AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Fechado el pasado jueves 2 de abril en Ginebra, su ciudad sede, el Comité de las Naciones
Unidas contra la Desaparición Forzada (CED en inglés) emitió un comunicado de prensa en
el que pidió remitir de manera urgente la situación de las desapariciones forzadas en
México a la Asamblea General para que esta considere medidas destinadas a apoyar al
Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.
En su decisión, el organismo indicó que la información que ha recibido parece contener
indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo
desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
El procedimiento –según remarcó en su comunicado– es de carácter preventivo y busca
movilizar la atención y el apoyo internacionales, más no de establecer la responsabilidad
penal individual.
El anunció sacudió y agitó al morenismo, pues esta es la primera vez que se activa este
proceso basado en el artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada, desde su
aprobación en 2006.
El Gobierno de México, obviamente, rechazó de manera tajante el informe del Comité de
Desapariciones Forzadas al acusar que está desactualizado, al referirse a casos que
ocurrieron en los Gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-
2018) –sexenios en los que en Veracruz gobernó el ex priista Javier Duarte de Ochoa–, y
que carece de rigor jurídico.
“El procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones
forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado y en
que las autoridades se niegan a actuar y cooperar”, señaló en un posicionamiento.
“Dicho marco no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una
transformación estructural en la materia”, remarcó el gobierno que preside la morenista
Claudia Sheinbaum.
Este diferendo ha colocado en posiciones encontradas a la propia Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) y algunas comisiones estatales, entre ellas la de la Ciudad de
México, que gobierna Clara Brugada, de Morena.
La CNDH, que preside Rosario Piedra Ibarra, rechazó abiertamente la solicitud de llevar el
asunto de los desaparecidos en México ante la Asamblea General de la ONU y arremetió
inclusive contra algunas de las organizaciones civiles que enviaron información a esta
instancia, ya que, señaló, están “caracterizadas por su manipulación de las demandas en
materia de derechos humanos en nuestro país”.
La hija de la difunta activista Rosario Ibarra de Piedra, quien falleció sin dar con el
paradero de uno de sus hijos, enfatizó que en México la desaparición forzada “ha dejado de
ser política de Estado, como sí lo fue entre 1951 y 1990 y luego, de manera subrepticia y
selectiva en complicidad con grupos delincuenciales, en los años de la llamada ‘guerra
contra el narcotráfico’”. Los casos cometidos por autoridades federales, aseguró, han
venido descendiendo desde 2018, “hasta prácticamente desaparecer”, afirmó la presidenta
de la CNDH, quien en un comunicado emitido el sábado 4 indicó que la determinación del
CED carece no sólo de sustento y análisis histórico, sino que propone reproducir dinámicas
de una supuesta “colaboración internacional que en el pasado se impulsaban y no
condujeron a una mejora real en materia de derechos humanos”.
En contraparte, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México destacó que la
decisión del citado comité de la ONU de remitir la situación de México a la Asamblea
General “plantea condiciones para fortalecer el diálogo y la cooperación a fin de consolidar
una política integral de Estado”.
En su comunicado, difundido también el sábado anterior, el organismo capitalino señaló
que el contexto de desapariciones que atraviesa el país “requiere mantener una disposición
abierta al escrutinio y a la cooperación técnica, tanto de instancias nacionales como
internacionales de derechos humanos que, durante décadas, han acompañado esta agenda
con aportes valiosos para la búsqueda, la verdad, la justicia y la reparación”.
La comisión de la CDMX aseguró que el llamado del comité de la ONU “abre una
coyuntura para establecer un diálogo constructivo y participativo, orientado a generar
nuevas alternativas, rutas y posibilidades de colaboración frente a los retos que persisten
para romper los círculos de colusión, impunidad y desprotección”.
Al día siguiente tuvo que salir la jefa del gobierno capitalino, Clara Brugada, a respaldar
públicamente a la presidenta Sheinbaum y su política de atención a personas desaparecidas,
manifestando su rechazo a la utilización política del informe emitido por el comité de la
ONU para promover una agenda de vulneración de la soberanía de México y del derecho
internacional.
