Por Miguel Angel Cristiani
Por momentos, la política mexicana parece más interesada en administrar percepciones que
en resolver problemas. La narrativa oficial —esa que se difunde con entusiasmo en
espectaculares, redes sociales y boletines institucionales— insiste en que los primeros 100
días de gobierno son sinónimo de resultados, eficiencia y cercanía con la gente. Pero la
realidad, terca como siempre, suele contar otra historia.
En el caso del municipio de Veracruz, la promoción de la imagen de la alcaldesa Rosamaría
Hernández Espejo con motivo de sus primeros 100 días de administración abre más
preguntas que certezas. Porque cuando la comunicación institucional comienza a parecer
campaña personalizada, el mensaje deja de ser informativo para convertirse en propaganda.
El caso concreto es evidente: la presencia reiterada del rostro, nombre y figura de la
alcaldesa en materiales que, en teoría, deberían informar sobre acciones de gobierno. No se
trata de un detalle menor. La línea entre informar y promocionar es delgada, pero existe. Y
cuando se cruza, no solo se vulnera el espíritu de la ley: se traiciona la confianza pública.
Surgen entonces las preguntas incómodas:
¿Se están difundiendo logros institucionales o posicionando una figura política?
¿Quién paga esa publicidad: el gobierno o la ciudadanía?
¿Es prioridad mejorar la percepción o resolver los problemas de fondo?
¿En qué momento la rendición de cuentas se convirtió en un escaparate personal?
El trasfondo del problema no es nuevo. En México, la cultura política ha normalizado el
uso de recursos públicos para construir imagen. Cambian los colores partidistas, pero no la
tentación de convertir el cargo en plataforma. Los primeros 100 días, lejos de ser un
ejercicio de evaluación, terminan siendo una pasarela de autoelogios cuidadosamente
producidos.
Aquí es donde la contradicción entre legalidad y ética se vuelve evidente. Puede
argumentarse —como suele hacerse— que todo está dentro del marco normativo, que no
hay violación explícita de la ley. Pero la ética pública no se agota en lo legal. Gobernar
implica responsabilidad, sobriedad y respeto por el dinero de los ciudadanos. Y cuando la
imagen personal se antepone al interés colectivo, el problema ya no es jurídico: es moral.
Las implicaciones son profundas. La institucionalidad se debilita cuando las dependencias
dejan de comunicar para informar y comienzan a comunicar para posicionar. La ciudadanía,
por su parte, se vuelve escéptica, desconfiada, incluso indiferente. Porque cuando todo se
presenta como logro, nada resulta creíble.
Al final, el costo no se mide en pesos ni en espectaculares, sino en credibilidad. Y esa, una
vez perdida, difícilmente se recupera. Porque en política, como en la vida, el exceso de
espejo suele terminar ocultando la realidad. Y cuando eso ocurre, ni cien días ni cien
campañas alcanzan para convencer a una sociedad que ya aprendió a ver más allá de la
imagen.
