AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Anteayer, desde Tabasco, la cuna del obradorismo, la presidenta Claudia Sheinbaum
anunció que el próximo domingo 31 encabezará un informe nacional que se transmitirá
simultáneamente en las plazas públicas de las 32 entidades del país para “celebrar,
conmemorar y defender” a la Cuarta Transformación, y llamó a mantener la unidad para
preservar la soberanía nacional y el legado político del ex presidente Andrés Manuel López
Obrador. Les anticipó que en ese mensaje hablará del origen y los principios del
movimiento de la 4T. “Hay que seguir fortaleciendo la transformación y sobre todo los
gobiernos del pueblo, seguir juntos, seguir caminando juntos y defender siempre la
soberanía nacional, porque México no es colonia de nadie, no somos protectorado de
nadie”, remarcó.
Pero ese mismo domingo, sólo que en las montañas guerrerenses, una indígena nahua
llamada Bernardina, en representación del Consejo Indígena y Popular de Guerrero
Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-
Pueblos Fundadores (CRAC-PF), hacía este reproche: “Por sufrirlo en carne propia, los
pueblos de la Montaña Baja de Guerrero decimos que ¡ya basta de tanto dolor y de tanta
muerte!, pero también: ¡ya basta de tanta indiferencia y desprecio!, porque al mismo tiempo
que los grupos criminales nos atacan, nos matan, aterrorizan a nuestros niños, a nuestras
niñas, los malos gobiernos se ríen de nuestro sufrimiento y sólo nos miran cuando están
obligados a mirarnos, ya sea por su interés (cuando hay elecciones) o por su carrera
política, nuestras muertes se convierten en noticias”.
La crónica periodística no es de un diario neoliberal ni financiado por la ultraderecha
mexicana o de Estados Unidos, sino que la publicó el reportero Sergio Ocampo Arista, de
La Jornada, el más afín a la 4T. En la nota se consignan que durante un encuentro en la
cancha del poblado de Alcozacán, al que asistieron unos 2 mil indígenas desplazados por la
violencia generada por el grupo narco-paramilitar de Los Ardillo, en el que también
participaron integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y de la Misión Civil de
Observación Sexta (MCO-S), Bernardina reprochó que la gobernadora morenista de
Guerrero, Evelyn Salgado, “no ha tenido la capacidad de frenar la violencia en el estado; al
contrario, aseveró, ha pactado con delincuentes, protege a la alcaldesa de Chilapa de
Álvarez (Mercedes Carballo Chino), que es parte de la estructura político-criminal que
cobija a Los Ardillos, a los que pone a disposición los recursos económicos que el
municipio debe entregar a las comunidades y que nosotros no recibimos”.
La mujer indígena criticó que los delincuentes maltraten la tierra, “porque en ella siembran
amapola, o sea que siembran violencia; usan la tierra para hacer caminos, para envenenar a
los jóvenes con sus drogas. Esto es, para trasladar la muerte. Destruyen la tierra y con ella
destruyen la vida, lo que no entendemos es cómo los distintos gobiernos hablan de paz y
sacan sus estadísticas de que los homicidios disminuyen todos los días”.
Después, a nombre del CNI, otra indígena, llamada Sara, leyó este comunicado:
“agradecerles que resistan, que apuesten a seguir viviendo. Decirles que no están solos,
aunque en los momentos de crisis ustedes se sientan así, aquí nosotros en nuestras tierras;
allá, lejos de aquí, también hacemos lo propio para que esa violencia en contra de ustedes
se detenga.
“Exigimos al Estado mexicano alto a esta guerra genocida, a esta masacre contra nuestros
hermanos del Cipog-EZ. Los pueblos que integramos el CNI exigimos la protección a la
MCO-S, que estamos acompañando con esta documentación y denuncia, el alto a los
señalamientos dirigidos a compañeros y hermanos y hermanas del Cipog-EZ; tampoco le
creemos al Estado, que es mentiroso.
“Sabemos que los apoyos llegan a quienes ayudan al Estado, mientras las comunidades
siguen trabajando para poder vivir; decimos que sí les podemos ganar y sí podemos detener
esta violencia si nos mantenemos juntos, desde nuestros territorios; si seguimos viviendo y
resistiendo.”