En un documento difundido en sus redes sociales, la mandataria de la CDMX calificó los
resultados del informe presentado por el organismo internacional de cuestionables, pues
decidió no valorar las medidas adoptadas por el Estado mexicano para enfrentar y erradicar
este fenómeno.
Afirmó que, en la actualidad, el gobierno federal no reprime ni desaparece, como ocurrió
durante los gobiernos autoritarios del antiguo régimen que desarrollaron una represión
sistemática contra la población civil, con miles de casos documentados.
Brugada señaló que resulta grave que un informe de tal relevancia se base en casos
ocurridos de 2009 a 2017, pero se extrapole lo sucedido durante ese periodo a la realidad
actual de México, y no se reconozca la enorme transformación de la política de seguridad y
atención a personas desaparecidas desde 2019.
En ese sentido, rechazó las narrativas que afirman una supuesta colusión entre crimen
organizado y gobierno de México, por ser infundadas y por servir a intereses injerencistas,
así como el uso político del dolor de las familias de las personas desaparecidas.
Cuestionó, además, que el informe no distinga de forma adecuada la desaparición forzada
por el Estado de la perpetrada por civiles u organizaciones criminales, como tampoco
reconoce la estrecha relación entre el aumento de las desapariciones y la denominada
“guerra contra el narcotráfico” declarada por Felipe Calderón.
“En 2018, el pueblo de México derrotó democráticamente una política de seguridad basada
en la violación sistemática de los derechos humanos y en la guerra, cuyas consecuencias
seguimos sufriendo”, puntualizó.
Finalmente, la mandataria capitalina expresó su solidaridad con las familias de las personas
desaparecidas en el país y la Ciudad de México. “Su dolor nos convoca y nos obliga. Es
una herida abierta y un dolor compartido que nos atraviesa como sociedad.
“Por ello, reafirmamos el compromiso de nuestro gobierno de caminar junto a las víctimas,
de escuchar a las familias y de construir, de la mano con la sociedad civil, una política
pública cada vez más integral, más humana y más eficaz”, apuntó.
¿Alguien ha visto u oído algún posicionamiento de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Veracruz que actualmente preside Minerva Regina Pérez López? La pregunta
se hace porque entre 2009 y septiembre de 2025 la CNDH registró 396 quejas por hechos
que incluyeron la desaparición forzada o involuntaria de personas. En el reporte del Estado
mexicano se expone que los años con mayor número de expedientes fueron de 2009 a 2012,
al sumar 272, es decir, 68.7 por ciento del total. Y Veracruz, con 42, era la segunda entidad
con más quejas, sólo superada por Tamaulipas, que sumaba 72. Los estados que les seguían
eran Michoacán (40), Chihuahua (38) y Coahuila (34). Las cinco entidades acumulan 226
expedientes.
En su edición impresa del domingo pasado, el diario La Jornada documentó que, de enero
de 2025 a la fecha, se han registrado al menos cinco disculpas públicas de autoridades
locales y federales por desaparición o asesinatos. Los actos de reconocimiento de
responsabilidad se realizaron entre uno y cinco años después de que se ordenaron por
recomendaciones de comisiones nacionales, estatales e internacionales de derechos
humanos.
El diario capitalino más afín a la 4T refirió que uno de estos casos tiene que ver con la
desaparición forzada de ocho elementos de la policía municipal de Úrsulo Galván en 2013
–durante la administración del ex gobernador Duarte de Ochoa–, por el cual el gobierno del
estado de Veracruz pidió perdón en agosto del año pasado en cumplimiento a una
recomendación emitida por la CNDH en 2019.
Igual, en agosto de 2025, el Estado mexicano ofreció disculpas públicas por la desaparición
forzada de Yonathan Mendoza el 11 de diciembre de 2013 en Veracruz –también durante la
gestión duartista–, en la que participaron efectivos estatales y de la Semar. El
reconocimiento se hizo tras una resolución del Comité de Naciones Unidas contra la
Desaparición Forzada en marzo de 2023.
