Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Los riesgos inherentes a la actividad periodística son algo que siempre está
presente entre quienes nos dedicamos a la comunicación. Algunos lo externan,
otros lo callan, pero el riesgo está ahí y -lo que es lamentable- cada día es más
latente. *** Desde su posición como presidente de la Asociación de
Comunicadores de Veracruz (Acover), el periodista Luis Emanuel Domínguez se
ha dado a la tarea de estructurar y poner al alcance de la opinión pública las
condiciones en las que se desarrolla el periodismo, y al mismo tiempo hacernos
llegar las herramientas -jurídicas, profesionales y hasta políticas- para hacer frente
a esos retos con los que nos topamos cada día. *** Con la valiosa colaboración de
dos miembros de la directiva de Acover (Quetzalli Carolina Vázquez y Francisco
Urbina Soto) se dio este primer ejercicio: el conversatorio denominado
“Periodismo: obstáculos y amenazas”, que tuvo la participación de tres
prestigiados juristas (Tomás Mundo Arriasa, Laura Celia Pérez Estrada y Juan
José Llanes Gil del Ángel) quienes aportaron a los asistentes una visión más clara
del marco jurídico que se ha diseñado para la defensa de los derechos humanos y,
por lo tanto, la protección a la libertad de expresión y el derecho a la información.
*** En la retroalimentación con los profesionales de la comunicación, tanto
abogados como periodistas coincidieron en que se viven circunstancias
excepcionales, en las que se le niega a la sociedad el acceso a la información que
debería ser pública y se persigue a los periodistas que investigan más allá de lo
que al gobierno (en todos sus niveles) le conviene. *** El tema da para muchos
eventos como el que se dio el pasado sábado en Xalapa. Hay otras sedes que han
retomado esta iniciativa y ya han levantado la mano para mantener viva la
conversación. *** ¡Muy bien!
El periodista Pascal Beltrán del Río se refirió a “un guion”, esto es, a un detallado
instructivo que utilizan quienes hoy detentan el poder:
“… Para los gobiernos de Morena, la realidad no es un conjunto de hechos
comprobables, sino una plastilina maleable que se ajusta según el humor
matutino. No importa si se trata de un colapso de infraestructura, un escándalo de
corrupción con nombres y apellidos, un derrame de hidrocarburo o una cifra de
violencia que haría palidecer a cualquier país en guerra; la respuesta siempre será
un guion perfectamente ensayado que oscila entre la amnesia selectiva y el
martirio heroico”.
Y, en efecto, esa ha sido la ruta ocupada por el gobierno para negar (primero),
minimizar (después) y finalmente reconocer el desastre natural que se vive hoy en
el Golfo de México.
La organización ambientalista Greenpeace dio a conocer que el primer derrame de
hidrocarburos alcanzó 50 kilómetros cuadrados y habría iniciado en un barco
cerca de la plataforma Abkatún, en la Sonda de Campeche, entre el 11 y el 17 de
febrero.
Imágenes satelitales muestran que ese incidente fue conocido por las autoridades,
pero las maniobras de contención no evitaron su expansión.
Para defender su narrativa, el gobierno federal descalificó los señalamientos de
Greenpeace, exhibiendo una infografía que compartió esa organización
ambientalista a la que calificó como “claramente falsa al ser una representación
gráfica superpuesta sobre un mapa base y que no corresponde con imágenes
satelitales reales”.
La infografía era, en efecto, una representación ilustrativa y no una captura
satelital. Sin embargo, Greenpeace nunca afirmó que fuera un mapa satelital ni de
autoría propia. El gobierno utilizó la confusión generada por esa infografía para
desacreditar cualquier información que esa ONG emitiera sobre el desastre.
Lo cierto es que no ha habido información pública oportuna y suficiente sobre la
magnitud del derrame, sus riesgos ni las medidas de respuesta, a pesar de que el
Plan Nacional de Contingencia prevé notificación inmediata, evaluación del
incidente y coordinación interinstitucional.
El derrame comenzó a hacerse visible en costas de Veracruz y Tabasco a
principios de marzo, cuando comunidades pesqueras e indígenas del sur de
Veracruz reportaron el arribo de chapopote a sus playas.
Desde entonces, el incidente ha escalado hasta convertirse en uno de los
desastres ambientales costeros más graves de la región en años recientes, con
afectaciones a ecosistemas de alto valor ecológico como el Corredor Arrecifal del
Suroeste del Golfo de México, la Laguna del Ostión y los manglares. Además ha
paralizado la actividad pesquera y turística.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoció en
un comunicado del 25 de marzo que había logrado recolectar alrededor de 128
toneladas de residuos impregnados de crudo a lo largo de más de 165 kilómetros
de litoral en las inmediaciones de los puertos de Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan
y Veracruz, en la entidad veracruzana, así como en Dos Bocas, Tabasco.
Está claro que no se consigue ese volumen de hidrocarburo recogiendo sólo
“gotas” o “trazas”.
Como bien advierte Pascal Beltrán del Río… “Finalmente, cuando la tragedia es
innegable y el dolor social es palpable, llega la frase que busca sellar la grieta con
clientelismo: ‘Nadie se va a quedar sin apoyo’. Al final, todo se reduce a una
transferencia, a un monto de dinero que pretende sustituir la eficiencia, la
seguridad y la justicia”.
Epílogo.
En esta crisis institucional por el derrame de petróleo, un personaje de la
administración estatal ha sido señalado de manera reiterada por su ineficiencia y
sus omisiones: el titular de la Procuraduría del Medio Ambiente de Veracruz, Ángel
Carrizales. *** Fue hasta la cuarta semana, desde que recibió los primeros
reportes sobre la presencia de chapapote en playas de Veracruz, cuando subió a
las redes sociales oficiales que había salido a encabezar brigadas de limpieza en
la zona turística entre Veracruz y Boca del Río. *** No fue en los arrecifes, ni en
los manglares. Lo que a él -lo mismo que a la gobernadora Rocío Nahle- le
importaba, era difundir que “las playas están limpias, los turistas pueden visitar
Veracruz, porque ya no se mancharán de petróleo”. *** Bien decía el escritor
español Francisco de Quevedo: “Donde hay poca justicia es un peligro tener la
razón”. Apenas la semana pasada el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa nos
dio una buena noticia: Luego de permanecer injustamente en prisión por más de
16 meses, el comandante de la Policía Ministerial Antonio Rodríguez obtuvo la
libertad. *** En buena medida gracias al trabajo del abogado Wenceslao Solano
Santos se echaron por tierra las falsas pruebas con las que el anterior director de
la Policía Ministerial, Samuel López Leza y un elemento a su cargo -que hoy está
denunciado por abuso de autoridad- llevaron a prisión a un agente honesto, que
nunca se prestó a sus componendas. *** “Ayudaron mucho los argumentos como
el razonamiento probatorio, la insuficiencia probatoria, el estándar de prueba y la
valoración racional de la prueba, para que el juez Juan Carlos González resolviera
este caso”, explicó Tomás Mundo. *** Esta es la muestra de que con voluntad y
preparación se pueden revertir miles de resoluciones judiciales que hoy mantienen
en prisión a personas inocentes.
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