Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Han intentado de todo, hay que reconocerlo, pero las fuerzas policiales del estado
han sido incapaces de abatir la violencia criminal en Poza Rica y sus alrededores.
*** La mañana de este jueves fue asesinado el periodista Luis Ángel López
Valdez, del diario Vanguardia de Veracruz, en la avenida 20 de Noviembre, a la
altura de la calle 18 de la colonia Cazones. *** Vecinos de esa zona dijeron haber
escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego, por lo que acudieron
elementos de la policía, quienes encontraron a López Valdez, reportero de nota
roja, ya sin signos vitales. Lo que se sabe es que varios hombres lo interceptaron
y dispararon en su contra. *** López Valdez, quien era subdelegado del grupo de
auxilio “Cruz Ámbar”, había recibido amenazas y contaba con medidas de
protección otorgadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los
Periodistas (CEAPP). Trabajaba también como taxista y había concluido sus
estudios de Ingeniería en Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Poza Rica. ***
En enero del presente año, también en Poza Rica, Carlos Castro, director del
portal digital Código Norte, fue asesinado, justo en la misma avenida y colonia. ***
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la muerte de López Valdez e
informó que inició una carpeta de investigación. *** Horas más tarde, la Comisión
Estatal para la Atención y Protección para los Periodistas (CEAPP) emitió un
comunicado en el que “exigió” justicia por el crimen de Luis Ángen López Váldez.
El organismo del gobierno estatal pidió a las autoridades que se investiguen estos
hechos de violencia “con perspectiva de libertad de expresión”. *** El secretario de
Gobierno, Ricardo Ahued, fue cuestionado sobre el homicidio del reportero y
respondió que se deben investigar todas las líneas posibles para dar con el
paradero de los responsables: “Tenemos que encontrar los responsables de este
acontecimiento, las causas. Hay carpetas de investigación. En su momento se
tendrán que dar por la Fiscalía los resultados de esto”. *** La gobernadora Rocío
Nahle no emitió ni un solo comentario sobre este caso. Se entiende, pues estaba
concentrada en “la fiesta del Mundial”.
Es la primera ocasión en la que es mencionada la actual gobernadora de
Veracruz, Rocío Nahle, como parte de una investigación del gobierno de Estados
Unidos.
El medio de comunicación “Código Magenta” dio a conocer que “autoridades
financieras” ordenaron a filiales mexicanas de bancos de capital extranjero
“investigar las cuentas personales y del entorno familiar de siete gobernadores
mexicanos”.
Según este medio, la directriz del gobierno de Estados Unidos “podría derivar en
el congelamiento de cuentas de los mandatarios estatales de Campeche (Layda
Sansores), Durango (Esteban Villegas), Morelos (Margarita González), Veracruz
(Rocío Nahle), Coahuila (Manolo Jiménez), Oaxaca (Salomón Jara) y Ciudad de
México (Clara Brugada)”.
Estas medidas serían similares a las que ya aplicaron con los gobernadores de
Sinaloa (Rubén Rocha Moya) y Tamaulipas (Américo Villarreal).
Código Magenta hace notar que el antecedente más significativo a la orden que
ahora se emite a las filiales mexicanas de bancos con capital extranjero fue la
orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del
Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés) en contra de CIBanco, Intercam y Vector
Casa de Bolsa.
En aquella ocasión la autoridad estadounidense identificó a esas instituciones
financieras mexicanas como “fuentes de preocupación principal en materia de
lavado de dinero” en virtud de la Ley de Sanciones Contra el Fentanilo.
El artículo advierte que no está claro si la orden que coloca bajo escrutinio a siete
gobernadores mexicanos está relacionada con alguna causa de Gran Jurado o
con alguna medida administrativa del Departamento del Tesoro.
Aunque no da muchos detalles sobre el origen de esta instrucción, el artículo se
refiere a la situación de tres gobernadoras de Morena y las circunstancias que
viven actualmente:
“Por otro lado, Veracruz, con Rocío Nahle; Campeche, con Layda Sansores, y
Ciudad de México, con Clara Brugada, significan tres gobernadoras que fueron
parte toral del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, pero que han
tenido diferencias relevantes con la presidenta Claudia Sheinbaum”.
Aunque nunca se ha mencionado una eventual vinculación de Rocío Nahle con
organizaciones dedicadas al narcotráfico, lo cierto es que su papel como
secretaria de Energía pudiera relacionarla con el fraude fiscal más grande en la
historia del país: la importación ilegal de gasolina que, como arrojó la investigación
del actual gobierno, tuvo su auge durante la administración de López Obrador.
El artículo no se puede encuadrar en le teoría recurrente del actual gobierno (de
que se trata de un ataque mediático contra la “cuarta transformación”) pues
incluye al actual gobernador de Coahuila, el priista Manolo Jiménez, que acaba de
propinarle a Morena el peor descalabro electoral desde que asumió el poder.
Frente a este inesperado escenario, bien valdría la pena revisar las puntuales
acusaciones que ha hecho el empresario veracruzano Arturo Castagné Couturier.
Quizá ahí encontremos algunas pistas sobre esta nueva investigación.
Epílogo.
El subsecretario de Gobierno, José Manuel Pozos Castro, faltó a su palabra. Se
había comprometido con los trabajadores de la SIOP y con el Sindicato de
Empleados del Poder Ejecutivo (SEPEV) a que se reunirían el miércoles 10 de
junio para fijar la fecha de cumplimiento de los laudos ganados por los
trabajadores, pero se pasó la fecha y el encuentro no se realizó. *** Luego se
quejan de que quienes se manifiestan no quieren dialogar con esa área del
gobierno. Es natural, pues ya nadie confía en ellos. *** No cabe duda que este
gobierno estatal tiene “formas extrañas” de procesar su información. Esta semana
se dio a conocer que la gobernadora había designado a Giovanny Auli como
“nuevo subsecretario de Desarrollo Rural y Operaciones Sectoriales”. Sin
embargo, ninguna nota sobre ese nombramiento hace referencia a su antecesor
(que desde el inicio del actual gobierno fungía como “encargado de despacho”), el
maestro Raúl Gámez González. *** A pesar de la “asesoría” de José Luis Peña, el
sector agropecuario sigue siendo de las áreas menos productivas de la actual
administración. El titular de la Sedarpa, Rodrigo Calderón Salas, parece operar
como figura decorativa, pues no tiene el menor control de los funcionarios a su
cargo. *** La prueba más evidente está en el ámbito ganadero. El Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ubica a
Veracruz como el tercer estado con más casos de gusano barrenador en el país,
202, sólo debajo de Puebla (246 casos) y Oaxaca (245). *** Los estados del norte
del país se quejan de que en Veracruz no han funcionado los filtros que anunció el
gobierno federal y la corrupción de servidores públicos ha propiciado que jaulas
repletas de ganado bovino lleguen a la frontera norte sin una sola revisión. *** Y,
claro, lo más sencillo es acusar a los inspectores, en especial a aquellos que no
han querido sumarse a la red de corrupción que se creó con este tema.
filivargas@gmail.com
