemex y en la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH), para los que el mandatario morenista lo había propuesto a pesar de
su evidente falta de experiencia.
En aquel entonces, López Obrador aseveró que el joven, quien trabajó en la secretaría de
Finanzas del Distrito Federal durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera y
posteriormente de Morena, había pasado la “prueba de confianza”; su nombramiento se
hizo a pesar de Víctor Manuel Toledo, a la sazón titular de la Semarnat, de la que depende
la ASEA, la cual tiene la tarea titánica de vigilar y sancionar las afectaciones ambientales
generadas por la extracción de hidrocarburos, y tiene a su cargo los 9 mil 300 pozos
terrestres, las 250 plataformas marinas, las 12 mil gasolineras, las 111 terminales de
almacenamiento, los 60 mil kilómetros de ductos, las seis refinerías y los nueve centros
procesadores de gas natural que existen en México.
Para esta labor mayúscula, la ASEA contaba en 2020 con apenas 309 funcionarios de
planta, 75 plazas menos que en 2019, pues sufrió una serie de recortes presupuestarios de
2016 a 2019.
Así, según la Auditoría Superior de la Federación, la ASEA realizó mil 216 actos de
supervisión en 2020, de los cuales mil 12 terminaron sin sanciones, 197 siguen en análisis,
en seis presentó “multas e imposición de medidas” y en uno determinó una multa; en
paralelo, la agencia realizó 256 investigaciones sobre 72 incidentes y accidentes operativos,
y de sus actividades de inspección decretó 61 clausuras temporales, de actividades para
empresas que infringieron alguna norma.
La ASF determinó que la ASEA no contó con “políticas, procedimientos, metodologías,
guías actualizadas u otras disposiciones que garantizaran el proceso de evaluación para la
salvaguarda de los recursos naturales y la eficaz regulación el sector hidrocarburos que le
permitan reducir los riesgos relacionados con el impacto ambiental, los sistemas de
administración de la seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental”.
La agencia tampoco tenía normas para evaluar “protocolos de respuestas a emergencias;
residuos peligrosos; atmósfera, residuos de manejo especial de terceros, avisos de pozos,
sitios contaminados, auditoría ambiental, cambio de uso de suelo, cierre, desmantelamiento
y abandono, metano y línea base ambiental”, por lo que la ASF estimó que “se corre el
riesgo de que la ASEA no cuente con elementos normativos suficientes para valorar las
Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA)”.
En octubre de 2024, al dar a conocer el nombramiento de Carrizales como próximo
Procurador de Medio Ambiente del Estado, la entonces gobernadora electa Rocío Nahle
destacó que el Ingeniero Químico egresado de la Instituto Tecnológico de Ciudad Madero,
Tamaulipas, con especialización en materia Ambiental, se había desempeñado como
Director Ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) dependiente
de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y que en el sector de
Hidrocarburos fungió como técnico especialista en las áreas de calidad ambiental,
operacional, seguridad e inspección técnica en la refinería de Francisco I. Madero en
Tamaulipas, y que también había trabajado como especialista en el activo Ku Maloob Zaap
ubicado en la Sonda de Campeche.
En noviembre de 2019, al preguntársele sobre el polémico nombramiento de Ángel
Carrizales como titular de la ASEA, el entonces presidente López Obrador dijo conocerlo
bien, “¿y saben qué es lo que más me importa, más que la experiencia?, la honestidad,
porque hay quienes tienen mucha experiencia, están graduados en universidades del
extranjero, pero son deshonestos”.
“A nosotros lo que más nos importa de todo, es la honestidad, si hablamos en términos
cuantitativos, 90 por ciento honestidad 10 por ciento experiencia”, agregó, criticando que
antes se privilegiaba con 90 por ciento a la experiencia, “buenísimos y además charlatanes,
pero eso sí, muy corruptos, de los que firmaban todo por mantener salarios de 300, 400 mil
pesos mensuales, gente sin decoro”.
Y aplaudió que temas como el nombramiento de Carrizales López salieran a la
conversación porque “un país con tanta corrupción, lo más importante es que haya
servidores públicos honestos, esos que prefieren dejarle a sus hijos pobreza, no deshonra”.
Las críticas en redes sociales fueron acompañadas de una fotografía obscena del joven
funcionario obradorista. “La foto es lo de menos. La foto qué. Lo relevante es que no tiene
competencia, no es idóneo. Le falta experiencia. Fue evidenciado en el Senado. Etc. La foto
qué”, posteó el 25 de noviembre de 2019 el aun articulista del diario Reforma, Genaro
Lozano, actual embajador de México en Italia.
