Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Ahora es cuando se verá si en realidad hay una actitud de apertura por parte de la
Fiscalía General del Estado (FGE) a las recomendaciones que emiten los
organismos defensores de los derechos humanos. *** El ombudsman veracruzano
(CEDHV) emitió una recomendación a la FGE por la tortura a la que fue sometido
Diego Fernando Bonilla, un indígena de la Sierra Norte de Veracruz, por parte de
elementos de la Policía Ministerial. *** El 29 de mayo de 2023 (cuando la titular de
la Fiscalía era Verónica Hernández) Diego Fernando presenció un homicidio en la
comunidad El Pericón, municipio de Texcatepec. Al día siguiente, fue llevado a la
Fiscalía Itinerante de Huayacocotla para que rindiera su declaración y fue en ese
momento que fue torturado por policías ministeriales para obligarlo a incriminar a
otra persona. *** Diego Fernando Bonilla se negó a declarar los hechos como se lo
instruían los agentes y ahí mismo, ante un intérprete, denunció que había sido
víctima de tortura. A pesar de ello fue obligado a firmar hojas en blanco, que
fueron utilizadas para elaborar una declaración que nunca consintió. La
declaración fabricada fue utilizada para detener a otra persona. *** El pasado 16
de abril la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz emitió la
Recomendación 17/2026, dirigida a la Fiscalía, en la que acreditó que Diego
Fernando fue privado de la libertad de manera arbitraria y sometido a tortura.
Además, determinó que la Fiscalía incumplió su obligación de investigar la tortura
de manera diligente. *** Ya la actual titular de la Fiscalía, Lisbeth Aurelia Jiménez
Aguirre ha admitido otras recomendaciones de la CEDH, pero en esta se exhibe la
actuación de su antecesora, Verónica Hernández. *** La recomendación llegó
respaldada por organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de
los derechos humanos.
Es digna de elogio, sin duda, la actitud del secretario de Gobierno, Ricardo Ahued,
quien -dicen- “dio un golpe en el escritorio y se dijo “cansado” de que haya
servidores públicos en la administración estatal que no estén alineados con el
esfuerzo que realiza todos los días la gobernadora Rocío Nahle.
El secretario de Gobierno se refería, por supuesto, a funcionarios de la Secretaría
de Salud que no han cumplido con compromisos que hizo la gobernadora desde el
año pasado.
Lástima que su exabrupto no haya servido de nada.
El problema es evidente: Ricardo Ahued no tiene capacidad de decisión, todo lo
que le plantea el sindicato de trabajadores del sector salud tiene que ser
consultado con la gobernadora que, conociéndose, prefiere no darles la cara a los
trabajadores inconformes.
Este miércoles se cumplieron tres días de paro laboral en hospitales, centros de
salud y jurisdicciones sanitarias. La representación del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) se levantó de la mesa de
negociación con Ricardo Ahued por la “falta de respuestas” a su pliego de
demandas.
El Secretario General de la Sección 70, Jesús Galicia Reyes, anunció que se
endurecerán las acciones si el gobierno no atiende sus planteamientos.
“Nos reunimos con el secretario de Gobierno y la conclusión es que quieren
modificar -o eliminar- derechos laborales que corresponden a más de 20 mil
trabajadores (…) no existe disposición para resolver las demandas”.
Todos -autoridades, trabajadores y la sociedad- conocen el origen de este
conflicto: al gobierno “se le ocurrió” crear un bodrio al que llamó “IMSS Bienestar”
y en su disparate incluyeron el traslado de empleados del sector salud de los
gobiernos estatales (los que firmaron el convenio) a esa nueva estructura federal.
Nadie se puso a pensar en las condiciones laborales de todo ese personal y en las
consecuencias de un movimiento administrativo de tal magnitud.
El sindicato advierte sobre el riesgo de que desaparezca el escalafón, la
interrupción de asignación de plazas y la cerrazón de las autoridades para
coordinarse con la representación sindical.
“No aceptaremos una transición si no se respetan los derechos adquiridos de los
trabajadores”, advirtió el dirigente sindical.
Cuando la gobernadora Rocío Nahle fue consultada por la prensa sobre este
problema -el pasado lunes- admitió que su solución era compleja, pero no dejó
pasar la oportunidad para aclarar que se estaba generando “un cambio de patrón”
(del gobierno estatal al federal), asumiendo con ello que tendría que ser el nuevo
patrón (IMSS Bienestar) el que tendría que ayudar a resolver el conflicto.
Al problema gremial se suma otro que lleva ya más de seis años: la falta de
medicamentos e insumos en los centros de salud, lo que desemboca en una
fallida atención a la población de Veracruz.
Es una crisis que no se resolverá “pegando duro en el escritorio”.
Epílogo.
Contrario a lo que se pudiera pensar, la llegada del maestro Esteban Bautista al
Congreso local no ha servido para resolver los añejos conflictos en Tatahuicapan.
*** Este miércoles el Comisariado Ejidal acusó al alcalde Vladimir González
Martínez de negociar “sin consultar a la asamblea” acuerdos relacionados con la
presa Yuribia y de autorizar el ingreso de basura proveniente del municipio de San
Pedro Soteapan al territorio ejidal. *** El Comisariado Ejidal advirtió a través de un
comunicado que podrían tomar la decisión de tomar la presa Yuribia y cortar el
suministro de agua para Coatzacoalcos y Minatitlán. *** El presidente del
Comisariado Ejidal, Fidencio Bautista Gutiérrez; la secretaria Soledad Márquez
Hernández; el presidente del Consejo de Vigilancia, Epifanio Bautista González, y
el tesorero Andrés Hernández Castillo, convocaron a una asamblea para el
próximo domingo y si de esa reunión sale el acuerdo, cerrarán las válvulas de la
presa. *** Atento a la “recomendación” de la gobernadora Rocío Nahle, el alcalde
de Nanchital, José Luis Pérez Salinas, salió a informar que gana “menos de 100
mil pesos mensuales” y aseguró que esa cifra es menor a la que cobrara la
anterior alcaldesa. El problema es que, aún así, el alcalde está ganando más que
lo que percibe la gobernadora, por lo que tendrá que hacer un ajuste. *** Mientras
tanto, en Poza Rica, la “sugerencia” de la gobernadora le hizo a la alcaldesa
Adanely Rodríguez lo mismo que el viento a Juárez. Este miércoles difundió
boletines sobre su “intensa” agenda de trabajo, pero no hizo la menor referencia a
su salario. *** Dicen que “está muy bien amarrada”.
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