AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Aunque en la era de la 4T todo puede suceder, al menos, de momento, dos magistrados del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han salido a frenar la sicosis
injerencista extranjera que a finales de mayo pasado se desató tras la reforma constitucional
propuesta por el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, para
anular elecciones en caso de la intromisión de otro país, en evidente alusión a Estados
Unidos.
En su edición impresa de ayer domingo, el diario La Jornada, el más afín al régimen de la
Cuarta Transformación, publicó que el presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz, y el
magistrado Felipe de la Mata Pizaña, refirieron que se ha evitado al máximo anular
elecciones, sobre todo cuando la causa sobrepasa la contienda política.
En el contexto concreto de la reciente reforma constitucional, que establece la posibilidad
de invalidar una contienda cuando se compruebe intervención extranjera e “influencia” en
los electores, los magistrados federales coincidieron en que la nulidad es una medida
extrema indeseable.
A pregunta directa sobre el tema de la reportera Fabiola Martínez, el magistrado presidente
Gilberto Bátiz destacó que “la nulidad de la elección, en cualquier contexto, en términos
punitivos, es la pena de muerte de una elección, el escenario menos deseable”.
Bátiz subrayó que en el contexto democrático lo que se busca es preservar la decisión
tomada por los electores a través de los votos válidos “y solamente cuando existen
probados casos en que haya injerencia, determinancia, y que se haya vulnerado la voluntad
de la ciudadanía es cuando puede hablarse que existen elementos para no dar como válida
una elección”.
El presidente del TEPJF dijo que, si bien hoy existe una nueva causal de nulidad (injerencia
extranjera), tiene los mismos principios y ponderación que se deberán exigir como una
condición para proceder en esos términos.
“(La nulidad) es el escenario menos deseable y no se trata de una manifestación tácita que
se tiene que hacer, sino que se debe cumplir con altos estándares probatorios porque lo que
se pretende es preservar siempre la voluntad de la ciudadanía”, comentó a la prensa.
A su vez, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña subrayó que sólo ha habido un par de
casos con ese desenlace, por hechos cometidos por grupos delincuenciales.
Citó que, por ejemplo, en 2003, en el municipio de Torreón, Coahuila, se dio el fenómeno
identificado como “Hombres de negro”, cuando un grupo intimidó abiertamente a los
electores, y ahí sí, el Tribunal Federal Electoral anuló esos comicios.
Sin embargo, rememoró que seis años antes, en Las Margaritas, Chiapas, la Sala Superior
del máximo tribunal electoral decidió no anular bajo el argumento de que al hacerlo
fomentaría los ataques como camino para derribar una elección.
Y mencionó que un punto intermedio ocurrió en el estado de Michoacán, en 2021, al
invalidarse solamente las casillas donde un grupo armado tomó las urnas y las devolvía
llenas, pero al final se preservó la votación legalmente recibida.
“En ese episodio estuvo totalmente probado porque es de esas veces que se hace de una
manera totalmente burda; los funcionarios de casilla certificaron los hechos en las hojas de
incidentes, donde se presenta un grupo armado casilla por casilla secuestrando las urnas y
regresándolas llenas, en favor de un candidato.
“Ahí lo que hicimos fue anular las casillas en las que se realizó este fenómeno, es decir, fue
como una especie de extirpación de tumor y después de ello se determinó al ganador,
acorde con la votación democráticamente recibida”, explicó el magistrado.
Ello parece haber despreocupado a la oposición, pues anteayer, en una cena con motivo del
250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, sin la presencia del embajador
Ronald Johnson –cuya asistencia habían confirmado los organizadores pero el cual tuvo
que viajar a Washington para atender asuntos que sigan manteniendo una relación “fuerte”
y “benéfica” entre ambas naciones–, el presidente de la American Society (AMSOC), Larry
Rubin, propuso a la comunidad empresarial binacional y a líderes del PAN y PRI un tratado
de lucha contra el crimen, pues dijo que ambas naciones deben enfrentar la situación de
inseguridad en conjunto.
El evento fue organizado por la AMSOC y copatrocinado por el empresario antimorenista
Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, a quien se ha comenzado a mencionar como
posible candidato de la oposición para la sucesión presidencial de 2030.
Según la reseña que hizo Alejandro Alegría, reportero de La Jornada, entre los asistentes a
la gala se encontraban el dirigente del PRI, Alejandro Moreno; Jorge Romero, presidente
del PAN; la panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados; el ex
candidato presidencial y actual coordinador de los senadores de Acción Nacional, Ricardo
Anaya; la senadora ex morenista y ahora blanquiazul Lilly Téllez, así como la ex lideresa
nacional del PRD y ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Rosario Robles, y hasta
Sergio Meyer, diputado que recién renunció a Morena.
