AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
En su edición de este mes de mayo, la prestigiada revista Proceso publica un interesante
reportaje sobre el caso Interjet, la quebrada aerolínea de la familia del ex gobernador
Miguel Alemán Velasco. En su texto, titulado “El vuelo de los Alemán que terminó
estrellándose en deudas y crimen organizado”, la reportera Camila Ayala Espinosa resume
que “ésta es la historia de cómo Interjet, en su ambición por las ganancias fáciles en el
mercado aéreo mexicano, se relacionó con esquemas de huachicol fiscal, sobre todo con el
Cártel Jalisco Nueva Generación, y transfirió recursos a una empresa creada en Irlanda” por
la misma familia del ex mandatario veracruzano.
La periodista señala que, al mismo tiempo, “el mal manejo financiero de la empresa derivó
en adeudos con el fisco por Impuesto Sobre la Renta (ISR), IVA y retención de derechos
cobrados a pasajeros extranjeros y una deuda acumulada de 40 mil millones de pesos con
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)”.
Esta historia está documentada en procesos judiciales, registros mercantiles y expedientes
administrativos en poder de Proceso.
La investigación periodística consigna que inicialmente, a la par de su discurso de éxito, los
dueños de Interjet apostaron por la diversificación, con un énfasis particular en el negocio
del combustible aéreo.
El punto de partida fue en 2013, cuando se constituyó en Jalisco la empresa Impulsora de
productos Sustentables, SAPI de CV (IPS), cuyo objeto social principal era la elaboración,
distribución y “comercialización de toda clase de combustibles”. El papel de esta empresa
tomaría forma años después.
A mediados de 2018 también crearon la empresa Galem Energy, SA de CV. De acuerdo
con su acta constitutiva, revisada por la reportera de Proceso, la empresa quedó en
propiedad de Miguel Alemán Magnani, quien participó con 650 acciones, mientras que el
segundo suscriptor, José Luis Ramírez Magnani, quedó con 350 acciones. El control de la
compañía lo concentró la familia Alemán, la misma que encabezó Interjet.
En ese 2018 también se constituyó una asociación de negocios entre Galem Energy e
Impulsora de Productos Sustentables. La asociación se hizo mediante una compra de
acciones quedando la participación accionaria de IPS, de la siguiente manera: Galem
Energy con 51% y Edgar Marín Meza Moreno con 49 por ciento, quien, con los años,
quedó como apoderado de la SAPI consolidando el control operativo.
Durante la vigencia de esta asociación, Impulsora de Productos Sustentables realizó
importaciones de diésel bajo permisos otorgados por la Secretaría de Energía, Comisión
Reguladora de Energía y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las operaciones
se realizaron vía marítima por el puerto de Tuxpan, Veracruz, con proveedores
internacionales como Valero y Gunvor. En apariencia, todo operaba con una operación
legal, estructurada y respaldada por permisos.
Sin embargo, la reportera de Proceso apunta que detrás de ese discurso de éxito hay una
historia oscura. Los documentos muestran que, en esos mismos años, Miguel Alemán
Magnani habría tejido, mediante Interjet, Galem Energy e Impulsora de Productos
Sustentables (IPS), vínculos dentro de una red de huachicol al servicio del Cartel Jalisco
Nueva Generación (CJNG).
Y refiere que uno de los documentos es la causa penal 325/2025. “Se trata de una orden de
aprehensión por delincuencia organizada relacionada con huachicol. Es el mismo
expediente en el que se acusa a Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna,
sobrinos políticos del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda”, destaca la periodista.
En ese documento, la FGR identificó a Grupo Potesta como un nodo clave de la operación.
Mediante esta empresa, según la autoridad ministerial, se articulaba un mecanismo de
relación con Interjet, Galem Energy e Impulsora de Productos Sustentables.
“Grupo Potesta tiene vínculos comerciales con la empresa Impulsora de Productos
Sustentables”, indicó la FGR en sus indagatorias por el caso de los sobrinos del almirante
en retiro Rafael Ojeda Durante, secretario de Marina del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador.
La FGR sostiene que estas compañías realizaban operaciones de huachicol que iban desde
el robo y contrabando de hidrocarburos hasta el ocultamiento de recursos financieros,
además de emplear prácticas comerciales desleales para encubrir el origen de los productos.
“Impulsora de Productos Sustentables, SAPI de CV, e Importadora, Galem Energy,
propietaria… opera bajo una red comercial con empresas como ABC Aerolíneas (Interjet)”,
se lee en la causa penal.
La reportera de Proceso puntualiza que, en la orden de aprehensión solicitada por la FGR, y
concedida por la justicia federal, se profundiza en el mecanismo de operación: de acuerdo
con la investigación, las empresas utilizaban permisos de la Comisión Reguladora de
Energía, pero en la práctica operaban con documentación irregular: sin número ni fecha de
pedimento aduanero, sin claridad en los montos pagados y sin evidencia de las
contribuciones correspondientes.
“De las conductas descritas en las notas en comento, se advierte la existencia de una
segunda forma de operar identificada, la cual consisten en que diversas empresas del rubro
gasolinero, de manera ilegal se dedican a exportar, importar, distribuir, transportar o
comercializar hidrocarburos sin que para ello presenten los documentos que acrediten el
origen legal de dichos productos, sin embargo, son descargados principalmente en el puerto
de Veracruz”, cita textualmente la periodista Camila Ayala Espinosa, la cual añade que el
esquema, según la autoridad, no terminaba ahí, sino que cuando las embarcaciones no
lograban descargar el combustible, regresaban a mar abierto para intentar nuevamente la
operación con documentación distinta y falsa, hasta concretarla. “Todo bajo supervisión del
Cártel Jalisco Nueva Generación”, remarca.
