AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
El que nos dicen que últimamente anda muuuuy nervioso es el ex alcalde porteño y actual
diputado local del PAN, Fernando Yunes Márquez.
No es para menos, pues el blindaje político que toda la familia del ex munícipe jarocho
parecía tener vigente aún con el régimen de la 4T luego de que su hermano primogénito y
su padre traicionaron a la alianza PAN-PRI-PRD al negociar en septiembre de 2024 el voto
86 en el Senado de la República para la aprobación de la polémica reforma judicial, a final
de cuentas ya no tendría mucho efecto luego de que el gobierno de Estados Unidos les
habría revocado las visas y estarían en una supuesta lista de políticos mexicanos que –según
vaticinó la semana pasada el influencer Simón Levy en su cuenta de la red social X, antes
Twitter– pronto “van a enfrentar un proceso penal” en el país vecino “por lavado de
dinero”.
Sin embargo, mientras el vaticinio de Levy se cumple, nos comentan que el aparente
nerviosismo del hijo menor del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se debería al
caso de Wardenclyffe Veracruz Puerto S.A.P.I. de C.V., una empresa con domicilio fiscal
en el municipio de Boca del Río a la que concesionó el servicio de alumbrado público de la
ciudad de Veracruz hasta el año 2033.
Y es que, como ya se informó en su momento, hace casi un mes el Cabildo porteño aprobó
la requisa de este servicio concesionado a la citada empresa, suspendiendo el pago mensual
de 16 millones de pesos que se descontaban directamente de las participaciones federales
hasta que desaparezcan las causas que la motivaron y se acredite cumplimiento del
contrato.
En sesión encabezada por la alcaldesa morenista Rosa María Hernández Espejo, el cuerpo
edilicio determinó que el gobierno municipal, a través de la Dirección de Alumbrado
Público, asumiera temporalmente la operación, administración y mantenimiento del
servicio, garantizando su prestación de manera continua y eficiente en todo el municipio.
La requisa comprendía los bienes, equipos y derechos vinculados al servicio, lo que
permitiría al Ayuntamiento garantizar de manera inmediata su operación y mejorar
las condiciones del alumbrado en el municipio. Asimismo, determinó iniciar “acciones
legales, administrativas y de revisión técnica para asegurar el correcto funcionamiento del
sistema y el uso eficiente de los recursos públicos” para “atender otras necesidades
prioritarias de la población”.
En el ayuntamiento porteño nos reafirman que el expediente es claro: la concesión de
alumbrado con Wardenclyffe es un contrato vigente que durante la administración de
Fernando Yunes se modificó, se encareció de forma desproporcionada y se llenó de
condiciones que hoy se presentan como “riesgos”. Así, tal cual.
De 450 millones de pesos a más de 1,220 millones pagados y compromisos que alcanzan
los 2,800 millones que debe pagar el Ayuntamiento del Puerto de Veracruz. “No fue
casualidad, fue su decisión”, apuntan.
Y cuestionan que ahora el ex alcalde del PAN venga a advertir que hay riesgos si continúan
la requisa aprobada por el Cabildo porteño que preside Hernández Espejo, de Morena.
“Pues, ¡claro que los hay!”, nos dicen en el ayuntamiento jarocho.
“Si él mismo los dejó ahí”, nos reafirman.
“Hay que tener mucho cinismo para salir a alertar sobre un problema que uno mismo
diseñó… como si nadie fuera a atar cabos”, reprochan.
Es como si dijera: “tengan cuidado, está complicado…”, pero olvidando que esa
complicación la construyó él mismo.
Por eso nos señalan que el debate está al revés.
No es que si “revisar” genera problemas. Es que el problema ya venía con firma. La suya.
Y ahora, por más que le incomode o le preocupe, ya está bajo revisión y seguramente se
dará una solución que realmente beneficie a la gente.
Hace poco más de tres semanas, Diego Alonso Trigos Collazo, en su calidad de
Representante Legal de la empresa Wardenclyffe Veracruz Puerto S.A.P.I de C.V., envió
un comunicado a varios medios informativos para solicitar el ejercicio de derecho de
réplica por la publicación sobre el acuerdo aprobado por el Cabildo porteño.
Trigos Collazo afirmó que contrario a lo que afirmaron en su difusión, “la realidad es que
hemos cumplido cabalmente con el contrato de alumbrado público”.
Ya lo confirmará pronto el veredicto final.
LA VERSIÓN DE
‘LOS ANGELES TIMES’
Por cierto, sobre el vaticinio que aludimos de Simón Levy, ayer domingo, el influyente
diario Los Ángeles Times publicó que el duro mensaje que la semana pasada dio el
embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en Sinaloa, donde advirtió que
los inversionistas requieren certeza y un “entorno libre de corrupción”, es el principio de
una campaña que podría derivar en acusaciones en EU contra políticos mexicanos ligados
al crimen organizado.
Refiere que durante la colocación de la primera piedra del megaproyecto de metanol
Pacífico Mexinol, Johnson dijo que el presidente estadounidense Donald Trump ha dejado
claro que “el camino hacia un futuro seguro pasa por la seguridad energética. La energía no
solo es combustible: es poder, seguridad y soberanía”. Pero que reiteró que “ninguna
empresa comprometerá recursos donde “las reglas no son claras, donde no hay
transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional”.
“Una cosa es clara: la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”, zanjó, y es
que, añadió, “eleva los costos, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que
dependen los mercados”, advirtió.
Pero según la versión de Los Angeles Times, que cita a fuentes informadas que pidieron el
anonimato, los comentarios del embajador en México son parte de una amplia campaña del
gobierno estadounidense cuyo blanco son funcionarios mexicanos sospechosos de tener
nexos con el crimen organizado.
Esta campaña, añadió, no se limitaría a la cancelación de visas para los sospechosos de
tener nexos con los cárteles mexicanos de la droga, como ha ocurrido en los últimos meses.
Esta vez, señala el diario californiano, la campaña podría incluir acusaciones a políticos
mexicanos en cortes federales, “incluyendo miembros del partido gobernante, Morena”.
El medio estadounidense detalla que los fiscales encargados de llevar la iniciativa a la
práctica podrían recurrir a informantes potenciales, y recuerda los casos de Joaquín y
Ovidio, hijos de Joaquín 2El Chapo” Guzmán, quienes se encuentran detenidos en Chicago
y firmaron acuerdos de culpabilidad. Se cree, señala el Times, que muchos de estos
detenidos mexicanos estarían ansiosos de convertirse en “delatores” de sus antiguos
cómplices, entre los que se cree se encuentran políticos y policías corruptos.
El Departamento de Estado ya ha revocado visas de diversos funcionarios de Morena,
indicó el Times, incluyendo, se presume, la de la gobernadora de Baja California, Marina
del Pilar Ávila, quien ha negado cualquier nexo con los cárteles de la droga y ahora –según
el Times– a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quien luego de la publicación
Rocha no se ha pronunciado.
¿Alguien recuerda gente incondicional de quién estaba a cargo de los reclusorios federales
cuando el 19 de enero de 2001 Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias El Chapo, se
“esfumó” inexplicablemente por segunda ocasión, esa vez del Centro Federal de
Readaptación Social (Cefereso) número 2, en El Salto, Jalisco? Exacto, le atinó: Miguel
Ángel Yunes Linares.
