Por Miguel Ángel Cristiani G.
En política, lo que se ordena desde el poder suele convertirse en una prueba de
lealtad. Pero también —y con frecuencia— en un termómetro de congruencia.
Y en estos días, ese termómetro está midiendo la temperatura política dentro
del partido oficial Morena con una pregunta simple: ¿quién está dispuesto a
dejar el cargo para competir por otro?
La instrucción vino desde la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Desde la conferencia matutina —esa tribuna institucional convertida en
escenario cotidiano de la política nacional— dejó claro que quienes aspiren a
un cargo de elección popular por Movimiento Regeneración Nacional deberán
renunciar previamente a sus funciones si actualmente ocupan un cargo
público, ya sea federal, estatal o municipal.
La lógica parece elemental: evitar que los aspirantes utilicen recursos
públicos, influencia institucional o ventajas administrativas para posicionarse
electoralmente. No es un invento nuevo. Es un principio básico de equidad en
las contiendas que, de hecho, ha sido defendido durante años por la propia
izquierda mexicana cuando era oposición.
La pregunta inevitable es si ese principio se aplicará con la misma disciplina
que antes se exigía a los gobiernos priistas y panistas.
A nivel federal ya comenzaron a aparecer las primeras respuestas. Tres
senadoras de Morena pidieron licencia para competir en las elecciones que
vienen: Beatriz Mojica en Guerrero, Imelda Castro en Sinaloa y Andrea
Chávez en Chihuahua.
El caso de Mojica es particularmente interesante: en Guerrero aparece como
una de las figuras más competitivas dentro del oficialismo. En Sinaloa, Imelda
Castro entra a un terreno político complejo, donde las estructuras locales
pesan más que las simpatías nacionales. Y en Chihuahua, Andrea Chávez
enfrenta un escenario más complicado: aunque cuenta con respaldo político en
el Senado, en territorio parece ir por debajo del alcalde juarense, Cruz Pérez
Cuéllar, quien mantiene una presencia política más consolidada en la frontera.
Hasta ahí, la disciplina partidista parece caminar.
Pero cuando se baja la lupa al nivel estatal —particularmente en Veracruz— el
panorama cambia de manera curiosa.
Porque en el terruño veracruzano, hasta ahora, nadie ha presentado renuncia
para buscar una candidatura de Morena.
Ni funcionarios federales asentados en el estado.
Ni secretarios del gobierno estatal.
Ni alcaldes con aspiraciones evidentes.
Ni delegados que llevan meses en abierta promoción política.
Y eso abre una interrogante que va más allá del simple trámite administrativo.
Si la instrucción vino desde la Presidencia, ¿por qué nadie se mueve?
Hay varias posibles explicaciones. La primera es política: muchos aspirantes
esperan que las definiciones se retrasen para no soltar el cargo antes de
tiempo. La segunda es estratégica: nadie quiere quedarse sin puesto y sin
candidatura al mismo tiempo. Y la tercera —la más incómoda— es que quizá
algunos creen que la instrucción presidencial aplica para otros… pero no para
ellos.
En la cultura política mexicana existe un viejo vicio: la simulación. Se acata el
discurso, pero se evade el costo. Se respeta la forma, pero se estira la norma
hasta donde aguante.
Y ahí es donde empieza a ponerse a prueba la llamada “transformación”.
Porque gobernar con autoridad moral implica algo más que repetir consignas:
exige coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Si Morena quiere demostrar que es distinto a los partidos que durante décadas
criticó, tendrá que empezar por aplicar sus propias reglas con la misma
severidad con que antes exigía las de los demás.
Y eso incluye algo tan simple —y tan difícil— como renunciar al poder
cuando se quiere aspirar a otro.
Porque en política la congruencia no se proclama en la tribuna: se demuestra
con decisiones personales.
Y hasta ahora, en Veracruz, el silencio de las renuncias empieza a sonar más
fuerte que cualquier discurso.
