AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
El jueves de la semana anterior, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de
Diputados, que coordina Ricardo Monreal, envió a la Comisión Permanente dos iniciativas
de reforma –una constitucional y otra a leyes secundarias– para establecer la intervención
probada desde el extranjero como una nueva causal de nulidad de los procesos electorales.
Las reformas tienen un claro destinatario: el gobierno del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, quien ya derrocó y encarceló al dictador Nicolás Maduro, de Venezuela, y
ahora va por Raúl Castro Ruz, de 94 años, al que Washington pretende enjuiciarlo porque
le imputa que como ministro de las fuerzas armadas de Cuba ordenó en 1996 derribar dos
avionetas de la organización de exiliados cubano-estadunidenses Hermanos al Rescate.
El jueves 5 de marzo pasado, en un acto con el equipo de futbol Inter Miami en la Casa
Blanca, Trump aseguró que quería “acabar primero (la guerra) con Irán” y que “Cuba es
cuestión de tiempo”.
Antes, en declaraciones a Axios, a la pregunta de si Estados Unidos estaba influyendo en la
caída del gobierno cubano, el presidente expresó: “¿Qué opinan? Después de 50 años, eso
es la cereza del pastel. Venezuela lo está haciendo fantásticamente. (La presidenta
encargada Delcy Rodríguez) realiza un trabajo extraordinario. La relación con ellos es
excelente”.
Y sugirió que el empeoramiento de la situación en Cuba era resultado de su presión,
incluido el bloqueo energético. “Es gracias a mi intervención que está ocurriendo”, se
vanaglorió. “Obviamente, de lo contrario no tendrían este problema. Cortamos el petróleo,
el dinero… todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente”.
En México, la intromisión de EU ha sido a través de procesos penales abiertos contra los
cárteles del narcotráfico, pero últimamente se ha extendido a los narcopolíticos. En Morena
se prendieron las alarmas con la solicitud de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para
detener y extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al senador sinaloense
también morenista, Enrique Izunza, y a otros ocho exfuncionarios y alcaldes del partido
guinda. El golpe mediático fue demoledor para el grupo en el poder, pero se agravó
políticamente con la entrega voluntaria a las autoridades estadounidenses del General
Gerardo Mérida Sánchez y el empresario Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad
Pública y de Administración y Finanzas de Rocha Moya, respectivamente.
El antepasado jueves 14 publicamos precisamente aquí que “viejo lobo de mar, el veterano
político zacatecano Ricardo Monreal tiene muy claro lo que puede venir si los principales
liderazgos de su partido no dan a tiempo un golpe de timón”. Referíamos que el mensaje
que había publicado en su cuenta de X, antes Twitter, desnudaba al movimiento de la
Cuarta Transformación: “Morena puede y debe seguir gobernando y ganando elecciones sin
necesidad de vender su alma al diablo… ahora puede y debe separar el poder político del
poder criminal.” Así de claro y directo fue. Y lo escribió días antes de que el director de la
DEA, Terry Cole, al comparecer el pasado martes 12 ante el Senado de EU, le asegurara al
legislador republicano por Luisiana, John Kennedy, que el proceso penal que habían abierto
contra el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “es sólo el comienzo de lo
que está por venir en México”.
El llamado de Monreal tuvo efecto, pues a la semana siguiente la presidenta Claudia
Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales para blindar los comicios, a partir de 2027, con el fin de evitar
la postulación de candidatos que estén vinculados con grupos criminales. La propuesta de la
mandataria plantea crear una comisión de verificación de integridad de candidaturas
compuesta por cinco consejeros del Instituto Nacional Electoral, pero algunos de ellos,
como Arturo Castillo y Martín Faz, indicaron que el INE no tiene responsabilidad en las
investigaciones para determinar si una persona está ligada o no al crimen, y declararon por
separado en entrevista con el diario La Jornada, que en la iniciativa de reforma legal se
deberá especificar lo anterior, así como puntualizar claramente lo que se entiende por
“riesgo razonable”.