A nombre de la MCO-S, Tenoch expuso: “Venimos aquí a escucharles; a observar; a
escuchar su dolor; a escuchar sus experiencias. Ayer caminamos en la comunidad de Tula y
fue terrible lo que observamos hermanos y hermanas. Sepan que allá, en la Ciudad de
México, el gobierno dice que los desplazados de Tula ya regresaron a Tula y que todo está
en paz. El gobierno dice que ustedes son parte de un grupo delincuencial y que los ataques
que sufrieron son porque están en un enfrentamiento con otro grupo delincuencial.
“Nosotros decimos que mienten; ustedes son pueblos y ustedes no son grupos criminales.
Hermanos y hermanas, observamos que Tula hoy día está vacío; no hay personas porque las
casas están quemadas; que el gobierno no está haciendo el trabajo que debe de hacer. Y el
hecho de que venga aquí, sin escuchar la voz de ustedes, la voz de las autoridades, es un
acto irresponsable y terrible y que el hecho de que tenga aquí al Ejército, a la Guardia
Nacional, aquí metido en esta cancha en donde los niños juegan, donde se hacen las
asambleas, es algo que no debe ser”.
Y concluyó: “Ellos deben estar allá combatiendo a los criminales, donde Los
Ardillos atacan a las comunidades. Hermanos y hermanas: queremos que sepan que no
están solos, que no están solas; que desde hace seis años venimos caminando con ustedes
escuchándoles y llevando su palabra a los distintos gobiernos para exigirles que pare la
guerra en contra de ustedes, para exigirles que cumplan con las promesas y compromisos
que les hacen”, concluyó.
Pero esta situación no es exclusiva de Guerrero sino de otros estados gobernados también
por Morena, partido que junto con sus aliados del PT y PVEM también tiene mayoría
calificada en el Congreso de la Unión, donde, aunque la Cámara de Diputados aprobó desde
2020 la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento
Forzado Interno, ésta sigue detenida en el Senado de la República también bajo control del
partido guinda.
La Jornada, en su edición impresa del domingo, publicó que este mes el Programa de
Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana dio a conocer que documentó al
menos 15 mil 795 personas desplazadas internas en 73 eventos ocurridos en 2025 en 11
estados, destacando Sinaloa, Chihuahua y Michoacán. E identificó que 83 por ciento de los
casos estuvieron relacionados con violencia ligada al crimen organizado.
También anteayer, en San Cristóbal de las Casas, fue presentado el segundo informe
titulado “Chiapas, la paz pendiente”, elaborado por el Grupo de Trabajo Región Frontera,
integrado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), la
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para
Todas, Todos y Todes, la agrupación denominada Movilidades Libres y Elegidas, Voces
Meseoamericanas y Servicios y Asesoría para la Paz, con el acompañamiento del Servicio
Internacional por la Paz (Sipaz) y de la organización sueca llamada Swefor.
Según las organizaciones civiles que elaboraron el informe la Sierra y la Frontera de
Chiapas, “donde las comunidades enfrentan históricamente condiciones de marginación y
violencia, se ha convertido en un espejo de las tensiones nacionales: Crisis de
desapariciones, asesinatos, desplazamientos forzados, vulnerabilidad y expresiones de
violencia múltiple”.
Sostuvieron que “los desafíos en materia de derechos humanos en esta región exigen más
que discursos: requieren una voluntad política renovada que coloque la dignidad humana en
el centro, que fortalezca las instituciones civiles y que atienda las realidades locales con
estrategias de prevención y justicia”.
Sólo así, subrayaron, “será posible revertir la tendencia regresiva y construir un horizonte
en el que las comunidades chiapanecas puedan vivir libres de miedo, violencia y fuera del
control de la delincuencia organizada, con el contubernio de los gobiernos en sus tres
niveles de poder y con garantías efectivas de derechos”.
Destacaron que en 2025 “hubo un aumento significativo de casos de desaparición de
personas y una nueva reconfiguración territorial: Tapachula se colocó como el municipio
con más casos, detrás de Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa, que registró un incremento
sorprendente”.
Por otro lado, indicaron, “el hallazgo de fosas clandestinas, entre finales de 2024 y los
primeros meses de 2025, también se dio en algunos de los municipios con casos de
desaparición forzada. No podemos obviar que la desaparición forzada, y el hallazgo de
cuerpos en fosas clandestinas, están muchas veces vinculados”.
¿Todos ellos también saldrán el próximo domingo a “celebrar, conmemorar y defender” a
la Cuarta Transformación?
