Por Miguel Ángel Cristiani G.
A veces el abandono habla más fuerte que los discursos oficiales. Basta caminar por el primer cuadro del puerto de Veracruz para entenderlo: balcones sostenidos por milagro, muros que se desmoronan, techos vencidos por el tiempo y edificios históricos convertidos en ruinas urbanas. No es una metáfora; es la postal real que ven miles de turistas cada semana.
Hace apenas unos días señalábamos en este espacio algo elemental: el deterioro del Centro Histórico no es solo un problema estético, es un riesgo público. Cuando una fachada centenaria amenaza con desplomarse sobre la banqueta, el asunto deja de ser patrimonial y se vuelve una cuestión de seguridad.
Por eso resulta relevante —y necesario— el anuncio de que el Gobierno de Veracruz intervendrá inmuebles abandonados en el Centro Histórico del puerto. La gobernadora Rocío Nahle García lo dijo con claridad: “no podemos seguir esperando a que los dueños quieran arreglar”.
La frase tiene sentido. Durante décadas, la historia del centro porteño ha sido una mezcla de abandono privado y omisión pública. Muchos edificios pertenecen a particulares que, por especulación inmobiliaria, desinterés o falta de recursos, simplemente los dejaron morir. Mientras tanto, las autoridades miraban hacia otro lado.
El problema no es menor. El Centro Histórico de Veracruz no es cualquier zona urbana. Es uno de los espacios con mayor valor histórico del país. Desde ahí se ha contado buena parte de la historia nacional: el comercio colonial, las invasiones extranjeras, el auge del puerto, el tránsito cultural del Golfo de México.
Pero hoy, entre restaurantes, hoteles y comercios activos, sobreviven también decenas de casonas abandonadas que parecen salidas de una ciudad fantasma.
La paradoja es evidente: Veracruz vive en gran medida del turismo, pero descuida uno de los escenarios más emblemáticos de su identidad urbana.
El deterioro no solo afecta la imagen de la ciudad. También impacta la economía local. Un centro histórico en ruinas ahuyenta inversiones, limita la actividad comercial y reduce el potencial cultural del puerto. Ciudades del mundo han demostrado lo contrario: cuando el patrimonio urbano se rescata, el turismo crece, el comercio se dinamiza y la identidad colectiva se fortalece.
Ahí están ejemplos como Cartagena, La Habana Vieja o el propio Centro Histórico de la Ciudad de México, donde la recuperación del patrimonio fue resultado de políticas públicas sostenidas, inversión y coordinación con los propietarios.
En Veracruz, en cambio, la recuperación ha sido lenta, fragmentada y muchas veces simbólica.
Por eso la intervención gubernamental anunciada plantea una discusión necesaria: ¿hasta dónde debe llegar el Estado cuando la propiedad privada abandona su responsabilidad histórica?
La Constitución protege la propiedad, sí, pero también reconoce la función social del patrimonio cultural. Cuando un inmueble histórico amenaza con colapsar o deteriora el entorno urbano, el interés público no puede seguir esperando la buena voluntad del propietario.
No se trata de expropiar indiscriminadamente ni de imponer decisiones arbitrarias. Se trata de aplicar la ley, promover la restauración, incentivar la inversión y, cuando sea necesario, intervenir para evitar que la memoria arquitectónica de una ciudad termine convertida en escombros.
El rescate del Centro Histórico de Veracruz requiere algo más que declaraciones. Necesita un programa integral: inventario de inmuebles abandonados, mecanismos legales para intervenirlos, incentivos fiscales para su restauración, participación de universidades y especialistas en conservación, y una visión de desarrollo urbano que entienda que el patrimonio no es un estorbo, sino un activo económico y cultural.
Porque el deterioro del centro no ocurrió de la noche a la mañana. Es el resultado de décadas de indiferencia institucional y de propietarios que dejaron que el tiempo hiciera el trabajo de demolición.
Si el gobierno estatal realmente está dispuesto a actuar, el anuncio puede ser el inicio de una política urbana largamente esperada. Pero el reto será pasar del discurso a la obra concreta, del anuncio mediático al rescate real de las calles, las fachadas y la historia que todavía resiste entre los muros del viejo Veracruz.
Porque una ciudad que permite que su patrimonio se derrumbe no solo pierde edificios: pierde memoria, identidad y dignidad urbana.
Cuando una ciudad o municipio deja caer sus edificios históricos por abandono y desidia, lo que termina en ruinas no es la arquitectura, sino la responsabilidad pública de quienes debieron protegerla.