Por su parte, Monreal, en conferencia de prensa el pasado jueves 21, explicó que la primera
de las propuestas del grupo parlamentario de Morena busca añadir un inciso D al artículo
41 de la Constitución que permitiría anular las votaciones cuando se compruebe que existió
una “intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de
influir en las preferencias o en los resultados electorales”.
Y luego de especificar que una intervención extranjera “puede manifestarse a través de
financiamiento, ciberataques, campañas de desinformación coordinadas o presiones
diplomáticas”, con el propósito de “vulnerar la independencia política del Estado”, el
político zacatecano apuntó que las normas vigentes no prevén dicho fenómeno.
Esta carencia, advirtió, “genera una laguna técnica que dificulta al Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), actuar con la celeridad y contundencia necesarias
ante injerencias externas que comprometan la soberanía nacional”.
La segunda iniciativa –planteada como un complemento de la anterior– propone modificar
diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, a fin de reconocer dicha intromisión como una “irregularidad grave”.
Asimismo, se añadiría el artículo 78 Ter a la mencionada norma para establecer que la
nulidad por injerencia externa derivará en comicios extraordinarios, en los cuales no podrán
participar los partidos políticos que se hayan beneficiado de dicha afectación.
En ese mismo artículo se especifica que las injerencias extranjeras en el ámbito electoral
serán “aquellas conductas que impliquen intervención, intromisión, financiamiento,
presión, manipulación, coacción o cualquier acto que tenga por objeto influir
indebidamente en la organización, desarrollo o resultados de los procesos electorales
federales o locales”.
¿Alguien cree que con todo este blindaje legaloide electoral la oposición podrá arrebatarle
el poder a Morena y sus aliados de la 4T en la sucesión presidencial de 2030? Más que
difícil, francamente se ve imposible. Por lo mientras, habrá que ver si el año entrante sus
adversarios –entre ellos algunos incautos que esperan que Trump les haga su chamba– son
capaces de quitarles más curules en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la
mayoría de las gubernaturas que detentan en 17 estados desde 2021.
SUBSECRETARIO DE EU ARREMETE
CONTRA LOS DIPUTADOS DE MORENA
Por cierto, a Ricardo Monreal le debieron haber ardido las orejas, luego de que el
subsecretario de Estado estadunidense, Christopher Landau, ex embajador de EU en
México, criticó el pronunciamiento emitido por la bancada de Morena en la Cámara de
Diputados en apoyo al ex presidente de Cuba, Raúl Castro, tres días después de que el
Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó formalmente por el presunto derribo
de dos aeronaves en el espacio aéreo de la isla.
Según publicó ayer el diario La Jornada, la embajada de Cuba en México compartió el
comunicado con el que el grupo parlamentario de Morena expresó su apoyo a La Habana
ante las reiteradas agresiones de Washington y manifestaron su “más enérgico rechazo” a la
acusación contra Castro y otros ex funcionarios de la isla.
Landau criticó que el documento no fue firmado por ninguna persona en particular: “Lo que
me llama mucho la atención es que ahí no aparece el nombre de una sola persona que se
responsabilice de manera personal por esta declaración y el apoyo a un régimen
abiertamente dictatorial”, señaló en la red social X el subsecretario de Estado, quien
además sostuvo que Cuba “no ha permitido una libre elección en 67 años” y que la
economía de ese país “ha sido destruida, al grado de que se importa hasta el azúcar y la
gente come de los basureros”.
En una publicación aparte, el funcionario estadunidense pidió a los autores del texto que
“tengan el valor de autoidentificarse y enfrentar las consecuencias”, y puso en duda “la
legitimidad del pronunciamiento anónimo diseminado por la misión diplomática cubana en
México”.
¡Hay tiro! ¿Acaso les quitará Landau las visas al zacatecano y a los diputados del grupo
parlamentario que supuestamente “coordina”?
