Por Miguel Ángel Cristiani G.
Primero fueron las promesas. Después los discursos sobre inversión, empleos y desarrollo. Más tarde vinieron las fotografías oficiales, los boletines triunfalistas y la narrativa de que Veracruz entraría al “primer mundo industrial” gracias a la llegada de la cervecera Constellation Brands. Y ahora, como suele ocurrir en este país donde la modernidad frecuentemente llega embarrada de impunidad, aparecen peces muertos, agua con olor a petróleo y vecinos denunciando contaminación.
La historia ya la conocemos. Se repite con una precisión casi científica: las grandes corporaciones aterrizan con alfombra roja, las autoridades les abren la puerta sin demasiadas preguntas y los ciudadanos terminan pagando la factura ambiental. Lo verdaderamente alarmante no es únicamente la denuncia de los habitantes de Vargas sobre el presunto vertido de chapopote en el arroyo Paso Lugo; lo grave es el patrón de silencio institucional que comienza a rodear el caso.
Porque aquí hay hechos concretos, no rumores de café.
Los pobladores detectaron a una unidad de la empresa contratista TYP descargando residuos derivados de trabajos de asfaltado realizados dentro de la planta de Constellation Brands. Hay reportes reiterados de contaminación desde 2025. Existen denuncias por mortandad de peces. Se tomaron muestras de agua. Los habitantes aseguran que el líquido que llega a sus viviendas huele a crudo. Y, pese a todo ello, hasta ahora no existe una postura firme de la Procuraduría del Medio Ambiente ni una explicación pública convincente de la empresa.
La pregunta inevitable es brutal: ¿qué más necesitan las autoridades para actuar? ¿Una tragedia sanitaria? ¿Niños intoxicados? ¿Un río completamente muerto?
En Veracruz tenemos una larga tradición de convertir los desastres ambientales en expedientes burocráticos. -Como cantaría Joaquín Sabina, “Lo Niego Todo”-
Basta recordar el deterioro histórico de ríos como el Coatzacoalcos, el Blanco o el Jamapa, sacrificados durante décadas en nombre del “progreso”. Siempre hay una justificación elegante para mirar hacia otro lado: que la inversión no debe espantarse, que primero hay que esperar los estudios, que no se puede acusar sin pruebas definitivas. Mientras tanto, las comunidades respiran químicos, beben agua dudosa y entierran sus actividades productivas.
El problema de fondo no es solamente ambiental. Es político. Y profundamente ético.
Constellation Brands llegó a Veracruz después de que su planta en Mexicali fuera frenada por la presión social y el conflicto por el agua en Baja California. Aun así, aquí se presentó el proyecto como ejemplo de sustentabilidad y desarrollo responsable. Hoy, los testimonios de Vargas contradicen brutalmente aquella narrativa oficial.
Resulta particularmente ofensivo que, según denuncian los vecinos, la respuesta haya sido ofrecer tinacos con filtros de agua. Es decir: en lugar de resolver el posible origen de la contaminación, se intenta administrar el enojo social con paliativos domésticos. La vieja fórmula mexicana: poner curitas donde hay gangrena.
Y aquí también debe señalarse la tibieza institucional. La Procuraduría del Medio Ambiente no puede convertirse en oficina de relaciones públicas de los grandes consorcios. Su función no es administrar crisis mediáticas sino proteger el patrimonio ambiental y la salud pública. Si existen elementos suficientes para investigar, debe hacerse con transparencia, rigor técnico y sanciones ejemplares si se comprueba responsabilidad.
Porque hay algo que los gobiernos parecen olvidar: el agua no es propiedad de las empresas ni concesión graciosa de los políticos. Es un derecho humano reconocido por el artículo 4° constitucional. Y cuando una comunidad sospecha que ese derecho está siendo violentado, el Estado tiene la obligación de actuar de inmediato, no de esconderse detrás de estudios eternos o silencios cómodos.
La gobernadora Rocío Nahle tiene frente a sí una prueba delicada. No basta con promover inversiones; también debe garantizar que el desarrollo no se convierta en devastación disfrazada de progreso. Veracruz no necesita más empleos construidos sobre ríos muertos ni crecimiento económico cimentado en impunidad ambiental.
Porque cuando una empresa comienza contaminando agua y las autoridades responden con silencio, lo que realmente se pudre no es el arroyo: es el Estado de derecho.
