Por Miguel Ángel Cristiani G.
En política, las palabras pesan… pero los actos pesan más. Y cuando desde la tribuna del
poder se exige congruencia, la prueba no es el discurso sino la conducta. La presidenta
Claudia Sheinbaum lo dijo con claridad: quien quiera ser candidato en 2027 deberá
renunciar primero a su cargo público.
No es un asunto menor. Es, en realidad, uno de los temas más sensibles de la vida
democrática mexicana: el uso del poder público como trampolín electoral.
Durante décadas, en México se normalizó una práctica que contaminó la competencia
política: funcionarios que, mientras cobraban del erario, hacían campaña con recursos,
estructuras y tiempos institucionales. Gobernadores, secretarios, delegados y hasta alcaldes
convertían las oficinas públicas en cuarteles electorales. El ciudadano pagaba la nómina…
y también la campaña.
Por eso, lo que hoy plantea la presidenta no es una ocurrencia ni una concesión moral. Es,
en el fondo, un principio elemental de equidad democrática.
La discusión surgió tras cuestionamientos sobre el activismo político anticipado de algunos
funcionarios vinculados al partido gobernante, Movimiento Regeneración Nacional. En
diversas entidades del país, figuras del oficialismo ya recorren territorios, organizan
eventos y posicionan su imagen rumbo al proceso electoral de 2027.
El fenómeno no es nuevo. Desde hace años, los llamados “destapes adelantados” se
volvieron práctica común. Lo novedoso ahora es que desde la Presidencia se haya puesto
un límite político claro: si quieren competir, primero deben dejar el cargo.
La lógica es sencilla. Un funcionario en funciones dispone de ventajas evidentes:
visibilidad mediática, recursos administrativos, control territorial y acceso permanente a la
agenda pública. Competir desde el cargo rompe el principio básico de igualdad entre
aspirantes.
La legislación mexicana ya contempla restricciones. La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la legislación electoral establecen límites para el uso de
recursos públicos con fines proselitistas. Sin embargo, la realidad política suele encontrar
caminos para bordear la ley.
Por eso, la renuncia previa no solo es una decisión administrativa; es una señal política.
Ahora bien, también conviene decirlo con franqueza: la verdadera prueba no será la
declaración presidencial, sino su cumplimiento.
Porque en la política mexicana —y eso lo sabe cualquier observador con memoria— las
reglas suelen ser estrictas… hasta que llegan los intereses internos del poder. Y entonces
aparecen las excepciones, los silencios o las interpretaciones convenientes.
Si el criterio de la presidenta se aplica con rigor, enviará un mensaje potente: el poder no se
utiliza como plataforma personal.
Si no se aplica, quedará como otra frase correcta que se diluye en el pragmatismo político.
Además, hay un punto que merece atención. La exigencia de renuncia debe aplicarse con el
mismo rasero para todos: secretarios, subsecretarios, gobernadores, legisladores, alcaldes y
cualquier funcionario que aspire a competir. La equidad electoral no admite privilegios
jerárquicos.
De lo contrario, el discurso de austeridad republicana y ética pública quedaría reducido a
retórica.
El reto también alcanza a los partidos políticos. Morena, que llegó al poder prometiendo
transformar las prácticas del viejo régimen, tiene ahora la responsabilidad histórica de
demostrar que su narrativa de cambio no se queda en slogans.
Porque la política mexicana ha vivido demasiados ciclos de promesas que terminan
replicando las viejas costumbres.
Renunciar al cargo para buscar otro no es un sacrificio: es una obligación ética cuando se
administra dinero público.
Al final del día, lo que está en juego no es la carrera de un funcionario ni la disciplina
interna de un partido. Lo que se juega es algo más profundo: la confianza ciudadana en la
imparcialidad del poder.
Y esa confianza —hay que decirlo sin rodeos— es uno de los bienes más escasos en la
democracia mexicana.
Si la instrucción presidencial se cumple, será un paso hacia una política más limpia; si no,
será simplemente otro capítulo de la larga historia del poder que exige moral… pero rara
vez la práctica.