Y señala que, en otros casos, los cargamentos eran redirigidos al puerto de Lázaro
Cárdenas, en Michoacán, como parte de una estrategia para evadir controles.
Empero dice que estas irregularidades no pasaron inadvertidas, ya que en 2021 la Comisión
Reguladora de Energía canceló los permisos de comercialización y logística de combustible
de Impulsora de Productos Sustentables, SAPI de CV, y que. al mismo tiempo, el Servicio
de Administración Tributaria (SAT) incluyó a IPS en el padrón de importadores
suspendidos, derivado de inconsistencias en sus actividades.
A esa causa se suma otro expediente que refuerza la situación. El 3 de julio de 2025 la FGR
consignó ante un juez federal el proceso contra Edgar Marín Meza Moreno por huachicol
fiscal.
Según la autoridad, el empresario declaró en 2019 haber importado 72 de los 28.7 millones
de litros de diésel que ingresaron a México a bordo del buque Atlantic Bay.
De acuerdo con el SAT, eso causó un daño al fisco por 173 millones de pesos, resultado de
derechos no pagados correspondientes a 21.5 millones de litros de diésel que habrían sido
comercializados en el mercado negro.
El caso escaló aún más cuando el 18 de marzo de 2026 la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) decidió atraer el expediente de huachicol fiscal contra Marín Meza.
Dos historias ocurrieron al mismo tiempo. Mientras esa red operaba en la sombra y
avanzaban las investigaciones, Interjet entraba, casi en paralelo, en su fase más crítica en
materia económica.
A partir de los documentos en poder de la revista Proceso, se desprende que uno de los
primeros signos de que el cuerpo de la empresa ya estaba deteriorado fue el incumplimiento
en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así
como multas acumuladas en los años 2017, 2018 y 2019.
A ello se sumó la retención de mil 492 millones de pesos de derechos pagados por los
viajeros extranjeros, recursos que debían entregarse al Estado.
También se registró una deuda de cerca de 78 millones de pesos por renta, consumo de
servicios y servicios aeroportuarios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
uno de los principales centros de operación.
Para 2019 el deterioro ya no era inocultable en los estados financieros de la compañía. La
declaración fiscal de Interjet reflejó una pérdida de dos mil 803 millones de pesos; es decir,
ya no generaba los ingresos suficientes para cubrir sus obligaciones.
De hecho, documentos empresariales obtenidos por la reportera muestran otro flujo de
recursos: pagos a una empresa domiciliada en Irlanda, propiedad de los Alemán. Se trata de
Interjet Airlines, que arrendaba a Interjet México las aeronaves. Así, mientras la empresa
acumulaba adeudos en el país, también transfería recursos al extranjero bajo esquemas de
arrendamiento.
ADVIERTEN OTRO FUERTE
APRETÓN DE WASHINGTON
Por cierto, la tarde-noche de ayer, el periodista Luis Cárdenas, conductor de MVS Noticias
Radio y columnista de El Universal y El Heraldo de México, posteó en sus redes sociales
que “Washington acaba de publicar la National Drug Control Strategy 2026 y lo que
describen no es un plan antinarcóticos tradicional: es una doctrina de guerra”.
El comunicador, quien advirtió que “se van a infartar en la 4T”, lo desglosó así:
“1. Guerra química, no combate al narcotráfico. El gobierno estadounidense designó
formalmente al fentanilo como arma de destrucción masiva. Así, textualmente: Weapon of
Mass Destruction. Los cárteles mexicanos ya no son organizaciones criminales a secas: son
organizaciones terroristas extranjeras. El lenguaje importa, porque activa poderes legales
que antes se reservaban para Al-Qaeda o el Estado Islámico y considera al tráfico de drogas
UNA GUERRA QUÍMICA.
“2. No van solo por los capos: van por toda la red. La estrategia es explícita: el blanco
incluye liderazgo, redes financieras, logística y —aquí viene lo que van a alegar como
violación a la soberanía: ‘the corrupt officials who enable their operations.’
“3. Apuntan a la falta de voluntad política. El documento señala sin rodeos que los países
de tránsito y origen, México juega en ambos, han tolerado el tráfico por ‘ausencia de
voluntad política para tomar acciones decisivas.’
“4. Un solo centro de mando con todas las agencias. Se creó el HSTF National
Coordination Center, que integra DEA, FBI, DHS, CBP, y comunidad de inteligencia en
expedientes unificados. La información de cárteles designados como terroristas se pasa al
NCTC —el mismo centro que coordina la lucha global contra el terrorismo—. Un solo
expediente, todas las herramientas, cero silos burocráticos.
“5. No piden permiso: usan todos los instrumentos del poder nacional. Clarito: ‘all
available diplomatic, intelligence, military, and economic tools.’ Ya ejecutaron ataques
militares contra embarcaciones del narco.
Cárdenas resume que “es triste –y habría que decirlo sin eufemismos– que el vecino tenga
que venir a poner orden porque la casa dejó de gobernarse a sí misma”.
Y concluye que “si México quiere seguir siendo el principal socio comercial de la
economía más grande del mundo nos conviene cooperar y dejar las ideologías trasnochadas
en donde pertenecen: al basurero de la historia.”
