Por Miguel Ángel Cristiani G.
¿Cuántos niños intoxicados se necesitan para que una autoridad deje de tomarse selfis y
empiece a gobernar?
La pregunta no es retórica. Es brutalmente concreta en San Andrés Tlalnelhuayocan, donde
la comunidad de Otilpan y otras localidades llevan más de una década respirando, bebiendo
y viviendo entre agroquímicos. Y mientras la evidencia se acumula en los cuerpos —no en
los informes oficiales—, la autoridad municipal parece más ocupada en la narrativa digital
que en la realidad sanitaria.
Los hechos están documentados. En 2024, alumnos y maestros de la primaria Adolfo López
Mateos fueron intoxicados por fumigaciones en cultivos de papa. ¿La respuesta
institucional? No frenar el uso de plaguicidas, no investigar a fondo, no establecer
protocolos de protección. Cerraron la escuela. Es decir, se clausuró el derecho a la
educación para no incomodar al negocio agrícola. Una decisión que no sólo es torpe: es
profundamente irresponsable.
Aquí no hay espacio para matices: estamos frente a un problema de salud pública y de
violación sistemática de derechos humanos. La propia Comisión Nacional de los Derechos
Humanos lo advirtió desde 2018 en la Recomendación 82/2018: el uso indiscriminado de
plaguicidas altamente peligrosos vulnera derechos básicos como la salud, el agua y un
medio ambiente sano. Han pasado años. ¿Qué cambió? Prácticamente nada.
La comunidad lo dice sin tecnicismos: ojos irritados, piel dañada, problemas respiratorios,
trastornos hormonales, tumores. Testimonios que se repiten casa por casa. Pero en las
clínicas no hay registros. No hay expedientes que vinculen enfermedad con exposición
química. No hay seguimiento epidemiológico. No hay Estado.
Y cuando el Estado se ausenta, la realidad se convierte en territorio de la simulación.
San Andrés Tlalnelhuayocan tiene cerca de 20 mil habitantes, con 69 por ciento en pobreza
y apenas tres módulos de atención médica para toda la población. Siete médicos para una
crisis sanitaria silenciosa. Siete. Mientras tanto, la actividad papera genera ingresos
cercanos a los 9 millones de pesos anuales. El dilema es claro: economía sin regulación o
salud sin protección.
Pero ese dilema es falso. No se trata de cancelar la producción agrícola, sino de regularla
con rigor. Lo que hoy ocurre es lo contrario: una actividad rentable operando sin controles
efectivos, sin supervisión ambiental y sin responsabilidad social.
El problema no es nuevo. Desde hace al menos 14 años, la expansión del cultivo de papa
—impulsada en buena medida por arrendamientos a productores externos— ha
transformado el territorio. Lo que antes era policultivo ahora es monocultivo intensivo con
uso sistemático de agroquímicos. Y con ello, llegó la enfermedad.
Organizaciones como LAVIDA han documentado lo que el gobierno no ha querido ver.
Investigaciones independientes advierten que varias escuelas están rodeadas de cultivos
donde se aplican plaguicidas altamente tóxicos. No hay barreras, no hay regulación visible,
no hay prevención. Hay niños respirando químicos.
Y el impacto no se queda en la comunidad. La contaminación alcanza la cuenca alta del río
La Antigua, fuente de casi el 38 por ciento del agua que consume Xalapa. Estudios han
detectado residuos de plaguicidas como el clorpirifos en cuerpos de agua y fauna. Es decir,
el problema ya no es local: es regional.
Aquí es donde la omisión deja de ser incompetencia y se convierte en negligencia
estructural. Porque no sólo falla el municipio. También están ausentes instancias federales y
estatales que, por ley, deben regular, supervisar y sancionar. La Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, la Secretaría de Medio Ambiente, la de Agricultura…
todas señaladas, todas omisas.
Y mientras las dependencias se pasan la responsabilidad como si fuera expediente
incómodo, la gente paga el costo con su salud y su bolsillo, recurriendo a médicos privados
porque el sistema público simplemente no da respuesta.
La política, en estos casos, no se mide en discursos ni en publicaciones de redes sociales.
Se mide en decisiones incómodas: regular, inspeccionar, sancionar. Se mide en proteger a
la población, aunque eso implique enfrentar intereses económicos.
Porque gobernar no es administrar la imagen: es asumir el costo de hacer lo correcto.
Y hoy, en Tlalnelhuayocan, lo correcto sigue sin aparecer.
Porque cuando una autoridad permite que el veneno avance y opta por el silencio, deja de
ser omisa para convertirse en cómplice.
