Por Miguel Ángel Cristiani G.
Hay frases que se repiten tanto en el discurso público que terminan convertidas en dogma
político. Una de ellas es la promesa de austeridad. Otra, la de terminar con los privilegios
del poder. Pero basta rascar un poco la superficie de la vida institucional para descubrir
que, detrás de la retórica, siguen existiendo prácticas que recuerdan demasiado a los viejos
vicios del sistema.
La reciente reforma aprobada en el Congreso de Veracruz sobre el régimen de pensiones
vuelve a colocar en la mesa un tema incómodo: las llamadas pensiones doradas. No es un
asunto menor ni meramente administrativo; es, en realidad, un debate ético y político sobre
la congruencia entre lo que se predica y lo que se practica en las instituciones públicas.
En círculos académicos y políticos se comenta con insistencia que el rector de la
Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, ha manifestado interés en permanecer
en el cargo el tiempo suficiente para jubilarse con una pensión que rondaría los 120 mil
pesos mensuales. De confirmarse esa cifra —que aún no ha sido desmentida con claridad—
estaríamos hablando de un ingreso que supera incluso el salario de la gobernadora del
estado, Rocío Nahle.
El dato, por sí mismo, provoca preguntas inevitables.
¿Es razonable que un funcionario público se retire con una pensión superior al sueldo de la
titular del Ejecutivo estatal?
¿Es congruente con el discurso de austeridad que ha dominado la narrativa política en los
últimos años?
¿O estamos frente a uno de esos casos donde la ley permite lo que la ética cuestiona?
Conviene recordar que las pensiones especiales no son un fenómeno nuevo en México.
Durante décadas, distintos sectores del aparato público diseñaron esquemas de retiro
privilegiados que terminaron generando desigualdades evidentes frente a la mayoría de los
trabajadores. En muchos casos, estas jubilaciones se calculaban con base en los últimos
sueldos —frecuentemente inflados— o mediante regímenes especiales creados a la medida
de ciertas élites burocráticas.
El resultado fue una bomba financiera que hoy siguen pagando los sistemas de pensiones
del país.
Por eso, cada vez que surge un caso de pensión extraordinaria, el debate rebasa lo personal
y entra al terreno del interés público. No se trata de cuestionar el derecho de un trabajador a
jubilarse dignamente; ese derecho está consagrado en la legislación laboral y es parte
esencial del Estado social. El problema aparece cuando ese derecho se convierte en
privilegio.
La universidad pública, además, tiene un papel particularmente delicado en este debate.
La Universidad Veracruzana no es una dependencia cualquiera del gobierno. Es una
institución autónoma, financiada con recursos públicos, cuyo prestigio descansa
precisamente en su autoridad moral, en su compromiso con la ética académica y en su
capacidad para formar ciudadanos críticos.
Por eso, las decisiones que se toman en su interior no pueden medirse únicamente con
criterios administrativos; también deben evaluarse bajo la lupa de la legitimidad pública.
En Veracruz, la discusión sobre las pensiones coincide además con un contexto financiero
complejo. Los sistemas de retiro en el país enfrentan presiones crecientes por el
envejecimiento de la población, el déficit de fondos y la desigualdad entre regímenes
laborales. Mientras miles de trabajadores apenas alcanzan pensiones modestas después de
décadas de trabajo, las jubilaciones de seis cifras inevitablemente generan indignación
social.
No se trata de una reacción populista, como algunos intentan descalificarla. Es una reacción
lógica frente a una percepción de injusticia.
En política, la legitimidad no se construye solo con discursos; se construye con
congruencia.
Si la narrativa dominante del gobierno federal y de muchos gobiernos estatales ha sido la
eliminación de privilegios y la instauración de una república austera, entonces esa lógica
debería aplicarse también dentro de las universidades públicas y de todos los organismos
financiados por el erario.
De lo contrario, el mensaje que recibe la ciudadanía es devastador: que la austeridad es para
unos y la comodidad institucional para otros.
La transparencia sería el primer paso para disipar dudas. Si el rector de la universidad tiene
derecho legal a una pensión determinada, lo correcto sería explicar con claridad los
criterios, montos y fundamentos normativos que la sustentan. La opacidad solo alimenta
sospechas.
Pero más allá de la legalidad estricta, el fondo del asunto sigue siendo político y moral.
Las instituciones públicas viven de la confianza social. Y esa confianza se erosiona cada
vez que el ciudadano percibe que el sistema sigue reproduciendo privilegios en las alturas
mientras predica sacrificios en la base.
En tiempos donde el discurso oficial insiste en que se terminó la era de los abusos y las
prebendas, cualquier pensión que huela a privilegio se convierte inevitablemente en una
prueba de coherencia para el poder público.
Porque en democracia la legalidad puede justificar muchas cosas… pero la ética termina
juzgándolas todas.
Y cuando el retiro de un funcionario público vale más que el salario de la
gobernadora, el problema ya no es la pensión: es la credibilidad del sistema entero.
