Por Miguel Ángel Cristiani
En México y Veracruz, la austeridad dejó de ser política pública para convertirse en
escenografía. Se predica en tribuna, se presume en conferencias… y se hunde
—literalmente— en el estero cuando la realidad alcanza a los protagonistas del discurso.
El reciente incendio de una embarcación vinculada al diputado federal Zenyazen Escobar
García no sería, en otro contexto, más que un accidente marítimo. Pero en el Veracruz
político, donde la narrativa oficial insiste en la “austeridad republicana”, el episodio
adquiere una dimensión simbólica difícil de ignorar: el contraste brutal entre el discurso de
sobriedad y la ostentación privada.
No se trata del siniestro en sí. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, aunque sí
personas lesionadas, lo cual es lo verdaderamente importante. El punto es otro: ¿de dónde
sale el nivel de vida que permite a ciertos funcionarios y exfuncionarios moverse en yates,
lujos y estilos de vida que simplemente no corresponden con sus ingresos públicos
conocidos?
Porque no estamos hablando de un empresario exitoso ni de un inversionista con historial
financiero transparente. Estamos hablando de quien fue secretario de Educación en el
gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, es decir, del responsable de administrar uno de los
presupuestos más grandes y sensibles del estado.
Y aquí es donde la historia deja de ser anecdótica y se vuelve estructural.
La Secretaría de Educación de Veracruz no solo maneja miles de millones de pesos al año;
también ha sido históricamente un espacio donde la opacidad administrativa, el manejo
discrecional de recursos y la falta de fiscalización efectiva han permitido la construcción de
fortunas inexplicables. No es un secreto: es una constante documentada durante décadas
por auditorías, observaciones y escándalos que rara vez terminan en sanciones ejemplares.
Lo verdaderamente escandaloso no es que un político tenga dinero. Lo verdaderamente
grave es que lo tenga sin que exista claridad sobre su origen, sin auditorías contundentes y
sin que los órganos de control —federales o estatales— hayan emitido siquiera “una
observacioncita”, como diría el argot burocrático.
Porque en México, y particularmente en Veracruz, el problema no es la corrupción visible.
Es la corrupción normalizada.
El episodio del yate no es un hecho aislado. Es la fotografía perfecta de un modelo político
donde el discurso público vive en un universo paralelo al comportamiento privado. Donde
se habla de combatir privilegios mientras se reproducen con discreción. Donde la narrativa
de transformación convive cómodamente con prácticas de viejo régimen.
Y sí, las redes sociales hicieron su trabajo: exhibieron el incidente, amplificaron detalles,
convirtieron el episodio en tema público. Pero más allá del morbo, lo relevante es lo que
revela: una clase política que sigue creyendo que la rendición de cuentas es opcional y que
la memoria ciudadana es corta.
Peor aún: el silencio institucional.
¿Dónde están las aclaraciones patrimoniales? ¿Dónde los posicionamientos de los órganos
de fiscalización? ¿Dónde la congruencia entre discurso y realidad? Porque cuando no hay
explicaciones, lo que crece no es la duda: es la sospecha.
Y la sospecha, en política, es corrosiva.
Veracruz ya ha visto demasiadas veces esta película. Funcionarios que entran con ingresos
modestos y salen con patrimonios que desafían cualquier lógica financiera. Escándalos que
se diluyen. Investigaciones que se enfrían. Responsabilidades que nunca llegan.
Mientras tanto, la ciudadanía observa, registra y acumula agravios.
Porque el verdadero incendio no fue el del yate: es el de la credibilidad pública que sigue
consumiéndose cada vez que un funcionario presume austeridad… mientras navega en el
privilegio.
Y en Veracruz, la austeridad no se hunde por accidente: se quema porque nunca fue real.
