Por Miguel Ángel Cristiani G.
Hay momentos en la vida pública que exhiben, sin maquillaje, quién sabe gobernar y quién
apenas sobrevive al cargo.
Las inundaciones de octubre de 2025 en la zona norte de Veracruz no sólo dejaron
viviendas anegadas, pérdidas materiales y miles de damnificados; también dejaron al
descubierto algo más grave: la fragilidad institucional de varios ayuntamientos incapaces de
reaccionar con oportunidad, estrategia y liderazgo. Meses después, el agua se fue, pero la
parálisis sigue.
Ahí están los casos de Poza Rica y Tuxpan. Municipios golpeados con dureza, sí, pero
también atrapados en una inercia burocrática que raya en la negligencia. A estas alturas, la
pregunta no es qué pasó, sino qué hicieron —o dejaron de hacer— sus autoridades. Porque
gobernar no es administrar la tragedia, no tratar de maquillarla con boletines de prensa, es
anticiparla, enfrentarla y reconstruir con sentido.
La diferencia se vuelve incómodamente evidente cuando se observa lo ocurrido en Álamo.
Mientras algunos siguen buscando culpables o pretextos, el alcalde José Roberto Arenas
Martínez decidió actuar. Y actuar, en política, no siempre significa repartir despensas o
tomarse la foto en zonas afectadas; a veces implica algo más complejo: reconstruir el ánimo
social y reactivar la economía.
La Feria de la Naranja 2026 -inaugurada este fin de semana- no es un acto menor ni un
distractor frívolo, como podrían sugerir los críticos de escritorio. Es, en términos
económicos y sociales, una estrategia de reactivación. En una región donde el cítrico es
motor productivo, apostar por una feria masiva no es frivolidad: es política pública con
sentido local.
Arenas lo dijo con claridad: no es negocio, es inversión. Y en ese matiz se juega buena
parte de la diferencia entre improvisación y visión. Porque mientras en otros municipios la
reconstrucción parece un expediente olvidado en algún escritorio, en Álamo se intenta
reconstruir infraestructura, economía y, no menos importante, tejido social.
Hay, además, un elemento simbólico que no debe minimizarse. Eliminar la zona VIP en el
Teatro del Pueblo no es un gesto menor en una cultura política acostumbrada al privilegio.
Es un mensaje: en la adversidad, la igualdad no es discurso, es práctica. Y eso, guste o no,
conecta con una ciudadanía que ya no tolera la distancia entre gobernantes y gobernados.
Por supuesto, no se trata de idealizar ni de aplaudir sin matices. La reconstrucción real se
mide en obras, servicios restablecidos, apoyos transparentes y resultados verificables. Pero
al menos hay una narrativa de acción, no de justificación.
En contraste, lo que preocupa en otros municipios es el vacío. La ausencia de una estrategia
clara, la falta de comunicación efectiva y, peor aún, la incapacidad de asumir
responsabilidades. Porque la inexperiencia puede ser comprensible; la incompetencia
persistente, no.
En términos históricos, Veracruz ha enfrentado desastres naturales una y otra vez. La
diferencia entre avanzar o retroceder no ha estado en la intensidad del fenómeno, sino en la
calidad de sus gobiernos locales. Esa es la constante que muchos parecen empeñados en
ignorar.
Hoy, la lección es incómoda pero necesaria: la crisis no sólo destruye, también revela. Y lo
que está revelando en algunos ayuntamientos es una preocupante falta de oficio político, de
planeación y de compromiso con la gente.
Porque al final del día, no se trata de quién corta el listón de una feria, sino de quién
entendió que gobernar es responder cuando más se necesita.
Y en Veracruz, hay alcaldes que todavía no entienden que el cargo no es para aprender,
sino para resolver.