EL IPE, EN BUENAS MANOS
Fundado hace 74 años, el 14 de marzo de 1952, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE)
ha sobrevivido a una serie de abusos, saqueos, inversiones equivocadas y decisiones
administrativas erráticas atribuidas en su mayoría a los gobiernos priistas que hasta el 30 de
noviembre de 2016 estuvieron en el poder durante 11 sexenios consecutivos.
Fueron muy pocos sus directivos que en esas siete décadas actuaron con recato, pues hubo
casos de algunos abusivos que llegaron a autoasignarse sueldos de hasta 800 mil pesos
mensuales. O un excontralor general del Estado que intentó que un director contratara a un
despacho contable que, por una auditoría, pretendía cobrar ¡10 millones de pesos! Y ya ni
se diga las pensiones doradas de hasta más de 100 mil pesos al mes que por influyentismo
se les asignaron a varios exfuncionarios en retiro.
El actual director, Luis Octavio Hernández Lara, acaba de presentar su informe de
actividades del primer año del mandato de la gobernadora Rocío Nahle, en el que reafirma
que “nuestra misión esencial permanece inalterable: garantizar con responsabilidad, certeza
y estricto apego a la ley el pago de pensiones, jubilaciones y prestaciones”.
“Para este Instituto –añade Hernández Lara– la Seguridad Social no es un privilegio, sino
un derecho humano fundamental. Bajo esta visión de Estado, concebimos lo público como
un espacio de servicio y asumimos la responsabilidad histórica de proteger a nuestras
personas adultas mayores. Esta convicción define una etapa de transformación institucional
donde la dignidad y la justicia social son el eje rector de cada decisión”, remarca.
Luego del rescate que inició la primera directora de la transformación, Daniela Griego
Ceballos –actual alcaldesa de Xalapa– ahora su titular, el maestro Hernández Lara le ha
impuesto su propio sello al trabajo realizado, en la dinámica del fortalecimiento del sistema
pensionario, para beneficio de las y los trabajadores que desgranaron su vida desde el
servicio público.
En el informe se hace un reconocimiento a todas y todos los trabajadores que forman parte
de esta institución y, por supuesto, a los sindicatos que integran el Consejo Directivo, pues
los liderazgos sindicales son quienes cuidan, protegen, velan por la seguridad y el buen
manejo de la Reserva Técnica que, con un crecimiento anual del 16.5%, al cierre del año
que se informa alcanzó los 3 mil 211.32 millones de pesos, sumando rendimientos
históricos que, junto al patrimonio inmobiliario, blindan la solvencia de esta institución.
El IPE cuenta con más de 78 mil agremiados de 243 organizaciones sindicales, que se han
desempeñado en ayuntamientos, la Secretaría de Educación, el Gobierno del Estado en
general y la Universidad Veracruzana. Además, más de 20 mil trabajadores, que no cuenta
con algún sindicato, realizan sus aportaciones de forma independiente, destacando, por
ejemplo, el personal de confianza del Gobierno del Estado.
“En el IPE –expone el director en su presentación– se ha trazado una ruta de estrategia que
prioriza el uso honesto de los recursos y la modernización de procesos. De igual forma,
somos conscientes de la necesidad de actualizar y fortalecer el sistema solidario de
pensiones en el Estado; por ello, mantendremos estrategias de comunicación y consenso
con la base trabajadora, y las organizaciones sindicales, impulsando una ruta responsable
para la sostenibilidad del Instituto”.
En su informe, Luis Octavio aporta datos puntuales sobre Gestión Financiera Responsable,
Cumplimiento Integral en el Otorgamiento de las Prestaciones Institucionales,
Administración Transparente, Eficiente y Digital y Compromiso Institucional con el
Bienestar de la Derechohabiencia.
En resumen, la administración del IPE ha seguido una ruta difícil pero efectiva: la de la
disciplina financiera y la de la honestidad.
En la conclusión de este primer informe de Hernández Lara se destaca que “al cierre de
2025, el IPE trabaja en la construcción de un sistema de pensiones solidario sostenible,
garante de la Seguridad Social para las y los trabajadores al servicio del Estado. Esta visión,
impulsada desde diciembre de 2018, ha permitido que el crecimiento histórico de la
Reserva Técnica no sea un hecho accidental, sino el resultado directo de la continuidad de
una política de austeridad republicana y un manejo prudente
