Recibidos
| Miguel Angel Cristiani Gonzalez <cristiani54@hotmail.com> | |||
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de despensas, becas, apoyos sociales o tarjetas bancarias termina convertida en sesión fotográfica institucional. Funcionarios sonriendo y posando frente a cámaras, colocando logos, pronunciando discursos y construyendo capital político con recursos públicos. El bienestar convertido en escenografía electoral.
Y no se trata de un asunto menor ni de un tecnicismo jurídico para abogados electorales. La utilización propagandística de programas sociales erosiona la equidad democrática, manipula la percepción ciudadana y confunde deliberadamente al beneficiario haciéndole creer que el apoyo depende de la voluntad del político en turno y no de un derecho constitucional.
Más aún cuando Veracruz tiene una larga historia de clientelismo político, manipulación electoral y uso faccioso de la pobreza. Durante décadas, los programas sociales fueron herramientas de control político. Cambiaron las siglas, pero muchos vicios sobrevivieron cómodamente reciclados en nuevos discursos de transformación.
La presidenta municipal tiene derecho a gobernar, comunicar y rendir cuentas. Lo que no tiene derecho es a convertir programas públicos en plataforma de autopromoción política anticipada. Porque una cosa es informar y otra muy distinta es construir imagen personal aprovechando la vulnerabilidad social de quienes reciben apoyos.
En política también existe la obscenidad institucional: esa donde algunos funcionarios creen que repartir recursos públicos les otorga derecho automático a posar como benefactores de un dinero que no es suyo.
Porque cuando un político utiliza la pobreza para promocionarse, deja de servir al pueblo y empieza a servirse de él.
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