Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Apenas la semana pasada, el Comité de las Naciones Unidas contra la
Desaparición Forzada anunció que decidió solicitar al Secretario General que
remita a la Asamblea General la situación de las desapariciones en México “para
que tome medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación,
castigo y erradicación de este crimen”. *** Ese Comité concluyó que hay “indicios
fundados” de que en México se han cometido y se siguen cometiendo
desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad,
alegando que se han producido ataques generalizados o sistemáticos contra la
población civil en diferentes partes del país. *** Sin embargo, el Comité no dejó de
subrayar que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer
desapariciones y tomó nota de la postura de México de que muchas
desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes
del Estado. *** A pesar de ello, el Comité destacó que, en algunos de los casos
denunciados, recibió información fundamentada que apuntaba a la participación
directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia. *** El
Comité aclaró que el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa
humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas
esferas del Gobierno. “Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el
hecho de que se dirijan contra la población civil”, afirmó el presidente del Comité,
Juan Albán-Alencastro. *** Para dar una idea de la magnitud de los casos
registrados, en el informe de la ONU se mencionó el continuo hallazgo de fosas
clandestinas en el país, estimando que se han encontrado más de 4,500 fosas,
que contienen más de 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos, además de unos
72,000 restos humanos no identificados. *** El diagnóstico es lapidario: “A pesar
de las medidas adoptadas en los últimos años, la situación no ha mostrado una
mejora sustancial (…) Las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la
crisis, y siguen siendo urgentemente necesarias reformas estructurales para
prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas”. *** El Comité
solicitó a la Asamblea que considere adoptar medidas para proporcionar la
cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el país
requiere para las operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación de las
desapariciones y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen
organizado. *** Pidió también establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la
verdad y prestar asistencia y protección a las familias, las organizaciones y los
defensores que buscan a los desaparecidos. *** El gobierno de México rechazó el
informe de la ONU y lo calificó de “tendencioso y falto de rigor jurídico”. Subrayó
que esa instancia omite los avances contra esa problemática que desde 2018 se
trabajan, a la vez que “excede” su mandato al presentar un documento en el que
amplió indebidamente el alcance de la definición de desaparición forzada. *** “El
gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, refutó
la administración federal, al tiempo que puntualizó que el país “está abierto a la
cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su
realidad actual”.
Bien decía el poeta griego Hesíodo: “Sé prudente. Lo mejor en todo es escoger la
ocasión”.
Después del proceso electoral del 2024, Pepe Yunes ha mantenido una actitud
discreta. No ha dejado de recorrer la entidad, no ha dejado de tender la mano a
quien le extiende la suya, pero había sido especialmente discreto respecto a la
actuación de la actual gobernadora, Rocío Nahle.
La situación actual, sin embargo, ameritaba un posicionamiento firme -respetuoso,
sí, pero firme- para que los veracruzanos confirmen que él sigue estando del lado
de las causas justas.
— La incompetencia del Gobierno no debe normalizarse. En este periodo
vacacional el sector turístico veracruzano atiende a millones de vacacionistas, los
ayuntamientos trabajan con lo que tienen, las microempresas prestan servicios sin
apoyo, los pescadores sortean la temporada solos.
En sus palabras se resume la ineficacia de la actual administración estatal para
atender con prontitud el impacto del gigantesco derrame de hidrocarburo en el
Golfo de México, la tiránica reducción del presupuesto para el sector turismo, el
nulo apoyo para los pescadores en la entidad con el más largo litoral en el país.
Para Pepe Yunes, quien había guardado prudente silencio, llegó el momento de
levantar la voz y exigir, como veracruzano, respuestas claras y contundentes de la
administración estatal.
— Mientras, el gobierno estatal disminuye el presupuesto en Turismo, minimiza la
inseguridad que lo rebasa y procura ocultar una crisis ambiental sin declaratoria de
emergencia.
Y es que podrán las plumas asalariadas responder con diatribas al mensaje del
político veracruzano, pero no podrán desmentir una sola de sus palabras. La
gobernadora Rocío Nahle no ha entendido (o “hace como que la virgen le habla”)
que no se le critica por el derrame de petróleo, como no se le criticó el año pasado
por el desbordamiento de ríos y la inundación de ciudades enteras en el norte de
la entidad.
En ambos casos se le cuestiona su lenta reacción, que en el caso de las
inundaciones costó vidas humanas y que en lo que se refiere al derrame de crudo,
está provocando un daño al ecosistema que podría tardar muchos años en
restaurar.
Lo que se le reclama es que, en principio, son mediar investigación alguna, su
interés sea el de minimizar las tragedias, lo que congela cualquier reacción de los
cuerpos de emergencia.
Se le reclama que pretenda endilgar a quienes han difundido con estricto rigor la
dimensión y las consecuencias del derrame de petróleo, la intención de afectar a
quienes viven del turismo de playa, cuando ha sido su gobierno el que ha sido
omiso en la promoción e impulso de la industria turística. Baste con revisar el
despiadado recorte que dispuso para ese sector en el presente año.
Se le exige que dé una explicación, al hecho de que en ninguna de esas dos
afectaciones (las inundaciones en el norte de la entidad y el derrame de petróleo
en el Golfo) haya contado su administración con un seguro de protección contra
desastres naturales. El año pasado argumentó que “era muy caro” y anunció la
creación de uno propio, que no ha sido activado para el respaldo de pescadores y
empresarios turísticos que resultaron afectados con la presencia de chapopote en
las playas, ni para la protección de reservas ecológicas que están sufriendo por la
presencia del petróleo.
La de Pepe Yunes es una voz autorizada y muchos veracruzanos la valoran hoy
mucho más.
Epílogo.
Y a propósito de la actitud omisa del gobierno estatal, el grupo interinstitucional
conformado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), Pemex y la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente, anunció que logró recolectar 894.2 toneladas de hidrocarburo a lo largo
de más de 630 kilómetros de costa del Golfo de México, con lo que permitió que
sólo 25 playas del estado de Veracruz dejaran de registrar arribo del
contaminante. *** Estas 25 playas de Veracruz, además de otras 7 de Tabasco,
suman 32 de las 48 zonas que originalmente registraban presencia de
hidrocarburo a lo largo del Golfo de México. *** Del total del petróleo recolectado,
853.6 toneladas fueron extraídas directamente de las playas y 40.6 del mar. Para
lograrlo, se movilizaron 3,365 elementos que recorrieron más de 630 kilómetros de
costa, apoyados por 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos, 6 aeronaves
tripuladas y 6 drones, entre aéreos y submarinos. *** Y a propósito del período
vacacional. ¿Recuerdan que hace algunos años la noticia al final de las
vacaciones era que “se había conseguido saldo blanco”? Este año esa no será la
nota. Al menos dos familias que decidieron visitar las playas de Veracruz ya no
regresarán completas, pues alguno de sus miembros perdió la vida al sucumbir
ante la fuerza del oleaje y las mareas.
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