Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Inició, por fin, el juicio contra Marlon Botas Fuentes, imputado como presunto
responsable del feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán, ocurrido hace cinco
años. *** Aunque con seguridad el juez lo declarará culpable y lo sentenciará a la
pena más severa -70 años de prisión- cometió tantos errores la fiscalía en la
construcción del expediente, que en otras instancias del proceso (en la justicia
federal, por ejemplo) si cayeran en juzgadores que no atienden consignas (ya
quedan muy pocos) se les podría estar cayendo el caso. *** La muerte de
Montserrat se dio luego de una supuesta discusión y riña con quien era su novio
(Marlon Botas). En el forcejeo la víctima sufrió una lesión grave en el cráneo. ***
La fiscalía asegura que un buen rato después de que la mujer quedara
inconsciente, los padres de Marlon llegaron hasta el sitio donde ocurrieron los
hechos y llevaron a Monserrat a un hospital, donde habría fallecido. *** Ante la
imposibilidad de dar con el paradero del presunto feminicida, la Fiscalía decidió
detener a sus padres y presionar a otros familiares, lo que obligó a que, en 2022,
Marlon Botas se entregara. *** Este suceso generó una fuerte reacción de
organizaciones civiles, las que confeccionaron e impulsaron una iniciativa de
reforma al Código Penal del Estado a la que bautizaron como la “Ley Montse” y
que elimina la excusa “por parentesco” en casos de feminicidio, homicidio o
ataque sexual. *** Muy pronto se conocerá el veredicto.
Con seguridad a muchos de mis lectores les habrán llegado estas promociones:
tarjetas bancarias que les ofrecen dinero en efectivo o la participación en sorteos
para ganar atractivos premios, a cambio de que “recomienden” sus servicios a sus
familiares y amigos.
Es una manera quizá “mañosa” pero legítima de sumar más cuentahabientes.
Ahora traslademos ese tipo de promociones a las finanzas públicas.
La gobernadora Rocío Nahle anunció hace un par de semanas que consiguió “un
acuerdo muy favorable” con la institución bancaria BBVA para renegociar una
parte de la deuda del gobierno estatal, justo la que estaba comprometida con
Banobras.
La gobernadora de Veracruz narró que les puso un reto a las instituciones
crediticias interesadas en participar en la renegociación: “les dimos 48 horas para
que nos pusieran en la mesa sus mejores condiciones (…) y para mi sorpresa -les
digo ‘para mi sorpresa’, porque yo no trabajaba nunca con Bancomer- ellos fueron
los que dieron la mejor opción”.
Aunque ella narró sólo la negociación de los intereses para la recompra de la
deuda, en realidad el acuerdo con BBVA fue mucho más allá. Esa misma
institución financiera maneja la nómina de más de 90 mil empleados del gobierno
estatal y administra 29 fondos creados para la atención de temas tan sensibles
como la salud, la seguridad y la educación. En diciembre de 2025, por ejemplo,
fue el banco encargado de dispersar el bono que les debían a más de 17 mil
trabajadores de la Secretaría de Salud.
Está claro que el trato con los más altos directivos de BBVA es “de beneficio
mutuo”.
Pero… ya entrados en negociaciones, la propuesta llegó -quizá- de parte de la
administración estatal: “¿Y si te consigo otra cartera crediticia para renegociarla?
¿Qué gano yo?”.
La respuesta pudo haber sido en estos términos: “bueno, depende del monto y de
los términos del acuerdo”.
“¿Monto? Para que te des una idea: la deuda de más de 200 municipios
veracruzanos que están pagando un proceso de bursatilización; los intereses son
altísimos y en lugar de reducirla, cada año les crece aún más”.
Esa es, en resumen, la explicación al “generoso” gesto de la gobernadora de
“absorber” la deuda de la bursatilización de los ayuntamientos. No quiere decir,
como algunos lo supondrían, que los municipios dejarían de pagar ese
compromiso financiero, sino que lo harían “en mejores términos”.
Y como en toda renegociación de deuda pública, se reducen los intereses, pero
crecen los plazos. Quienes se benefician son los que ahora están en las alcaldías,
pues será menor el servicio de la deuda, pero serán muchas más las
administraciones municipales que tendrán que cargar con ese pasivo.
De lo que nadie ha hablado, es de la comisión (el “moche”, como se le conoce en
el argot financiero) por llevarle todos esos clientes a la misma institución bancaria
con la que hoy trabaja el gobierno estatal.
No… en este gobierno -como en el anterior- nadie da paso sin huarache.
(Imagen ilustrativa, generada con IA).
Epílogo.
Hay que reconocer que las autoridades del gobierno estatal están prestas a
atender cualquier reclamo de la base trabajadora. En cuanto la burocracia se
moviliza para exigir el cumplimiento de sus derechos, de inmediato se aparecen
funcionarios de mediano nivel y personal del área jurídica para “buscar un
acuerdo”. *** El problema es que nunca cumplen esos acuerdos. Las minutas que
se levantan en cada mesa de negociación son utilizadas como papel sanitario y
los problemas que dieron origen al reclamo persisten. *** Acdmer Antonio Galicia
Campos, secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de
Veracruz (SEPEV) levantó la voz esta semana para advertir que no existe claridad
en la operación del Fideicomiso de Seguridad Social Institucional (FIVESSI),
creado por la actual administración. Dijo que cinco trabajadores de la Secretaría
de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) fallecieron producto de riesgos de
trabajo y sus deudos no han recibido el pago del seguro de vida que les
corresponde. *** La conmemoración, este viernes del Día del Trabajo, es una
buena oportunidad para que la gobernadora disponga que se atiendan esos temas
y que se aclare el destino que tuvo el dinero canalizado a ese fideicomiso: “no
sabemos dónde está ese recurso; si existe, no hay pago”. *** Aclaró que mienten
quienes asegura que ya se resolvieron las demandas de los trabajadores del
Poder Ejecutivo. Dijo que hay reuniones y mesas de trabajo, pero no hay una
negociación que los lleve a un buen resultado. “Por el contrario, hay despidos
injustificados, compañeras que han sido acosadas y hostigadas y -lo peor-
despedidas de manera injustificada. También hay laudos a favor de los
trabajadores que no quieren pagar y amparos a los que el gobierno se opone. Lo
cierto es que el gobierno del estado tiene una deuda multimillonaria con los
trabajadores, las negociaciones con el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued no
se han dado, las que prometió el Congreso del Estado a través de Esteban
Bautista, tampoco se han realizado y las reuniones que se han tenido, han sido
sólo para ser acto de presencia, pero no para resolver”. *** Y si “el dinero no es
problema”, entonces ¿cuál es?, ¿acaso falta de voluntad?
filivargas@gmail.com
