Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
El pasado viernes, la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos
del Organismo Público Local Electoral (OPLE), validó la procedencia de las
solicitudes de registro de dos agrupaciones ciudadanas para convertirse en
partidos políticos. *** El acuerdo determina que ambas asociaciones cumplieron
con los requisitos establecidos en la ley electoral, que incluye el número mínimo
de afiliaciones y de asambleas. *** Aunque fueron 11 las agrupaciones que
hicieron los trámites para convertirse en partidos políticos, sólo dos -“Bienestar y
Justicia Social” y la “Asociación Veracruzana Antipopulismo”- consiguieron pasar
todos los filtros. *** Bienestar y Justicia Social es una organización que impulsa el
exdirigente del Partido cardenista, Antonio Luna Andrade, mientras que la
Asociación Veracruzana Antipopulismo es una iniciativa del diputado local -hoy
independiente- Héctor Yunes Landa. *** Ambas organizaciones políticas podrán
participar en el 2027 en la conformación de la próxima Legislatura local.
Fue una de las promesas del actual gobierno cuando impulsó la reforma al Poder
Judicial: “Los jueces y magistrados electos serán evaluados durante el primer año
de su encargo y podrán ser suspendidos o destituidos por mal desempeño”.
Si eso estuviera sucediendo, ya muchos de los llamados “jueces del bienestar”
estarían buscando chamba. Su desempeño ha sido criminalmente deficiente.
Es el caso de Jorge Enrique Luna Díaz, titular del Juzgado Tercero de Primera
Instancia en materia de Justicia Familiar, en Xalapa, quien ha sido señalado de
incurrir en errores que impactan de manera directa en dos niños que le fueron
arrebatados a la madre, por parte del progenitor, que los sacó de su domicilio con
la promesa de regresarlos horas más tarde, lo que ya no sucedió.
En principio, desde que inició el juicio se han registrado múltiples violaciones
procesales, de derechos humanos y civiles. La madre de los menores no ha tenido
una tutela efectiva; el juez ha sido omiso en su obligación de garantizar y hacer
valer el derecho de los niños y ha provocado una extraordinaria dilación en el
proceso.
Los acuerdos no cubren las formalidades esenciales y existen errores (muchos y
graves) en el expediente. El juez no garantiza que los menores sean escuchados,
pues en las dos ocasiones que se señaló fecha de audiencia, el juzgador no
conminó a la parte contraria para que los presente, con lo que violentó el interés
superior de la niñez y no juzgó bajo la perspectiva de infancia.
Mientras el juez Luna Díaz se enredaba tratando de corregir sus propios errores,
el padre de los menores inició -de manera dolosa- un juicio ordinario en el estado
de Puebla. Por supuesto que la madre reclamó que el juicio continuara en
Veracruz, donde inició.
Los abogados de la progenitora han hecho notar la incapacidad profesional de la
secretaria de Acuerdos de ese juzgado, Laura Ostos Hernández, en gran medida
responsable de los errores procesales en los que ha incurrido el juez, por lo que
solicitaron dar vista al Tribunal de Disciplina Judicial por faltas administrativas.
Pero -además- han hecho notar que en dicho juzgado se desempeña un grupo de
jóvenes inexpertos, sin preparación ni conocimiento de lo que es la materia
familiar. Ellos son los encargados de llevar a cabo las notificaciones o diligencias
encomendadas, para que sean realizadas con prontitud, lo que en los hechos no
sucede.
Jorge Enrique Luna Díaz participó en la elección de jueces que tuvo lugar en el
2024 y fue multado con 3,620.48 pesos por incurrir en incumplimientos fiscales y
de transparencia.
Diego Valadés, abogado e investigador de la UNAM, con amplia trayectoria en
materia de procuración e impartición de justicia, lo advirtió desde que se planteaba
la posibilidad de concretar la reforma al Poder Judicial. Dijo que uno de los puntos
más críticos con la reforma era que se pondría en riesgo la capacidad de los
ciudadanos para confiar en el sistema de justicia.
“Ya no tendremos ninguna certidumbre sobre lo que se resuelva (…) con la
reforma todo se tira por la borda y es sustituido por la improvisación, lo que llevará
a un naufragio de la justicia en México”.
Hoy todo eso lo estamos viviendo. Los cambios que plantea Claudia Sheinbaum
para “corregir” las pifias en la reforma original, lucen insuficientes.
Epílogo.
Este domingo se dio a conocer el fallecimiento de Arturo Hérviz Reyes, personaje
destacado de la izquierda veracruzana. *** Aunque originario del estado de
Jalisco, gran parte de su vida la pasó en Ángel R. Cabada, municipio del que fue
alcalde a finales del siglo pasado y repitió en 20024. *** Desde el Partido de la
revolución Democrática (PRD) Arturo Hérviz llegó a la diputación local en 1995;
fue candidato a gobernador de Veracruz en las elecciones estatales de 1998
(cuando el PRD intentó que compitiera por sus siglas Ignacio Morales Lechuga) y
diputado federal del 2000 a 2003. En el 2006 llegó al Senado de la República. ***
El gabinete de seguridad en Veracruz está muy preocupado por el hallazgo de
restos humanos en carrozas funerarias. Esto está sucediendo en el norte de la
entidad (Poza Rica, Papantla, Tuxpan y Álamo) y curiosamente ese método era
propio de las autoridades judiciales. *** Para nadie es un secreto que cuando
aparecen cadáveres o restos humanos a manera de “mensaje” de alguna
organización criminal, las comandancias de la policía tienen instrucciones precisas
de levantarlo lo más pronto posible, para evitar que las imágenes se difundan en
las redes sociales. *** Para realizar esas tareas, los mandos policiacos recurren a
las unidades de las empresas funerarias. Ahora, sin embargo, han detectado que
incluso las bandas criminales mueven a sus ejecutados en esos mismos
vehículos. *** Por lo pronto, personal de la Fiscalía Regional en la zona norte,
reforzados por la Guardia Nacional, ejecutaron órdenes de cateo en la funeraria
“Vázquez”, ubicada sobre la calle Aquiles Serdán, en Papantla. También llegaron a
la funeraria “San Pablo Espejo”, de aquel mismo municipio. *** El tiempo se agota
y la gobernadora Rocío Nahle no está dispuesta a perder los beneficios de la
renegociación de la deuda bursátil de los municipios. Giró instrucciones para
“apresurar” a los Cabildos para que envíen al Congreso local las actas en las que
aprueban el trámite. *** Hasta este fin de semana habían conseguido el aval de
152 ayuntamientos y el plazo vence este lunes. ¿Será que lo consigan?
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