Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Con absoluta impunidad, a plena luz del día y sin preocuparse de alguna reacción
de las autoridades, integrantes del crimen organizado dejaron en claro que son
ellos los que mandan en Tuxpan. *** Con diferencia de unas cuantas horas,
comandos armados atacaron dos sucursales de la cadena de carnicerías “El
Jarocho”, ambas ubicadas en el municipio de Tuxpan. *** La mañana del pasado
sábado un comando disparó contra la sucursal que se ubica en el cruce de las
avenidas Garizurieta y Mutualismo. En ese atentado resultaron seis personas
heridas, entre ellas el encargado del establecimiento y el operador de un camión
repartidor que realizaba maniobras de descarga al momento de la agresión. *** La
noche del domingo, en la avenida Garizurieta, entre las calles Pípila y 5 de
Febrero, en una sucursal que estaba próxima a iniciar operaciones, fue detonado
un explosivo que daños en el inmueble. *** El móvil de estos ataques es muy
evidente: se llama “cobro de piso”, algo que, según el gobierno estatal, “ha
disminuido”. No es cierto. Las bandas criminales actúan sin freno alguno, debido
en gran medida a la colusión de los cuerpos policiacos.
A partir de la llegada de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre a la Fiscalía General del
Estado (FGE) se ha notado un cambio radical en el desempeño de su personal.
Quizá no haya gran mérito y esa notoria diferencia sea producto de la ineficacia –
con buena dosis de corrupción- que imperó durante la gestión de Verónica
Hernández al frente de ese organismo.
La nueva fiscal general, con una larga trayectoria en la materia (viene de ser
magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia) enfrenta, sin embargo,
una muy seria encrucijada: el juicio contra Marlon Botas Fuentes, acusado de ser
el responsable de la muerte de Montserrat Bendimes, ocurrida en abril del 2021.
Al revisar el expediente de este caso, la fiscal general se encontró con graves
errores por partes de las fiscales especializadas que llevaron el caso.
Los vicios en la integración de la carpeta de investigación han motivado que se
inicien procedimientos contra quienes estuvieron a cargo de este proceso en sus
inicios: Guadalupe González Carrillo (quien estuvo involucrada, además, en un
caso contra un empresario al que pretendieron imputarle el delito de pederastia,
pero se descubrió que falsificaron pruebas y testigos; fue cambiada de
adscripción, a Papantla, pero poco después renunció) y Wendi Guadalupe
Bautista Domínguez (fiscal sexta especializada, quien sigue en Veracruz y tiene
relación con el juicio contra Marlon Botas).
También se revisa la actuación de Roberta Ayala Luna, quien fungía como fiscal
coordinadora en investigación de delitos de violencia contra la familia, mujeres y
niños y en la actualidad sigue en la Fiscalía. Y Francisca Acosta Pérez, quien
dirigió la investigación por la muerte de Montserrat y en la actualidad está adscrita
al Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum).
Frente a errores tan graves en la integración del expediente (como no mencionar
en la cronología de los hechos la muerte de la víctima, o presentar como prueba
un parte médico en el que se establece que Montserrat llegó al hospital en estado
de coma y más adelante presentar un testimonio en el que se asegura que
alcanzó a señalar a Marlon Botas como el responsable) los fiscales que ahora
llevan el caso están tomando decisiones desesperadas.
En principio, la fiscalía envió a uno de sus testigos (la doctora que emitió el parte
médico) a declarar que ella no firmó ese documento, por lo que estaría
reconociendo que se presentó una prueba falsificada. Y no sólo eso: ha corrido la
versión de que pretenden, una vez más, presionar a la defensa actuando contra
los padres de Marlon Botas, cuando ese caso ya fue desechado por el juez.
Es ahí donde la fiscal general debe vigilar que el personal a su cargo actúe con
estricto apego a derecho. Tienen un caso sólido que podría caerse si incurren en
faltas al debido proceso.
La familia de Montserrat y organismos de la sociedad civil reclaman justicia y
corresponde al personal de la FGE actuar con eficacia y pulcritud, para este juicio
llegue a buen término.
Epílogo.
Una vez más, a pesar de la “defensa” de la gobernadora Rocío Nahle a Petróleos
Mexicanos (Pemex) la contaminación por hidrocarburo obligó a suspender el
suministro de agua en Poza Rica. *** En días recientes se volvió a reportar la
aparición de manchas de petróleo en el río Cazones, lo que obligó a la suspensión
del suministro de agua potable. La oficina operadora de la Comisión del Agua del
Estado de Veracruz (CAEV) informó que se determinó detener el bombeo desde la
Bocatoma del Sistema Poza Rica y admitieron que no tienen certeza sobre la
magnitud del derrame, aunque saben que personal de Pemex ya realiza labores
de inspección en la comunidad de Corralillos para localizar el origen de la fuga. ***
Y a propósito de Poza Rica, el cabildo finalmente acató la “recomendación” de la
gobernadora y se aprobó un “plan de austeridad” que contempla la reducción de
salarios de ediles y funcionarios. *** Y para que vean que “la austeridad va en
serio” se anunció la venta (es de suponer que con el aval del Congreso) de
“bienes de lujo”, como un vehículo de alta gama que utilizaba Fernando Remes
durante su gestión como alcalde. *** Y en Xalapa, productores de leche
denunciaron que les negaron acceso a los centros de acopio de Liconsa. Como
medida de protesta, los ganaderos derramaron su producto (la leche) en la
avenida Xalapa, pues aseguran que se desperdician miles de litros, ya que les
cierran los espacios para su venta. *** ¿Y el apoyo a la producción agropecuaria?
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