Tras señalar que la inversión llega cuando hay confianza en las instituciones, estado de
derecho, reglas claras y consistentes, Rubin indicó que México puede ser el principal
destino de inversión del mundo en esta década, y que América del Norte puede ser la región
más competitiva, innovadora y próspera.
No obstante, comentó que “ninguna estrategia de prosperidad estará completa si no
enfrentamos juntos el principal desafío que limita nuestra potencialidad común: el crimen
organizado”.
Si bien señaló que no es un problema exclusivo de México, el dirigente de la AMSOC
indicó que “necesitamos un nuevo nivel de cooperación para enfrentar juntos a quienes
amenacen la seguridad y prosperidad de todos.
“Queremos poner sobre la mesa una propuesta. Así como el tratado de libre comercio
transforma la manera en que nuestras economías colaboran, hoy solicitamos un nuevo nivel
de cooperación para enfrentar juntos a todo aquel que amenaza nuestra seguridad y nuestra
prosperidad. Necesitamos un TLCC, Tratado de Lucha Contra el Crimen.”
Apuntó que no se busca señalar culpables, sino construir soluciones, “porque el crimen
organizado destruye vidas en ambos lados de la frontera, porque el lavado de dinero afecta
a nuestras economías y porque ningún país puede resolver solo el problema que es por
naturaleza trasnacional. La cooperación no debilita la soberanía, la fortalece”, concluyó
Rubin.
Según la crónica periodística del reportero de La Jornada, a la cena anual organizada con
motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, también acudieron
Silvio González, ministro consejero para diplomacia pública de la embajada de Estados
Unidos, en representación de Johnson, y José Medina Mora, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial.
Y EL PAN DENUNCIA A AMLO ANTE
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Anoche, en su edición digital, el diario Reforma publicó que el Partido Acción Nacional
presentó ante la Corte Penal Internacional una denuncia en contra del ex Presidente
Andrés Manuel López Obrador por su presunta responsabilidad en la comisión de
crímenes de lesa humanidad derivados de pactos político-criminales.
La denuncia cita que los posibles delitos de lesa humanidad se reflejan en los más de 200
mil homicidios que han ocurrido en el País, las más de 150 mil desapariciones, el
reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento de comunidades enteras y la
existencia de amplias regiones del País bajo control de cárteles del narcotráfico.
El PAN sostiene que la realidad que hoy vive México en materia de seguridad no es
producto de la casualidad o de desarrollos delictivos aislados, sino de la deliberada,
calculada y sistematizada colaboración permisiva del Estado mexicano que permitió e
incluso provocó el establecimiento e hiper empoderamiento del crimen organizado en el
País, a partir de un pacto político con ellos, el que participaron Gobiernos locales, pero
sobre todo el federal.
De acuerdo con el PAN, entre 2018 y 2024 se implementó una política deliberada de
cesión de soberanía frente al crimen organizado, con casos emblemáticos en Sinaloa,
Tamaulipas y Michoacán, entre otros.
El narcopacto conocido como “abrazos, no balazos”, afirmó, permitió a los grupos
criminales expandir su poder territorial, económico y político, mientras el Estado
renunciaba a ejercer plenamente su autoridad.
Acusó también, que no sólo se toleró el avance del crimen organizado, sino que se
sustituyera al Estado en amplias zonas del País.
Al mismo tiempo, agregó, han surgido señalamientos e investigaciones sobre presuntos
vínculos entre actores de Morena y organizaciones criminales en estados como Sinaloa,
Sonora y Tamaulipas.
El PAN recordó casos como los del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha
Moya, y los Mandatarios Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de
Tamaulipas, los cuales han profundizado la preocupación sobre la penetración del crimen
organizado en el poder político.
Acción Nacional informó que decidió acudir a la Corte Penal Internacional ante la poca
capacidad de instituciones nacionales para garantizar investigaciones independientes y
adelantó que seguirá realizando las denuncias necesarias, ya que las víctimas merecen
verdad, justicia y rendición de cuentas.
“Acudimos a la Corte Penal Internacional, ante instituciones nacionales cada vez menos
capaces de garantizar investigaciones independientes. Acción Nacional seguirá
denunciando todo lo que tenga qué denunciar”, advirtió.
