Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Leonardo Cornejo Serrano es, sin duda, uno de los miembros del gabinete más
protegidos por la gobernadora Rocío Nahle. *** Ella misma ha admitido que esa
dependencia ha sido lenta -hasta torpe- en el cumplimiento de su programa de
trabajo. Tampoco es que se trate de abulia o incapacidad. No podemos pasar por
alto que esta gobernadora decidió que toda la obra pública de su administración –
¡toda!- la realizara la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), de tal
manera que instancias como la Dirección de Espacios Educativos, entre otras
áreas, se convirtieron en meras “oficialías de partes”, pues se limitan a recoger las
peticiones y trasladarlas a la super-secretaría. *** El problema para Leonardo
Cornejo (y eso ya lo debería saber, pues ya ha trabajado con ella) es que la
gobernadora tiene una extraordinaria facilidad para hacer compromisos que no
siempre son fáciles de cumplir. *** Es por ello que no sorprende que los habitantes
de Pajapan, después de realizar bloqueos de carreteras, hayan decidido acudir al
origen de su problema, a la SIOP, para exigir que inicien la rehabilitación del tramo
carretero que comunica a la cabecera municipal con la comunidad de Peña
Hermosa. Es una obra, aseguran, que se las han prometido desde hace muchos
años, pero siguen sin ver claro. *** Alegan que ellos han apoyado a las actuales
autoridades (tanto al actual alcalde como a la gobernadora) y lo mínimo que
esperan es reciprocidad. *** Se resisten a creer que fueron víctimas de las
famosas “promesas de campaña”, esas que dieron pie a la conocida frase:
“prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila”.
Todas, absolutamente todas las administraciones estatales le han metido mano al
transporte público. El afán es evidente: hacerse de recursos adicionales.
Todas han puesto pretextos similares: “regularizar el padrón, otorgar certeza
jurídica, mejorar el control de las unidades y reforzar la seguridad en el servicio”.
Este martes la gobernadora llevó a su conferencia de prensa al “prolijo”
subsecretario de Ingresos, Aniel Alberto Altamirano Ogarrio quien se encargó de
detallar el “programa estatal de reordenamiento vehicular” dirigido a los
concesionarios del transporte público.
Según el funcionario de abundante cabellera, el pilar central de este programa
será seguridad, pus con él pretenden “generar confianza en el Estado” y permitir
un monitoreo puntual: “tener control de calidad de las unidades y que los
operadores estén registrados”.
Todo eso ya existe. El subsecretario, sin embargo, aclaró las razones de este
renovado trámite: todo tendrá un costo que deberán cubrir los concesionarios.
El programa inicia el primero de junio y en su primera etapa estará dirigido al
servicio de autobuses de pasajeros, a los vehículos de carga y a los de transporte
rural y mixto. El próximo año se atenderá el servicio de taxis.
El caso, sin embargo, es que, para justificar este nuevo asalto a los veracruzanos,
el servidor público tuvo que “pasarse a traer” a los gobiernos anteriores, incluido el
del “defensor de los héroes de la 4T”, el ingeniero Cuitláhuac García.
Altamirano Ogarrio argumentó que “durante años” se acumularon irregularidades
administrativas que ahora buscan resolver mediante este programa, entre ellas
pagos no reconocidos, trámites inconclusos y denuncias de despojo de
concesiones.
Explicó que al revisar la documentación de los prestadores de servicio de
transporte, encontraron pagos realizados hace más de 20 años bajo el concepto
de depósito en garantía “que quedaron registrados como garantías permanentes”
(lo que, por supuesto, habrán de “corregir”), inconsistencias en la titularidad de
líneas de captura, folios sin registro de pago, pagos en flotillas sin acreditación
individual y aportaciones de concesiones de antes del 2019 que no contaban con
acreditación.
El funcionario anunció que eliminará el requisito del depósito en garantía, realizará
correcciones administrativas en líneas de captura, permitirá acreditar pagos
mediante comprobantes y dará facilidades para regularizar concesiones antiguas.
“Hemos recibido peticiones de concesionarios que hicieron pagos en años
anteriores y no se les reconocieron. También casos donde no concluyeron trámites
de reemplacamiento o nunca recogieron placas”.
Pero llevaba también “buenas noticias”: anunció que el gobierno estatal aplicará
“descuentos y beneficios fiscales para incentivar la regularización”. En los meses
de junio y julio, quienes “se pasen a reportar” tendrán descuentos del 30 por
ciento, y otros beneficios para quienes lo hagan en agosto.
Los operadores de unidades de transporte público deberán tramitar su gafete
anual “con descuentos escalonados”. El costo supera los 1,200 pesos, pero podrá
reducirse a 870 pesos en junio, a 932 pesos en julio, o deberán pagar más de
1,200 pesos entre septiembre y diciembre.
Además, se condonarán adeudos de control vehicular y tenencia correspondientes
del año 2021 y anteriores.
Habrá, por supuesto, canje de placas, y para ello se anuncian descuentos de
hasta el 50 por ciento en los primeros 4 meses y del 30 por ciento en los
siguientes 2 meses.
¿Regularizar el transporte?
¡Mis polainas!
De lo que se trata es de “pasar la charola”.
Epílogo.
En mi reciente artículo en el que me refiero a las limitaciones de la gobernadora
Rocío Nahle, donde hablo de su desconocimiento de temas fundamentales como
Derecho, Educación y Salud, alguien me hizo notar que otra materia que
desconoce es la de “aviación”. *** Y está bien, no son muchos los que dominan
esa disciplina, pero lo que se espera de un gobernante es que se rodee de
especialistas en todos esos temas. Rocío Nahle, como lo dije en esa ocasión, optó
por cumplir sus compromisos políticos y se hizo acompañar de gente muy, pero
muy limitada en el ámbito profesional. *** En materia de aviación no sabe mucho
(quizá nada) pero sí entiende que “las aeronaves del gobierno ya están viejas” y
como ella las necesita para trasladarse de su casa (en El Estero, Boca del Río)
hasta palacio de gobierno, en Xalapa, decidió que las “fortalecidas” finanzas
estatales (esas que alcanzan hasta para comprar la deuda de 199 municipios)
deben ser aplicadas en la adquisición de un nuevo avión y varios helicópteros. ***
Alguien debió explicarle que las aeronaves son como los caballos de buena
crianza: es cara su adquisición, pero es mucho más caro su mantenimiento. Ya le
tocará enterarse.
filivargas@gmail.com
